Ricardo Homs

Mientras el mundo se mueve hacia la libertad de expresión total, -como parte de un modelo democrático maduro-, en México parece haber una tendencia en sentido contrario: coartarla.

Seguramente el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Luís González Alcántara, con buena intención y pretendiendo proteger a “las audiencias”, plantea la exigencia de reglamentar la actividad de los medios de comunicación masiva.

La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, CIRT, se ha manifestado al respecto centrando en cuatro ámbitos el planteamiento del ministro:

Primeramente, la exigencia de que los noticieros de radio y TV separen e identifiquen a la información respecto de las opiniones, es una medida anti funcional, pues significaría restringir la fluidez de la conversación en un noticiero, para hacer precisiones de hasta dónde llega la difusión de un suceso y donde empieza la interpretación del reportero o del conductor del noticiero, lo cual redundará en formatos noticiosos acartonados y aburridos para el público.

El segundo planteamiento refiere la obligación de que los “códigos de ética”, -propios de cada una de las radiodifusoras o cadenas, así como de las televisoras-, sean certificados por el IFT, una institución gubernamental, lo cual impactará la visión editorial de cada uno de los medios de comunicación.

La interpretación de los valores implícitos en el código de ética es lo que permite la pluralidad que hoy exige la audiencia. Homogeneizar algo tan subjetivo en su interpretación como lo es un código de ética termina siendo incluso peligroso, porque significa censurar la línea editorial para que se alinee con la visión personal de quien tome las decisiones desde una oficina gubernamental.

Los códigos de ética siempre parten de valores morales universales, -que son inamovibles y respetados-, pero en la particularización funcional, -necesaria para guiar la conducta institucional de los medios de comunicación-, las interpretaciones son las que dan identidad a la línea editorial.

Es evidente que radioescuchas y televidentes seleccionan los noticieros de su preferencia y a los periodistas a los que reconocen liderazgo de opinión. Esto se deriva de un fenómeno de empatía con su línea editorial, así como porque comparte sus ideas, preocupaciones, e incluso valores sociales e ideología. Por tanto, la pluralidad implícita en las interpretaciones del código de ética representa un factor de diferenciación fundamental, que se refleja en la línea editorial, lo cual estimula la competitividad.

El tercer aspecto importante de este planteamiento es la exigencia de que los denominados “defensores de las audiencias”, -de cada cadena de radio o televisión-, sean nombrados por una institución gubernamental. Esto significa de modo evidente una injerencia directa en los contenidos, lo cual representa llanamente regresar a los tiempos en que se practicaba la censura por parte del Estado Mexicano, o sea, un retroceso social.

Es evidente que la forma de sancionar las supuestas transgresiones a las normas serán multas económicas.

No debemos olvidar que la sobrerregulación vinculada con sanciones y multas es una oportunidad para que surja la corrupción, -manifestada en la forma de extorsión-, cuyo combate es precisamente la oferta política del actual gobierno.

Podríamos concluir que la autorregulación es la práctica más eficiente, pues estimula las conductas éticas a través del convencimiento y no de la imposición.

A la fecha, -en este contexto dominado por las fake news-, los rumores y otras prácticas comunicacionales que evidencian el manejo noticioso carente de ética, no se ha reconocido el valor que aportan a la sociedad los medios de comunicación tradicionales.

Es bien sabido que a partir de la protección que genera el anonimato del emisor en las redes sociales, es donde surge la oportunidad que permite la manipulación de contenidos para fines oscuros y no éticos.

En contraste, los medios de comunicación masiva de tipo tradicional aportan certeza y veracidad a los contenidos, pues el emisor firma con su nombre real, avalando y responsabilizándose por el contenido que genera.

Esta aportación que genera certidumbre y confianza en el origen de la información debe ser reconocida y valorada por la sociedad y por las autoridades. Por tanto, se hace innecesaria la intervención gubernamental para vigilar la ética en los contenidos, pues es la misma sociedad quien se convierte, -con toda la autoridad moral que le da ser beneficiaria de la actividad noticiosa-, en el ente vigilante de la calidad de la información y garante de la conducta ética de los medios de comunicación.

SORRY Mr. BLINKEN

El duro reclamo del presidente López Obrador al secretario de estado del gobierno norteamericano Anthony Blinken por manifestar la preocupación de su país por el asesinato de periodistas y el acoso de comunicadores en México, abre un nuevo flanco de vulnerabilidad en la relación bilateral de nuestro país con su más importante vecino.

En un entorno globalizado, -como lo es el actual-, las opiniones de un gobierno sobre lo que sucede en otro será cada vez más usual sin que esto represente intervencionismo. El comentario durante la mañanera respecto a la actuación de anteriores embajadores de Estados Unidos en acontecimientos históricos de México, fue desagradable e innecesario.

La obsesión por el pasado puede llegar a tener complicaciones diplomáticas en el contexto de hoy. Fuera de lugar la referencia que hizo Juan Ramón de la Fuente, -representante de México ante la ONU-, respecto a las cuatro invasiones extranjeras que ha sufrido México como nación independiente, mención innecesaria durante su intervención en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la crisis militar entre Rusia y Ucrania.

En contraste, sí podemos considerar un acto de intervencionismo el envío de un equipo de funcionarios mexicanos a Perú en diciembre pasado para ofrecer apoyo político al presidente Pedro Castillo frente a acciones jurídicas que pretendía desarrollar en su contra la oposición de ese país, que podrían concluir en su destitución.

La comisión de relaciones exteriores del Congreso de Perú calificó de intromisión en los asuntos internos de esa nación el envío de asesores por parte del gobierno de México.

Es necesario que nuestra política exterior sea congruente, se rija con mesura y de acuerdo con los protocolos que hoy rigen las relaciones diplomáticas, pues las opiniones personales del presidente respecto a otros países están generando diferendos que afectan la imagen de México en el exterior.

¿A usted que le parece?

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