PRNewswire

Honduras ha experimentado una ola de violencia política que ha costado unas 29 vidas, además de haber sufrido dos huracanes que devastaron casi la mitad del país el año pasado, provocando que decenas de miles de personas migrarán hacia el norte y empujando a miles más a una situación de pobreza.

En ese tenso y polarizado contexto, Honduras celebrará el domingo 28 de noviembre elecciones locales, generales y presidenciales en las que están convocados a votar 5,1 millones ciudadanos.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó este martes gran preocupación por la violencia y llamó a las autoridades hondureñas a garantizar un entorno propicio para que los comicios sean pacíficos, transparentes y genuinos.

“La violencia no es la respuesta”

“Las elecciones todavía no se han celebrado, pero la violencia política ya ha alcanzado niveles inquietantes. Condeno todos los actos de violencia y llamo a los actores involucrados a compartir sus opiniones y preocupaciones de manera pacífica. La violencia no es, y nunca debería ser, la respuesta”, recalcó Michelle Bachelet.

En un comunicado, Bachelet dio cuenta de ataques graves y otras formas de violencia documentadas ante su Oficina a partir de la convocatoria a las elecciones primarias en septiembre de 2020, detallando que ha recibido denuncias de 63 casos de violencia política -que incluyen 29 asesinatos-, 14 ataques, doce agresiones y siete casos de amenazas y secuestros.

Investigación y rendición de cuentas

Todas estas denuncias, al igual que todos los casos de violencia política -urgió-, deben investigarse con celeridad, de forma exhaustiva, imparcial y efectiva para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Bachelet subrayó que los ciudadanos hondureños deben sentirse seguros al acudir a las urnas y ejercer su derecho a la participación política sin temores, discriminación ni coacción.

“Cuento con que todos los actores involucrados se comprometan con ello,” dijo.

La Alta Comisionada lamentó que algunos actores políticos se hayan valido del discurso de odio como herramienta política, agrediendo, entre otras personas. a los defensores de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Al respecto, recordó que el discurso de odio “no tiene lugar en una democracia”.

Sin garantías constitucionales

Por otra parte, expresó alarma por la restricción de los espacios cívicos y refirió que integrantes de la sociedad civil y defensores de derechos humanos son acosados, perseguidos y atacados sistemáticamente.

Precisó que del inicio del año a la fecha, su Oficina en Honduras ha registrado 240 ataques en contra de activistas de derechos humanos y periodistas, a quienes refrendó el apoyo de su dependencia.

Los defensores de los derechos humanos tienen un papel crucial en las democracias, puntualizó la Alta Comisionada, enfatizando su inquietud por las recientes reformas legales que aumentan el riesgo de que se restrinja el derecho de protesta pacífica. Esto empeoraría la situación, advirtió.

Las reformas al Código Penal hondureño aludidas por la titular de derechos humanos criminalizan la toma de carreteras o espacios públicos hasta con seis años de prisión. Además, en marzo de 2020 se suspendieron las garantías constitucionales con el argumento del combate a la pandemia y no se han restituido.

Para concluir, Bachelet reiteró la importancia de que todas las partes implicadas en el proceso electoral tomen medidas para evitar la repetición de los acontecimientos de 2017, cuando se registraron transgresiones graves de los derechos humanos durante las protestas que siguieron a los comicios con miles de manifestantes denunciando un fraude electoral.