Maricela Allende

La competencia electoral en México se ha convertido en violencia criminal, que lamentablemente ha cobrado la vida de varios aspirantes a cargos públicos, a pesar de la estrategia de protección del gobierno federal que anunció para garantizar la seguridad de aspirantes a puestos de elección.

La delincuencia organizada continúa siendo un foco que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe atender con urgencia.

En el quinto informe de Violencia Política de México 2021 de la consultora Etellekt publicado el 31 de mayo, a seis días para la jornada electoral, el número de agresiones o delitos globales registradas por el IVP de Etellekt durante el proceso actual supera ya en 1% a las 774 agresiones contra políticos registradas durante todo el ciclo electoral de 2017-2018.

Las 782 agresiones o delitos globales han arrojado un total de 737 víctimas, de las cuales 260 eran mujeres (35% del total). Por cargo de responsabilidad de las 737 víctimas, 518 eran aspirantes y candidatos, 120 militantes de partidos políticos y 99 autoridades y representantes electas. De las 732 víctimas 518 eran aspirantes y candidatos a diversos puestos de elección de los tres niveles, 202 eran mujeres (39% del total). De este total el 75% buscaban cargos de elección en el ámbito municipal.

Por otro lado, las 782 agresiones se han registrado en las 32 entidades federativas y en 460 municipios del país (19% del total de municipios).

En la recta final del proceso electoral, han perdido la vida en atentados 89 políticos quienes desarrollaban sus actividades en 22 entidades de los cuales 35 eran aspirantes a puestos de elección quienes competían en 16 estados y 33 municipios del país, 13 de ellos contaban con registro como candidatos ante sus partidos. De las 89 víctimas mortales, 14 eran mujeres (7 aspirantes y candidatas de puestos de elección).

Los casos más recientes de homicidio fueron los candidatos: Abel Murrieta, Alma Rosa Barragán y Arturo Flores Bautista, candidatos de Movimiento Ciudadano (MC), fueron asesinados en mayo; a estos casos se suman otras agresiones denunciadas por el partido.

De los 737 políticos y candidatos víctimas de agresión, el 75% eran opositores a los gobiernos de 32 estados en donde estas infracciones fueron cometidas. También el 75% de los 89 asesinatos eran opositores a los gobiernos estatales. La tendencia incremento respecto a lo ocurrido en el proceso de 2017-2018, pues de los 152 políticos asesinados en dicha elección, el 69 % eran opositores a los gobernadores de sus respectivos estados.

El proceso elctoral 2020-2021 es el segundo más violento en homicidios contra políticos desde el 2000, pero es necesario mencionar que la elecion se hará el próximo 6 de junio y no en julio como de costumbre.

La estrategia federal de protección a candidatos y en específico las mesas de seguridad instaladas en las 32 entidades han obtenido pocos resultados, pues en mayo se reportan 9 políticos asesinados en comparación con los 15 políticos asesinados en abril.

De los 89 políticos asesinados, 39 estaban afiliados a los partidos que conforman la alianza “Va por México”, integrada por el PAN, PRI y PRD (44% del total). De las 25 víctimas mortales militaban en los partidos que integran la alianza “Juntos haremos historia” compuesta por Morena, PVEM y PT (28% del total).

Los candidatos a presidencias municipales asesinados se ubicaron en los siguientes estados: Veracruz, Jalisco, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero entre otras entidades.

Los candidatos a presidencias municipales asesinados fueron: Álvaro Madera López, precandidato del PRI por Mezquitic, Jalisco. Antonio Hernández Godínez, aspirante a la presidencia municipal de Chilapa, Guerrero, por el PRD. Efrén Valois Morales, aspirante a la alcaldía de Picaya, Guerrero, por Morena. Juan Antonio Acosta Cano, precandidato a la presidencia municipal de Juventino Rosas Guanajuato, por el PAN. Ignacio Sánchez Cordero, aspirante a la presidencia municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, por Morena-PT-PVEM. Gilberto Ortiz Parra, precandidato a la presidencia municipal de Úrsulo Galván, Veracruz, por Morena. Yuriel Armando González Lara, precandidato a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, por el PRI.

Carla Enríquez Merlín, precandidata de Morena a la presidencia municipal de Cosoleacaque, Veracruz. José Melquiades Vázquez Lucas, exalcalde de La Perla, Veracruz y precandidato del PRI al mismo cargo. Pedro Gutiérrez, precandidato de Morena para gobernar el municipio de Chilón, Chiapas. Ivonne Gallegos Carreño, precandidata independiente a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Manuel Dimas Cristóbal, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Tierra Blanca, Veracruz.

Flor de María Ballina Sánchez, candidata de Redes Sociales Progresistas a presidenta municipal suplente de Isla Mujeres, Quintana Roo. Alfredo Sevilla Cuevas, candidato a la relección como presidente municipal de Casimiro Castillo, Jalisco, por Movimiento Ciudadano. Analuci Martínez Saldívar, precandidata a la presidencia municipal de Cuquío, Jalisco, por el PAN.

Candidatos a regidores: Alejandro Galicia Castro, candidato a regidor de Apaseo el Grande, Guanajuato. Luis Roberto Don Félix, aspirante a regidor independiente de Tecate, Baja California. Cipriano Villanueva Ovando, candidato a la primera regiduría de la planilla de Chiapas Unido, a la alcaldía de Acapetahua, en la costa de Chiapas.

Candidatos a síndicos asesinados: Arturo Flores Bautista, candidato a síndico de Landa de Matamoros, Querétaro, por Movimiento Ciudadano.

De forma paralela fueron asesinados 99 servidores públicos de todas las jerarquías de los cuales solo dos contaban con relación directa con el proceso electoral, se trata de dos funcionarios electorales asesinados en Zacatecas (un capacitador del INE, asesinado en fresnillo) y Tlaxcala (un consejero electoral municipal del Instituto Electoral de Tlaxcala).

En total suman 234 víctimas mortales del presente ciclo electoral relacionadas con la política y el servicio público.

Por otro lado, Desde Puebla ha recabado varios nombres de candidatos y aspirantes a cargos públicos  secuestrados e intimidados, asesinados o presentado alguna denuncia.