Staff/Rossi

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en el contexto del clima de impunidad e indiferencia que se vive en el país.

La última vez que lo vieron, iba bordo de una patrulla (https://bit.ly/2UOOz4D).

Esta es una escena real que se repite muchas veces; se pretende recordar, aunque cause dolor, para eliminarla de nuestro mapa cotidiano. Para eso, el lunes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en distintos países del mundo.

En México y en Jalisco existen muchas razones para la conmemoración. Hasta el 24 de agosto de 2021 el gobierno federal contaba en todo el país a 91 mil 30 personas desaparecidas, desde 1963 hasta ahora. En estos años, las autoridades federales registraron la desaparición de 13 mil176 personas en Jalisco. Las estadísticas del gobierno del estado dicen que existen 10 mil 576 desapariciones entre 1995 y el 30 de julio de 2021: mil 222 son de mujeres, 9 mil154 son de hombres y de 200 los servicios forenses desconocen el sexo.

Aunque la mayoría de estas víctimas no clasifican estrictamente en la desaparición forzada, en México las familias de las personas desaparecidas conmemoran este día. Es que no existe una clasificación especial de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para la situación extraordinaria en la que está el país, afirman Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ) del ITESO, y Alejandra Cartagena López, investigadora responsable del programa de Tortura Ejecuciones y Desapariciones del centro.

¿A qué llama la ONU desaparición forzada y por qué nos debe importar?

Lo primero: al arresto, privación de la libertad, detención y traslado de personas, contra su voluntad, que perpetran personas que trabajan para el gobierno, en cualquier sector o nivel —eso significa desde un recolector de basura hasta un presidente de la república.

En la Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1992, la ONU define que también sucede una desaparición forzada cuando los grupos organizados o personas comunes actúan en nombre del gobierno o tienen su apoyo directo o indirecto, su autorización o consentimiento (https://bit.ly/3zlElI6).

Debería importar porque este tipo de crímenes no sólo afectan a la familia más cercana de las víctimas, sino a toda su comunidad. En este caso, a Jalisco, a Guadalajara, a las personas que estudiamos o trabajamos en el ITESO. Las desapariciones generan una sensación de inseguridad y de desesperanza, añade la ONU.

Pero, sobre todo, las personas más cercanas no saben qué pasó con sus seres queridos y sus emociones van de la esperanza a la desesperación, a veces durante toda la vida.

Y están las víctimas. Cuando continúan vivas saben que sus familias las buscan y que son muy pocas las posibilidades de que alguien las ayude. Además, dice la ONU, la mayoría de las veces quién desaparece es el proveedor principal de la familia y son mujeres las que encabezan y continúan la búsqueda. En estas familias a menudo hay niños, niñas, adolescentes y otras personas que también requieren cuidados.

Así, aunque México no está en una dictadura sus desapariciones podrían clasificarse como forzadas, ante la impunidad que tienen este y otro delitos que se comenten todos los días en el país.

Un ejemplo cercano del tamaño de esta impunidad. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública de 2020 (https://bit.ly/3mPmExl), en Jalisco ni siquiera llega a una denuncia el 91 por ciento de los delitos que se perpetran. De casi nueve por ciento que sí se denuncia, en cuatro de cada cinco casos ni siquiera se abre una investigación. Es decir, quedan atrapados entre las carpetas de un cajón perdido de la policía investigadora. En el limbo. En el resto de los casos, que ya son muy pocos, casi una tercera parte de los o las denunciantes abandona, pues considera que pierde el tiempo. Así, de este nueve por ciento del cual sólo 20 por ciento se investiga, sólo termina en una sentencia penal el tres por ciento de las denuncias, relata Miguel Ángel Álvarez Rodríguez, responsable del programa de Seguridad Ciudadana y Justicia del CUDJ del ITESO.

Desde 1960 hasta ahora, los perfiles de la desaparición

En los años sesenta del siglo 20, el historiador, filósofo y sociólogo francés Michel Focault escribió que había nacido un nuevo objeto de poder y de conocimiento académico: “el desaparecido”. Esos años fueron una época convulsa en todo el mundo. En distintos países se libraban revoluciones, dictaduras, genocidios.

Aunque la ONU insiste en que la tragedia continúa en por lo menos 85 países del planeta, de entonces a este momento el perfil de las desapariciones es muy distinto en México, cuenta Cartagena.

Hace 60 años en América Latina y en el país se desaparecía sobre todo a opositores políticos, en el contexto de gobiernos muy autoritarios. Hoy, quienes perpetran las desapariciones aquí tienen distintos perfiles.

Uno de los principales son los grupos delincuentes, cuya presencia tiene un valor simbólico de un gran impacto, pues amenazan a la democracia, el estado de derecho y la gobernanza, y provocan indiferencia entre quienes no se sienten aludidos.

Cartagena añade que otro número de desapariciones importante es cometido por personas comunes que se sienten protegidas por la impunidad, que ha provocado que cualquiera pueda desaparecer porque le debe dinero a alguien, por violencia doméstica, en un asalto.

También sigue la desaparición desde de agentes del Estado, y este sigue sin asumir su responsabilidad en los hechos. En Jalisco, por ejemplo, existe un problema grave de desapariciones a manos de las policías, sobre todo en municipios fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Se considera que hay una desaparición forzada cuando el Estado no cumple con su obligación de buscar a quienes han desaparecido y sancionar a los responsables, sean quienes sean?

Sí, en opinión de algunas familias. No, desde la interpretación de los juristas.

Para Cartagena podría ser, si se analizan las obligaciones no cumplidas de los gobiernos y cómo éstas han provocado el aumento del fenómeno.

Pero, señala, los gobiernos no son los únicos que tienen problemas para reconocer que existe una situación generalizada en el país. En México muchas personas comunes tienen un motivo para justificar estos crímenes.

Así, en los años sesenta del siglo 20 los gobiernos afirmaban que el comunismo invadiría al país –un país muy católico—, y con este discurso lograba que la población alzara los hombros ante los encarcelamientos, torturas, desapariciones y asesinatos de muchos y muchas jóvenes.

Ahora, el discurso es que todas las víctimas andaban metidas en algo oscuro o ilegal. Que ellas y sus familias se merecen lo que les ocurre, lamenta Alejandra Cartagena.

—¿Cómo nos afecta que haya personas desaparecidas, incluso si pertenecen a grupos de la delincuencia?

—Porque existen las leyes que obligan a los gobiernos a investigar, detener y obtener información de los detenidos para poder comprender lo que ocurre y combatir el problema. Cuando no existen juicios penales justos, sucede que la desaparición nos puede pasar a todos mientras hacemos las actividades de nuestra vida cotidiana.

Porque la desaparición es, también, el mensaje horroroso que se queda en la comunidad, incluso en nuestra manera de hablar. Tanto, que ni siquiera las familias saben cómo nombrar a sus seres queridos. No saben si decir ‘le gustaba el deporte’ o ‘le gusta el deporte’.

Al preguntar a los especialistas si, en todo esto, hay alguna frase que defina a la esperanza, conceptos más, conceptos menos, responden que sí: la esperanza en México es el acceso real a la justicia. Y es la empatía con las víctimas y sus familias.

El CUDJ del ITESO, dos años de compromiso contra las desapariciones

Hace dos años, el 28 de agosto de 2019, Luis Arriaga Valenzuela, SJ, rector del ITESO, puso en marcha una nueva instancia de derechos humanos en la universidad –que se suma a otros centros y programas que ya trabajaban sobre este tema—, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ).

El CUDJ investiga, hace diagnóstico, acompaña y busca hacer litigio estratégico en cuatro programas de trabajo: Tortura, desapariciones y ejecuciones de personas; Violencias de género; Seguridad ciudadana y justicia, y Derechos al agua y territorio.

Todos estos programas, no sólo el primero, tienen relación con la desaparición de personas. En el país desaparecen mujeres por feminicidios, con fines de explotación sexual, a causa de la trata de personas, o porque están relacionadas con otras personas desaparecidas; desaparecen defensores del derecho a un medio ambiente saludable y al territorio, y esto nos coloca en un contexto de inseguridad, en el cual los sistemas de procuración de justicia están rebasados.

En estos temas el ITESO busca poner sus conocimientos y aprender sobre derechos humanos, “en un país que lo necesita a gritos”, dice Nuño. Recuerda que desde hace dos años, cuando nació el centro, Jalisco se mantiene como el primer estado en el registro de desaparición de personas y uno de los primeros en el hallazgo de cuerpos humanos en fosas clandestinas. También tiene cifras altas de violencia contra las mujeres y las infancias, y en temas ambientales y territoriales que continúan pendientes.

Desde el CUDJ, el ITESO participó hace unos meses con las familias de personas desaparecidas y organizaciones ciudadanas en la elaboración y aprobación de dos leyes fundamentales para Jalisco: la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas y la Ley de Personas Desaparecidas.

Este agosto de 2021 “nos afirmamos en el compromiso de seguir, desde la investigación y el acompañamiento, estas luchas tan importantes, tan urgentes y necesarias en nuestro país”, añade Nuño.

Algunos derechos que se violan cuando se perpetra una desaparición

• Al reconocimiento de la personalidad jurídica.
• A la libertad y seguridad.
• A no ser sometido/a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
• A la vida, cuando la persona desaparecida muere.
• A una identidad.
• A un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales.
• A recursos como la reparación del daño y la indemnización.
• A conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.
• A la protección y a la asistencia a la familia.
• A un nivel de vida adecuado.
• A la salud.
• A la educación.