Marvin Bautista

Tapachula Chis; OCT 24 (interMEDIOS).- Concesionarios de la zona alta de Tapachula denunciaron la intromisión de funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno de apoyar la liberación de la unidad pirata detenida hace unos días por la Delegación de Transporte, y por actuar en contubernio con la Organización campesina MUPI, para entorpecer la aplicación de la ley en la materia.

La Representante Legal del transporte Chicharras, Nayeli Figueroa Carrillo dio a conocer, que la unidad pirata fue remitida al Ministerio Público, sin embargo la organización MUPI pretende liberar mediante chantajes, al amenazar con realizar manifestaciones si no ceden a sus caprichos, por ello los concesionarios piden a la autoridad que se aplique la sanción correspondiente en la materia.

Dijo que se debe llamar a cuentas a los operadores políticos, Álvaro Aguilar y Luis Francisco Aguilar, quienes por favores personales pretenden provocar situaciones de enfrentamiento y perturbar la paz social, toda vez que las unidades piratas han sido los responsables de diversos accidentes en la zona alta, en donde han perdido la vida usuarios.

Señaló que los funcionarios de la subsecretaría impulsan a la organización para que se manifiesten y así pretender liberar unidades irregulares que circulan hacia el ejido Zaragoza, las cuales fueron aseguradas en operativos interinstitucionales al encontrarse con serias irregularidades.

La entrevistada detalló que si la autoridad cede a chantaje y libera las unidades piratas, se generaran más problemas en las comunidades, toda vez que los irregulares han tenido accidentes en los que no se hacen responsables de la atención de los usuarios, además de problemas entre conductores de las unidades piratas y concesionadas.

Puntualizó que en caso de que la autoridad no aplique la ley, radicalizarán su protesta, por lo que pidieron la destitución de los operadores políticos de la subsecretaría de gobierno, quienes son los que apadrinan y fomentan la corrupción en el transporte, ya que no permitirán que servidores públicos desde su escritorio tomen decisiones “equivocadas” que alteren la paz social.