Ricardo Homs

Que el 43 por ciento de la población total penitenciaria del país no haya recibido sentencia aún y la mayoría de estas personas estén acusadas de delitos del fuero común es una grave injusticia que representé un agravio a la pobreza.

Según dio a conocer La secretaría de gobernación Olga Sánchez Cordero en el país hay más de 220 mil personas privadas de la libertad y de ellas, más de 95 mil no tienen sentencia aún, de las cuales un importante porcentaje lleva en prisión más de diez años.

Debemos reconocer que el decreto presidencial para la liberación de 12,359 reclusos que llevan más de diez años sin sentencia en cárceles federales por delitos no graves es una acción oportuna e inédita y pone el dedo en la llaga respecto a las graves problemáticas de nuestro sistema de impartición de justicia.

Aprovechando que este tema hoy queda a la vista en la agenda pública, surgen los testimonios que exhiben profundas anomalías, los cuales representan graves tragedias humanas.

Con toda seguridad esto significa que las familias pobres, que no tienen recursos para pagar abogados que den seguimiento a sus casos, se tienen que resignar a que su pariente quede olvidado en un penal. Sin embargo, esto significa también que quizá pueda permanecer recluido ahí el resto de su vida.

Seguramente al no haber sido enjuiciados, probablemente la mayoría de estos reclusos sean personas inocentes, que fueron encerrados por delitos no cometidos.

Detrás de cada reo hay una tragedia familiar. Las familias terminan siendo extorsionadas por la administración de los penales y por los reclusos peligrosos, quienes les venden protección y seguridad para que ellos no reciban agresiones físicas dentro de la prisión. Esto destroza la precaria economía de sus familias.

Las cárceles son un gran negocio para funcionarios públicos porque se permite que florezca una rentable industria de la extorsión, tolerada al margen de la ley.

Sin embargo, es grave que no existan políticas públicas orientadas a frenar las posibles condicionantes que llevan a inocentes a las cárceles, como es la práctica policiaca de tomar gente carente de culpabilidad para cerrar expedientes de alto impacto público, o incluso, la práctica común de detener peatones para ser extorsionados dentro de las patrullas policiacas y estos, al no tener como pagar, son remitidos al MP con acusaciones falsas, con lo cual, pueden terminar en la cárcel.

La única forma de frenar estas prácticas delictivas policiacas es endurecer las penas por estas acciones deleznables y no circunscribir el castigo sólo en el despido, sino encarcelando a estos servidores públicos delincuentes durante una larga temporada, sin derecho a fianza.

Se debe legislar para que la mentira, ya sea de funcionarios del ámbito policiaco o cualquier persona que intervenga en la integración de un expediente o una investigación, pague con cárcel su acción. Para ello, la mentira debe considerarse un grave delito que violenta el derecho a la libertad que tenemos todos los mexicanos.

Otra acción determinante para frenar las injusticias es eliminar las condicionantes que estimulan la práctica de la tortura.
La tortura en muchísimos casos surge como la opción fácil para lograr la confesión con que el sujeto se incrimina a sí mismo como responsable de un delito que no cometió, así como también la confesión de terceros, obtenida por tortura para inculpar a un tercero.

Debe legislarse para que las confesiones del inculpado, o de terceros, no tengan más valor que representar referencias que no deben tener suficiente peso como para encarcelar a alguien. Sólo así se reducirá la motivación que induce a la práctica de la tortura, lo cual lleva a graves repercusiones en la pérdida de libertad de muchos mexicanos, inocentes respecto a los delitos que les imputan

POSDATA

Sus asesores deben explicarle al presidente que con las mismas acciones se obtienen los mismos resultados. Sin embargo, hay ámbitos como el de la salud, donde seguir el mismo tratamiento médico que no funciona representa pérdida de tiempo y agravamiento de los daños.

En el caso del combate a la delincuencia organizada sucede igual… seguir evadiendo la responsabilidad de confrontarla con todo el poder del estado, permite que los cárteles crezcan y se fortalezcan.

Es entendible que nuestro presidente proponga atacar las causas de la violencia, como lo ha reiterado en las mañaneras. Sin embargo, las condiciones actuales exigen respuestas drásticas y de alto impacto, con toda la fortaleza y el peso del gobierno mexicano. Proteger a la sociedad es una responsabilidad ineludible del gobierno y más aún cuando de ello dependen muchas vidas humanas. No se puede jugar con la vida ajena sólo por defender ideas políticas.

Es necesario por una parte atender las causas que generan la violencia, lo cual es aplaudible, pero aplicar todo el peso de la ley sobre los delincuentes es asunto de sobrevivencia.

¿Cuál es el futuro?… ¿co-gobierno en muchos municipios?… ¿Los capos locales estarán palomeando las listas de candidatos junto con los presidentes de los partidos en las próximas elecciones?

Cuando tengamos el mismo nivel de seguridad que Dinamarca, seguramente estaremos en condiciones de experimentar nuevos modelos de seguridad pública. Mientras tanto, con la ley en la mano es necesario instrumentar las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la vida que tenemos todos los mexicanos.

¿A usted qué le parece?

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