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Los ciudadanos mexicanos acudieron a las urnas el domingo pasado para elegir a sus representantes en más de 20.000 cargos públicos. La jornada electoral transcurrió sin grandes incidentes y con respeto a los protocolos sanitarios que requiere la pandemia de COVID-19; sin embargo, las votaciones siguieron a las campañas más sangrientas en la historia moderna del país.

Estos comicios intermedios fueron las mayores elecciones de la historia de México ya que se votó por 500 miembros de la Cámara de Diputados y 15 gobernadores de estados, así como por miles de presidentes municipales y funcionarios locales. El proceso dejó al menos 89 políticos y 35 candidatos a puestos públicos asesinados durante sus campañas.

Un grupo de expertos* de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió este martes un comunicado pidiendo a las autoridades del país que garanticen un periodo postelectoral pacífico, y que investiguen los crímenes y las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el periodo previo a la votación y el día de las elecciones.

“Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que pongan fin a la intensa polarización de la vida pública y que garanticen que las futuras elecciones se celebren de forma pacífica”, dijeron los expertos.

Además, instaron a que se investiguen de forma completa y transparente los asesinatos de los candidatos y las numerosas violaciones de derechos humanos ocurridas durante la campaña y el día de las elecciones. “Esta es la única manera de que México avance democráticamente”, afirmaron.

Esfuerzos del gobierno

No obstante, los firmantes del texto reconocieron los esfuerzos del gobierno para contrarrestar la violencia, citando como ejemplo la reciente implementación de una estrategia para frenar la violencia política y las amenazas contra los candidatos, así como los esfuerzos genuinos para asegurar que ningún votante fuera discriminado.

En este renglón subrayaron también el papel clave que tuvieron las instituciones electorales independientes, añadiendo que son “vitales para prevenir el fraude electoral y, por lo tanto, deben ser protegidas de cualquier presión indebida, intimidación o amenaza”.

Asesinatos políticos

Según los datos de los expertos, se cometieron al menos 250 asesinatos políticos durante el periodo previo a las campañas y durante las ellas. Entre las víctimas, además de los políticos y los candidatos, figuran sus familiares, periodistas y funcionarios no políticos. Además, hubo al menos 782 ataques por motivos políticos -que van desde amenazas de muerte hasta intentos de asesinato- contra políticos. Muchos candidatos renunciaron a sus campañas por temor a perder la vida.

Los expertos recordaron que el derecho a la vida es una garantía fundamental y que los candidatos deben poder hacer sus campañas sin esos temores.

“México debe respetar, proteger y cumplir los derechos a la libre asociación y a la participación en el proceso político, incluido el derecho de los ciudadanos a elegir al candidato de su elección”, recalcaron.

Medidas urgentes

Lamentaron que se hubiera superado el nivel de violencia de las elecciones de 2018 y subrayaron la importancia de tomar medidas inmediatas para apoyar a las instituciones democráticas con el fin de que no se repita lo ocurrido durante las elecciones presidenciales de 2024.

Consideraron que las medidas para asegurar una vida pacífica y democrática en México deben incluir investigaciones completas y efectivas de todos los actos de violencia relacionados con el proceso electoral, justicia y reparación para las víctimas, y provisiones para garantizar que las futuras elecciones sean pacíficas y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Discriminación

Por otra parte, expresaron preocupación ante la persistencia de patrones discriminatorios provenientes de los actores políticos, especialmente contra las mujeres y los grupos tradicionalmente marginados, como los pueblos indígenas.

Manifestaron alarma por el nivel sin precedentes de violencia contra las mujeres, incluidas las periodistas, y señalaron que las agresiones contra mujeres -incluida la violencia sexual- representaron más de un tercio de los ataques denunciados durante la campaña.

De acuerdo con los expertos, la campaña evidenció otros problemas de derechos humanos, como la presunta participación de la delincuencia organizada en las campañas y la intimidación que conduce a la autocensura de los periodistas.

Los firmantes del comunicado son: Clément Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas.

Pedro Vaca Villarreal, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fue creada por la CIDH para impulsar la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio, dado el papel fundamental que este derecho juega en la consolidación y desarrollo del sistema democrático.