Universitat Oberta de Catalunya

En el ‘dark web’ se compran perfiles que incluyen datos financieros y de las redes sociales de una persona.

Los datos personales con los que cuentan las plataformas y redes sociales que usamos tienen un valor cuantificable.

Lo pusieron de manifiesto operaciones como la que llevó a cabo hace cinco años Facebook, cuando compró la aplicación WhatsApp por más de 21.800 millones de dólares, o la que cerró unos años antes Google, cuando adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares.

Según los expertos, ni Facebook ni Google desembolsaron esas cantidades por la estructura tecnológica de estas plataformas: «lo que realmente tenía valor era el número de usuarios que tenían detrás», explica Eduard Blasi, profesor del posgrado de Protección de Datos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

No hay cifras oficiales respecto al valor exacto de todos los datos personales que circulan por internet, pero algunas investigaciones
—como la llevada a cabo hace dos años por la compañía británica Experian— han sacado a la luz que un perfil global que incluya los datos financieros de una persona, los de acceso a su cuenta de PayPal y Amazon y los de sus perfiles en redes sociales se vende
en la llamada web oscura (dark web), el mercado negro de internet, por unos 1,063 dólares. «La realidad es que todo tiene un precio, incluso en internet», afirma Blasi. «A veces cometemos un error al pensar que, por ejemplo, una aplicación o un software debe ser gratis por el mero hecho de que sea intangible, sin considerar los costes que hay detrás de servidores, estructura técnica, personal que actualiza los sistemas, etc. La realidad es que en el ecosistema de internet si no lo pagamos de forma directa lo acabamos pagando de forma indirecta con nuestros datos o, incluso, metadatos. La creencia de que todo es gratis es una utopía», explica.

A juicio de los especialistas, los productos y servicios de internet deberían ser más transparentes. «Lo que busca la legislación al regular la protección de datos es en definitiva dar el poder de control y disposición de los datos al usuario, de forma que tenga la posibilidad de saber exactamente qué datos tiene en cada sitio y poder retirar los que considere oportunos en cualquier momento.

Pero en la práctica cuesta ejercer el control absoluto de los datos, especialmente en las plataformas gratuitas. No obstante, la incorporación de los principios de privacidad en el diseño y por defecto del nuevo reglamento europeo facilitará, sin duda, que el usuario recupere este control sobre sus datos», afirma el profesor Eduard Blasi.

Los datos: la base de la publicidad y la revolución digital

¿Por qué resultan esenciales nuestros datos? Para Sergio de Juan-Creix, profesor de Derecho del grado de Comunicación de la UOC y experto en derecho digital, los datos personales son «la gasolina del siglo XXI: por un lado, la publicidad digital se ha sofisticado con el análisis del perfil de los usuarios permitiendo teledirigir publicidad a un público específico de forma que esta se hace más efectiva», explica. Hoy en día, la publicidad es la punta de lanza de la sociedad de consumo del mundo occidental. Por otro lado, añade, la revolución digital necesita el intercambio de datos para funcionar porque sin ellos será imposible crear ciudades más sostenibles o poner en marcha el coche autónomo, por no hablar de afrontar el reto de la inteligencia artificial.

Por ello, considera que es necesario que los usuarios tengan un mayor control sobre sus datos para tomar decisiones informadas y que puedan ser partícipes tanto de los beneficios de la publicidad y de la revolución digital. «Si una gran empresa se enriquece con mis datos, es lógico que quiera una parte de los beneficios o, al menos, recibir algún servicio o ventaja a cambio. De la misma forma que si se utilizan mis datos para un proyecto de sostenibilidad en mi ciudad, me gustaría conocerlo para poder participar con conciencia y no tener la sensación de ser espiado como ha sucedido recientemente con el estudio sobre movilidad que llevó a cabo el INE», señala Sergio de Juan-Creix.

A lo que añade «Es incuestionable que los datos tienen valor económico, basta con fijarse en el hecho de que las principales empresas del mundo se alimentan a base datos, mientras que a los usuarios se nos impide obtener beneficios de ellos. Además, el hecho de que sea un derecho fundamental no debería bloquear la posibilidad de que tuvieran una vertiente patrimonial, como sucede por ejemplo con los derechos de imagen, que también son un derecho fundamental», señala.

Para revertir la situación, la solución pasaría por empoderar a los usuarios: informarlos para que puedan decidir si participan o no en una determinada iniciativa que implique el tratamiento de sus datos personales, e incluso tener la opción de poder recibir una contraprestación por ello. «Se trata de empoderar al ciudadano simplemente para que esté informado, porque no siempre se requiere su consentimiento», explica Sergio de Juan-Creix. «El objetivo es hacer una sociedad más justa, más informada y más colaborativa en la que todas las partes, incluida la sociedad en su conjunto, ganen», concluye el profesor de Derecho del
grado de Comunicación de la UOC.