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La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) está preocupada por la nueva práctica de Estados Unidos de expulsar por avión refugiados y migrantes a México bajo razones de salud pública.

“Las personas o familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica sin ninguna oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades, ha asegurado el representante de esta agencia de la ONU para Estados Unidos y el Caribe.

Matthew Reynolds señala que “estos vuelos de expulsión de no mexicanos al interior profundo de México constituyen una nueva y preocupante dimensión en la aplicación de la orden de salud pública relacionada con el COVID-19 conocida como Título 42”.

En virtud del Título 42, se niega a las personas y a las familias el acceso a las pruebas de protección y a los procedimientos de asilo de Estados Unidos.

Vulneración del derecho internacional

La expulsión de Estados Unidos al sur de México, al margen de cualquier acuerdo oficial de traslado con las debidas garantías legales, aumenta el riesgo de devolución en cadena, es decir la devolución por parte de sucesivos países de personas vulnerables en peligro, lo que contraviene el derecho internacional y los principios humanitarios de la Convención de Refugiados de 1951.

Todos los gobiernos tienen la obligación de defender estas leyes y principios en todo momento, recordó Reynolds.

ACNUR ha lanzado recientemente una advertencia global contra las iniciativas que trasladan las responsabilidades de asilo a otros países o que dan lugar a la denegación total del derecho a solicitar asilo.

En un momento en el que el movimiento de solicitantes de asilo y migrantes en la región ha aumentado de forma significativa, estas expulsiones pondrán a prueba la sobrecargada capacidad de respuesta humanitaria en el sur de México.

Además, aumentarán el riesgo de transmisión del COVID-19 a través de las fronteras nacionales y son contrarios a los pasos que se están dando para compartir la responsabilidad entre los países de la región a la hora de abordar las causas fundamentales del desplazamiento forzado y la migración.

Salud pública y garantía de asilo son compatibles

ACNUR ha mantenido desde el inicio de la pandemia de COVID-19 que la protección de la salud pública y la garantía del acceso al asilo son totalmente compatibles.

Incluso en los casos en los que la COVID-19 se ha disparado en algunos momentos, muchos países han puesto en marcha protocolos eficaces, como exámenes sanitarios sistemáticos, pruebas y medidas de cuarentena, que han protegido simultáneamente y con éxito tanto la salud pública como el derecho humano a solicitar asilo.

La agencia de la ONU reitera el llamamiento realizado en mayo de 2021 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, para que el Gobierno de los Estados Unidos levante rápidamente las restricciones de asilo relacionadas con la salud pública del Título 42 que siguen en vigor y restablezca el acceso al asilo para las personas cuyas vidas dependen de él.

El representante de ACNUR recordó también que la agencia está dispuesta a apoyar a Estados Unidos, a México y a todos los países en las acciones y enfoques que salvaguardan la salud pública de manera efectiva sin sacrificar el derecho básico de cualquier persona que huye de la guerra, la violencia o la persecución a acceder a un territorio seguro y a procedimientos de asilo humanos, con prontitud y sin obstrucción, incluyendo las medidas recientemente propuestas en el llamado Blueprint for a Fair, Orderly and Humane Immigration System del gobierno de Estados Unidos.

Las expulsiones fronterizas en virtud del T42 comenzaron en marzo de 2020 durante la administración del presidente Donald Trump.