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La IBERO, la Universidad Alberto Hurtado de Chile, la Universidad Javeriana y la University of London–Goldsmiths College, presentaron el informe ‘Orientaciones y recomendaciones para el registro y documentación de desapariciones forzadas’

El Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, el Programa de Derechos Humanos y el Departamento de Historia de la IBERO, en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado de Chile, la Universidad Javeriana y la University of London–Goldsmiths College, presentaron el informe Orientaciones y recomendaciones para el registro y documentación de desapariciones forzadas, resultado del proyecto Newton 2019-2020 en Chile, Colombia y México.

Este documento formula y sistematiza un conjunto de recomendaciones prácticas, sugerencias y orientaciones que pueden ser valiosas ante la emergencia de tener que documentar y registrar desapariciones forzadas cometidas por el Estado, por particulares o involuntarias, en escenarios de violencia política, terrorismo de Estado, conflictos internos o guerras civiles, incluyendo operaciones de fuerzas armadas, policías secretas, paramilitares, insurgencia y crimen organizado.

Las recomendaciones que se presentan en el texto, elaborado en el marco del proyecto Violencia política y gestión de violaciones de derechos humanos: circunstancias, usos y efectos del registro de la desaparición forzada. Lecciones desde una perspectiva comparada en las Américas (patrocinado por Fondo Newton), surgen a partir de la experiencia acumulada en diversos sistemas de registro de desapariciones forzadas e involuntarias de personas por la vivencia de episodios violentos y conflictos armados en América Latina, aunque son aplicables en todos los continentes.

La Dra. Marisol López, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas e integrante del equipo de investigadores, platicó que se dieron cuenta de las abismales diferencias entre los tres países: Colombia, país con una larga duración de su conflicto; México, donde se encontró un modelo de desaparición distinto y una sociedad civil con una capacidad de manejo técnico para la documentación; mientras que en Chile se encontraron los orígenes de todo esto.

“Las diferencias nos llevaron a pensar en la importancia de la territorialización, especialmente en el caso mexicano y colombiano. Nos encontramos con distintas causas de desaparición y, sin embargo, se juntaban para generar un enorme arrastre político y dificultaba el propio registro. Al darnos cuenta de todas estas cosas, lo que quisimos hacer con este informe fue sintetizar las recomendaciones que las propias organizaciones y víctimas y tomadores de decisiones hacían para facilitar el registro”, explicó la investigadora durante el Seminario Permanente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas en el que se presentó este informe.

Por su parte, Oriana Bernasconi, académica del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, dijo que lograron reunirse con alrededor de 36 organizaciones, entre ellas, instituciones públicas, académicas y académicos, así como organismos internacionales y agrupaciones de víctimas y familiares para conocer y compartir experiencias sobre la documentación de desaparición forzada de personas.

Por su parte Hugo Rojas, académico de la misma institución, recordó que este documento fue elaborado por un equipo multidisciplinario de investigadoras e investigadores de Chile, Colombia, México y del Reino Unido.

“En nuestro continente son frecuentes los actos de represión estatal, violencia política y étnica que ocurren por muchas razones y que vulneran los derechos fundamentales de las personas. Y es común que los grupos sociales y las comunidades reaccionen, se organicen y hagan lo posible por resistir a los atropellos de los derechos humanos”.

Señaló que una situación muy compleja desde un punto de vista humano ocurre cuando una persona desaparece. Cuando esto ocurre, surge el miedo, pero también se inicia la búsqueda y los seres queridos tienen la esperanza de encontrar a quienes han desaparecido.

En ese sentido, documentar los antecedentes es fundamental, así como que los registros sean realizados con rigor y profesionalismo, pues es fácil cometer errores en la construcción de archivos. La razón es porque los grupos organizados tratan de hacerse cargo de una emergencia.

“Por esta razón, generamos un conjunto de propuestas, recomendaciones y orientaciones que fueran de utilidad para todos los países que se encuentran en situaciones de conflicto, violencia, guerra civil, de modo que los sistemas de registro de antecedentes (referidos a desapariciones forzadas) sean construidos de la mejor manera posible, en consideración de las circunstancias adversas en la que se encuentran sectores de la sociedad que pueden estar siendo perseguidos”, explicó.

El investigador añadió que sistematizaron estas experiencias en 10 grupos de recomendaciones que abordan los temas más angustiantes de las tareas de crear, usar, evaluar y transferir un sistema moderno de registro y documentación de las violaciones a los derechos humanos:

Planificación y conceptualización.
Participación de víctimas y ciudadanos.
Colaboración y trabajo en red.
Identificación de contenidos.
Uso de nuevas tecnologías.
Protección y seguridad.
Acceso a la información.
Difusión y pedagogización de los datos.
Capacitación.
Reflexión.