• Ana Katiria Suárez, egresada de Derecho de la IBERO, habla del ‘Acceso a la justicia: desafíos y propuestas en México’

Staff/Rossi

Durante la pandemia de COVID-19 ha sido burdo, vago y deficiente el intento por acercarle la justicia, vía digital, a muchas mujeres pobres, niños y niñas, dijo la Lic. Ana Katiria Suárez Castro, abogada penalista egresada de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en el conversatorio Acceso a la justicia: desafíos y propuestas en México.

“Cuántas mujeres han gritado a los cuatro vientos que en esta etapa de hacinamiento y COVID han sido víctimas diez veces más que en un momento donde sus victimarios estaban en la calle, y no operan los portales de internet” (de las diversas fiscalías de justica), señaló en esta charla que formó parte de las mesas de diálogo Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia, organizadas por el Departamento de Derecho y el Programa de Seguridad Ciudadana, de la IBERO.

Abundó que hay señales de internet deficientes y las fiscalías no dan seguimiento ordenado a la recabación de información, por lo que “acceder a la justicia es un ejercicio de mendigación, de arrastrarnos sin dignidad por suplicar que se escuche a una víctima con respeto, con calidez y calidad”.

A decir de Suárez, autora del libro En legítima defensa, el acceso a la justicia implica una lucha constante que parece interminable, porque no hay un solo día en que no se deba hacer un esfuerzo contracorriente, un esfuerzo cuesta arriba, “a veces luchando contra paredes de hierro, por derechos tan humanos, tan básicos, tan fundamentales, como es el acceso a la justicia”.

Acceso a la justicia que no es una prerrogativa de la que puedan disponer el Estado, las autoridades o instituciones mexicanas, sino que se gesta a partir de un derecho humano, al de vivir una vida libre de violencia, de exigir equidad, de exigir la reparación del daño de quienes han optado por cometer conductas lascivas contra terceros o que dañen bienes jurídicos tutelados, y de la intervención de las autoridades para mediar entre estas conductas.

Los primeros respondientes

Pero para la abogada resulta triste ver que en este 2021 en México, “más allá de hacer esfuerzos en progresiones legislativas para poder tener leyes más claras, más justas, o a veces sanciones más fuertes o más impositivas, nos hemos olvidado del día a día”; del contacto con los primeros respondientes, es decir, las y los policías de seguridad ciudadana, preventivos y de investigación cuya función dentro de la sociedad es tan fundamental que sin ella no se puede tener acceso a la justicia.

El Estado, señaló, tiene la obligación de brindarle a estos primeros respondientes la capacitación que les permita contar con las habilidades y sensibilidad para poder tratar situaciones que salen de un contexto de paz, o sea, la alteración del orden público y la violación a bienes tutelados por el derecho –la integridad física, los bienes materiales, la dignidad, la libertad de las personas, la libertad psicosexual, etcétera-.

Todas esas conductas que definen los límites de comportamiento están guiadas, en primera instancia, por la intervención de la policía; pero es aquí “donde he observado, todos los días de los 20 años de mi carrera profesional, la mayor cantidad de errores, que llegan incluso arrastrándose hasta sentencias que tienen que ser revertidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Explicó a este respecto, que el Estado no transmite a las y los policías la relevancia de su actuación como servidores públicos y además les coloca en situaciones de indignidad total en el ejercicio de sus funciones, al no tener salarios ni seguros de vida o educativos que les permitan arriesgar sus vidas por contener la violencia social que se está viviendo.

Estos servidores públicos tampoco pueden jactarse de ser conocedores y practicantes de los protocolos establecidos en la Ley para las actuaciones fundamentales de los primeros respondientes, pues la mayoría de los informes policiacos están viciados de errores, “errores misóginos, errores prejuiciosos”.

Por el contrario, la operación correcta de un primer respondiente implica ir al lugar de los hechos (delictivos), resguardar indicios, solicitar cadenas de custodia para las pruebas, contener a las víctimas, resguardar a los victimarios, observar el riesgo de la propia sociedad civil que se encuentra alrededor de estos sucesos.

Sin embargo, la sociedad tiene miedo a denunciar un delito porque hay una carente profesionalización y sensibilización de los servidores públicos para obtener declaraciones, testimoniales, medios de prueba y periciales.

Y, por ejemplo, en el caso de atención a víctimas de violencia sexual, las agencias del ministerio público no pueden ejecutar los protocolos de actuación inmediata a los que les obliga la NOM-046, al carecer de pastillas del día siguiente, retrovirales, antibióticos y contención psicoemocional.

Más lo que no está haciendo el Estado, “como sociedad civil sí lo podemos revertir”, conociendo los procesos penales para exigirle a las autoridades. Sin embargo, todas y todos tienen derecho a acceder a la justicia, no solamente quienes tengan dinero o quienes conozcan la Ley.

Finalmente, la licenciada Ana Katiria Suárez consideró que se debe exigir a las y los abogadas litigantes procurar la justicia y hacer valer la mejor postura de la Ley, debido a que hoy en día un alto porcentaje de corrupción en las instituciones públicas de acceso a la justicia se da a través de los y las litigantes, por “darle la razón a quien le paga” y porque las autoridades son capaces de romper su promesa de servicio público porque no son tratadas con dignidad.

“Volteemos a ver nuestra responsabilidad como abogadas y abogados y cumplamos con un deber de sacar adelante esta nación, accediendo y generando espacios de justicia para todos, sin ser nosotros los responsables como autoridades, pero sí como humanos, porque el dolor de el de al lado no es ajeno al mío. Y si yo tengo herramientas para salvar tu vida y tu libertad, no puedo ni debo quedarme callada por unos pesos, por comodidad o porque la corrupción me beneficie”.

La mesa de diálogo

La mesa de diálogo Acceso a la justicia: desafíos y propuestas en México fue moderada por el Dr. Mario Cruz Martínez, académico del Departamento de Derecho la IBERO, universidad jesuita de la Ciudad de México; y en ella también participaron la Mtra. Graciela Rodríguez Manzo, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; y el Lic. Netzaí Sandoval Ballesteros, director del Instituto Federal de Defensoría Pública.