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El Alto Comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados confirmó este lunes ante el Consejo de Seguridad que en estos momentos hay 520.000 refugiados provenientes de Ucrania en naciones vecinas a ese país.

Durante una sesión del órgano de seguridad a solicitud de Francia, Filippo Grandi indicó que esa cifra está creciendo exponencialmente con el transcurso de las horas desde el pasado jueves cuando se inició la acción militar rusa en Ucrania.

“Llevo casi 40 años trabajando en crisis de refugiados y pocas veces he visto un éxodo de personas tan increíblemente rápido. El mayor seguramente dentro de Europa desde las guerras de los Balcanes”.

Grandi cifró en más de 280.000 el número de personas que han huido a Polonia, 94.000 a Hungría, casi 40.000 actualmente en Moldavia, 34.000 en Rumanía, 30.000 en Eslovaquia y decenas de miles en otros países europeos. Junto a ellos explicó que “un número considerable” se han ido a la Federación Rusa.

El máximo responsable de la Agencia elogió a los gobiernos de los países de acogida por permitir el acceso de los refugiados a su territorio, pero expresó su preocupación por la probable intensificación en el número de llegadas.

“Puede que sólo hayamos visto el principio”, sentenció e indicó que a menos que haya un cese inmediato del conflicto los ucranianos simplemente seguirán huyendo.

“Actualmente estamos planificando. Repito planificando hasta cuatro millones de refugiados en los próximos días y semanas. Un aumento tan rápido supondría una enorme carga para los Estados receptores y, sin duda, pondría a prueba los sistemas de acogida y los recursos correspondientes, al igual que todos los países que acogen a refugiados en el mundo. No se les puede dejar solos para que asuman esta responsabilidad”, destacó.

Por su parte, el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU destacó que es necesario avanzar rápidamente en dos frentes para llevar la ayuda necesaria: la seguridad de que los trabajadores humanitarios y sus desplazamientos serán protegidos por las partes en conflicto incluso en los días más complicados y, en segundo lugar, muchos más recursos.

En este apartado, destacó que el Secretario General lanzará mañana un llamamiento urgente de tres meses para la situación en el interior del país y un plan de respuesta regional para la situación en el exterior bajo la dirección de Filippo Grandi y su oficina.

Rusia niega la muerte de civiles y Ucrania lo afirma

A continuación, Rusia reiteró su postura de que no tiene la intención de ocupar Ucrania o dañar a la población local.

“Durante los cinco días de la operación no ha habido ni un solo documento de destrucción selectiva ni pruebas de la muerte de civiles causada por los militares rusos”, indicó el embajador Vasily Nebenzya.

El representante permanente de Ucrania destacó que la actual crisis no es solo de seguridad, sino que también es humanitaria y acusó a Rusia de atacar hospitales y ambulancias.

“Esta no es la acción de un Estado con una preocupación de seguridad legítima. Es la acción de un Estado decidido a matar civiles. No hay debate. Son crímenes de guerra.

La ONU informa de 94 muertos

Previamente a la celebración del Consejo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó que se han produciso al menos 376 bajas civiles, entre ellas las de 94 muertos.

En su último informe sobre la situación en Ucrania y tras cuatro días de enfrentamientos, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios destacó que continúan aumentando el número de víctimas civiles y los daños a las infraestructuras esenciales.

Entre las adversidades a las que se ven sometidas los civiles en Ucrania, la Oficina indicó que durante la noche del 26 de febrero las autoridades municipales alertaron sobre un ataque inminente que obligó a los habitantes de Kiev, la capital del país, a refugiarse rápidamente.

Durante las últimas 24 horas se observaron hostilidades en las localidades de Chernihiv (norte), Kharkiv (noreste), Kherson (sur), Mariupol (sureste), Melitopol (sur), Mykolaiv (sur), Sumy (norte) y Zaporizhzhia (sureste), entre otras zonas del norte, del este y del sur del país.

El sábado cayeron misiles sobre Kharkiv, donde viven 1,4 millones de personas, y se recibieron informes de que las fuerzas rusas patrullan las calles. Las zonas residenciales de la ciudad también fueron atacadas, con al menos una mujer muerta y decenas de personas evacuadas de un edificio residencial de varias plantas. En la ciudad nororiental de Okhtyrka, un intenso bombardeo habría causado la muerte de al menos seis civiles, entre ellos una niña de siete años.

En cuanto a las infraestructuras, un supuesto ataque con misiles alcanzó un depósito de petróleo al sur de la capital, en Vasylkiv, incendiando las instalaciones provocando el temor por los efectos de los humos tóxicos en las comunidades cercanas. En Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, un gasoducto fue atacado.

Comienza la falta de alimentos

Las hostilidades en curso siguen interrumpiendo las cadenas de suministro locales y el acceso a los alimentos y otros artículos básicos.

Antes de la incursión rusa del 23 de febrero, la escalada de tensiones en la provincia de Donetsk ya había dañado carreteras y puentes que, posteriormente, limitaron el acceso a los mercados de alimentos en el lado controlado por el Gobierno de la “línea de contacto”, una franja de tierra que separa a las personas afectadas por el conflicto que residen tanto en las zonas controladas por el Gobierno y como en las no controladas por la Administración del este de Ucrania.

Se calcula que unas 400.000 personas ya sufrían inseguridad alimentaria grave y moderada en el este de Ucrania antes del ataque. Se prevé que la inseguridad alimentaria aumente considerablemente, ya que cada vez hay más personas desplazadas, donde el acceso a los alimentos, y posiblemente incluso el suministro, seguirá siendo un reto.

Las consecuencias del ataque serán de largo alcance

Un grupo* de expertos** de la ONU en derechos humanos pidieron hoy a la Federación Rusa que finalice inmediatamente su agresión contra Ucrania y que suspenda su ataque militar “innecesario y no provocado”.

Los especialistas manifestaron estar “indignados y angustiados” por lo que calificaron como una “agresión de la Federación Rusa a la soberanía e integridad territorial de Ucrania”.

“Las consecuencias de este ataque militar contra la protección y la promoción de los derechos humanos en Ucrania serán profundas y duraderas y causarán un inmenso sufrimiento y daños irreparables por las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, el desplazamiento forzado de civiles y la destrucción del medio ambiente. Las consecuencias perdurarán durante generaciones”, alertaron.

Además, expresaron su preocupación por la seguridad y protección de todas las personas que se encuentran en estos momentos en Ucrania y recordaron la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas en la resolución de conflictos.

“Se creó expresamente para resolver las diferencias entre los Estados de forma pacífica y para prevenir los conflictos armados y proteger el derecho a la autodeterminación”. Al hacerlo, establece la base para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas”, destacaron.

Del mismo modo, expresaron su “profunda consternación” por las violaciones del derecho a la vida, la libertad y la seguridad que ya se han producido.

“El derecho a la vida es el derecho fundamental de nuestro ordenamiento jurídico internacional y el derecho humano básico que permite el ejercicio de todos los demás derechos”.

Igualmente, señalaron su inquietud por el impacto del conflicto en otras libertades como la de reunión, la de asociación y la de expresión, como las restricciones sufridas en la Federación Rusa, y pidieron la puesta en libertad inmediata de todas las personas detenidas y encarceladas.

“Instamos firmemente a la Federación Rusa a que escuche la voz colectiva de la comunidad internacional, que ha condenado inequívocamente sus acciones militares por considerarlas inaceptables para todos”.

Por último, exhortaron a Rusia a observar y respetar los principios del derecho internacional, incluidas las leyes y costumbres de la guerra relacionadas con la protección de la población civil”, a detener las hostilidades “de forma inmediata e incondicional”, y a restablecer “la capacidad del pueblo ucraniano de ejercer todos sus derechos fundamentales sin injerencias militares o externas”.

*Los expertos son: Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Irene Khan, relatora especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Olivier De Schutter, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Sorcha MacLeod (presidenta-relatora), Jelena Aparac, Ravindran Daniel, Chris Kwaja, grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios; Melissa Upreti (presidenta), Dorothy Estrada Tanck (vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane, grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Tomoya Obokata, relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Elina Steinerte (presidenta-relatora), Leigh Toomey, Mumba Malila, Priya Gopalan, grupo de trabajo sobre la detención arbitraria; Vitit Muntarbhorn, relator especial sobre Camboya; Obiora Okafor, experto independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional; Fernand de Varennes, relator especial sobre cuestiones de las minorías; Victor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género; Saad Alfarargi, relator especial sobre el derecho al desarrollo; Alexandra Xanthaki, relatora especial en el ámbito de los derechos culturales; Claudia Mahler, experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas mayores; Gerard Quinn, relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Felipe González Morales, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; Ahmed Shaheed, relator especial sobre la libertad de religión o de creencias; Javaid Rehman, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán; Michael Lynk, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; Yao Agbetse, experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana; Luciano Hazan (presidente-relator), Aua Baldé (vicepresidenta), Gabriella Citroni, Henrikas Mickevičius y Tae-Ung Baik, grupo de trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; José Francisco Calí Tzay, relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Livingstone Sewanyana, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; David R. Boyd, relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Marcos A. Orellana, relator especial sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos; Balakrishnan Rajagopal, relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Mama Fatima Singhateh, relatora especial sobre la venta y explotación sexual de los niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y otros materiales de abuso sexual de niños; Attiya Waris, experta independiente sobre la deuda externa, otras obligaciones financieras internacionales y los derechos humanos; Tendayi Achiume, relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Alice Cruz, relatora especial sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares; Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Elżbieta Karska (presidenta), Fernanda Hopenhaym (vicepresidenta), Surya Deva, Anita Ramasastry grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales; Koumba Boly Barry, relator especial sobre el derecho a la educación; Muluka Anne Miti-Drummond, experta independiente sobre el disfrute de los derechos humanos por las personas con albinismo; Dominique Day (presidenta), Catherine S. Namakula (vicepresidenta), Miriam Ekiudoko, Sushil Raj, Barbara G. Reynolds grupo de trabajo de Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana; Mohamed Abdelsalam Babiker, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea.

Gladys Acosta Vargas, presidenta, en nombre del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta, en nombre del Comité contra las Desapariciones Forzadas; Mikiko Otani, presidenta, en nombre del Comité de los Derechos del Niño; Rosemary Kayess, presidenta, en nombre del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Suzanne Jabbour, presidenta, y la junta, en nombre del Subcomité para la Prevención de la Tortura; Can Osman Unver, presidente, y la junta, en nombre del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.