FORBES MÉXICO

• Los números escándalos y desencuentros entre los magistrados del TEPJF hoy lo tienen inmerso en una crisis constitucional.

Un nuevo episodio de desencuentros entre cinco magistrados con el presidente del organismo, José Luis Vargas Valdez, sumió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en una crisis constitucional en medio de la calificación del proceso electoral del pasado 6 de junio.

Hoy el Tribunal tiene dos presidentes que reclaman la legitimidad de su nombramiento: José Luis Vargas Valdez y Reyes Ramírez Mondragón.

Ayer, en un hecho inédito, los magistrados Janine Otálora Malassis, Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante González, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Ramírez Mondragón solicitaron que en la audiencia pública jurisdiccional se hiciera una evaluación al desempeño del magistrado presidente.

Durante poco más de una hora, la magistrada Mónica Soto, quien es una aliada de Vargas Valdez y el propio magistrado presidente, se confrontaron a los demás colegiados del Pleno sobre la legalidad de esta acción a tal grado que se acusó un intento de “golpe de estado” contra el Tribunal.

En una decisión calificada de autoritaria y unilateral, Vargas Valdez suspendió la sesión pública para “evaluar” si existían condiciones para seguir con el orden del día.

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Sin embargo, Janine Otálora Malassis constituyó, como magistrada presidenta por Ministerio de Ley, un pleno sin Vergas Valdez y Mónica Soto, donde se le destituyó por diversas faltas a la administración del Tribunal y por las indagatorias judiciales que pesan sobre él.

“No debemos comprometer la percepción ciudadana con los principios y valores que deben regir el servicio público, la legitimidad y confianza que en el Tribunal debe ser procurada por sus integrantes”, lanzó el magistrado Felipe Fuentes Barrera.

Como resultado, el magistrado Reyes Ramírez Mondragón fue electo magistrado presidente, acción que Vargas Valdez calificó como inconstitucional y llamó a sus colegas a preservar el orden legal y garantizar que el Tribunal electoral siga ejerciendo su función.

Este episodio, antecede a otros desencuentros administrativos que se suman a las indagatorias judiciales por corrupción que pesan sobre Vargas Valdez y que de acuerdo con sus pares han motivado una perdida de confianza en su administración.

Para el exconsejero electoral, Eduardo Huchim, los constantes desencuentros entre los miembros de la Sala Superior y el sentido de sus resoluciones han vulnerado la credibilidad de la institución a tal grado de cuestionar su eficacia en el contexto actual.

“El hecho de que refleje esta imagen de confrontación interna, de falta de solidez de parte del magistrado presidente, unas resoluciones que francamente resultan indefendibles y una inconsistencia en sus criterios, que a veces parecen ser hechos a la medida, es un conjunto de situaciones que llevan a preguntarse si debe continuar el Tribunal electoral en su constitución actual”, consideró Huchim en entrevista con Forbes México en junio pasado.

Por ejemplo, en julio de este año, Vargas Valdez fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito por más de 30 millones de pesos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y aunque el caso llegó al Ministerio Público y en principio decidió no ejercer acción legal, ayer aceptó indagar el caso.

Sin embargo, los conflictos administrativos por la forma en que Vargas Valdez conducía el Tribunal también hicieron mella en su trato con sus pares quienes en más de una ocasión hicieron públicas sus diferencias con el magistrado presidente.

Uno de los casos más recientes fue el que se originó a partir de un oficio que giró la presidencia del Tribunal en la que se exigía a los demás magistrados revelar el sentido de sus votos antes de las sesiones públicas.

Los magistrados Indalfer Infante González, Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otálora, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, acusaron que la medida no contaba con sustento legal y vulneraba su independencia y autonomía.

La semana pasada, mientras se resolvían asuntos relacionados con la elección de diputados, Vargas Valdez acusó que sus colegas votaban en “manada” lo cual volvió a tensar las relaciones con sus pares.

Otro caso que marcó al TEPJF fue el análisis de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y de Raúl Morón a Michoacán por Morena luego que el INE revocó su postulación al no haber reportado gastos de precampaña.

José Luis Vargas fue acusado de dilatar las sesiones de la Sala Superior a fin de cabildear con los demás magistrados un proyecto que le devolvería la candidatura al guerrerense y al michoacano.

Para San Martín, esta disposición no abonó al ambiente de certeza y garantía de que el proceso electoral se observará de acuerdo a lo que estipula la ley.

“El magistrado tendrá que ser el primero en brindar esas garantías, de certezas. Determinaciones como la que tuvo de enviar un oficio a sus colegas para que le adelanten el sentido de su voto para poder ordenar las votaciones previo a que se celebren las propias sesiones, no abona en esa dirección”, consideró.