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La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la Organización Internacional para las Migraciones en México lamentaron la muerte de un migrante por disparos de la Guardia Nacional, que también hirieron a otras personas, en la madrugada del 31 de octubre en el municipio de Pijijiapan, Chiapas.

Las agencias de la ONU consideran que es “esencial” que haya “una investigación pronta y efectiva” que “establezca la responsabilidad e impida la impunidad” por estas acciones “reñidas con la ley”.

Según informaciones de prensa, la Guardia Nacional informó este lunes de que agentes dispararon contra un vehículo en el que viajaban migrantes, lo que dejó varios heridos y un muerto. Organizaciones de la sociedad civil que acompañan a la caravana migrante que cruza estos días el país, compuesta por unas 5000 personas, aseguraron que el fallecido, un hombre cubano, formaba parte de ese grupo, aunque este punto no ha sido confirmado por las autoridades.

ONU Derechos Humanos y la Organización Internacional para las Migraciones recuerdan que la actuación de la policía debe estar siempre alineada con los “estándares internacionales de absoluta necesidad y precaución/prevención en el uso de la fuerza y armas de fuego”.

“La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración deberían implementar acciones inmediatas para prevenir este tipo de hechos, como transparentar los informes de uso de la fuerza y órdenes operativas a los elementos policiales”, dijeron en el comunicado. Este caso, añaden, “reafirma la importancia de garantizar que los derechos humanos se encuentren en el centro de toda gestión gubernamental de la migración” y piden que se garantice a las víctimas y sus familiares “sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Según informa la prensa local, la caravana migrante intenta cruzar México para llegar hasta la frontera norte con Estados Unidos.

Los migrantes que esperan en México

En otro comunicado, la Organización Internacional para las Migraciones considera que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de poner fin a los Protocolos de Protección de los Migrantes, que obligan a los solicitantes de asilo a permanecer en México, es “un paso en la dirección correcta”.

La política de los protocolos “pone en riesgo a las personas que se encuentran en la frontera y buscan ingresar a los Estados Unidos para solicitar asilo”, dijo Michele Klein Solomon, directora regional de la agencia de la ONU para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. “La OIM apoya el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de perseguir el cese definitivo de esa política”.

Los Protocolos de Protección al Migrante se iniciaron en enero de 2019 bajo la anterior administración estadounidense presidida por Donald Trump y obligaron a más de 70.000 solicitantes de asilo, la mayoría de ellos de origen centroamericano, a permanecer en México hasta que los tribunales de inmigración de Estados Unidos pudieran resolver sus casos.

Las personas sujetas a esos Protocolos, entre las que se encontraban muchos niños y adolescentes, esperaron durante meses en albergues y campamentos improvisados en México sin acceso a condiciones adecuadas de alojamiento, higiene y alimentación, ni a servicios apropiados de salud o educación. Algunos se enfrentaron a abusos, explotación e incluso secuestros.

“Esta situación no debe repetirse”, subrayó la directora regional.  Según la Organización, que ha proporcionado asistencia a los que esperaban en la frontera, esta política ha puesto en peligro a miles de personas.

A raíz de una orden ejecutiva del 2 de febrero de 2021 emitida por el presidente Biden, la OIM y otras agencias de las Naciones Unidas trabajaron con los gobiernos involucrados para facilitar el acceso a los Estados Unidos de las personas con casos abiertos ante los tribunales de ese país. Esta acción coordinada permitió a 13.256 personas entrar en Estados Unidos de forma segura para esperar la resolución de sus casos de asilo. Sin embargo, las impugnaciones legales a la orden ejecutiva detuvieron otras solicitudes de asilo pendientes.