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Expertos* en derechos humanos de la ONU y Organización de Estados Americanos condenan la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia, y piden al Gobierno que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las muertes reportadas, la violencia sexual, las alegaciones de tortura, los casos de presuntas detenciones arbitrarias y los de desaparición forzada registrados.

“Estamos profundamente consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía y los miembros del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) contra manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos y periodistas en varios lugares del país “, dijeron los expertos.

Los expertos han recibido informes de al menos 26 muertes, en su mayoría jóvenes, 1876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones, incluyendo a policías, aproximadamente 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, al menos 12 casos de violencia sexual, así como alegaciones de tortura. Además, se han producido al menos 69 agresiones contra defensores de derechos humanos.

El 28 de abril de 2021, los trabajadores colombianos, liderados por una alianza de sindicatos y grupos sociales, empezaron a manifestarse pacíficamente en toda Colombia contra una serie de medidas adoptadas por el gobierno, entre ellas un proyecto de ley de reforma fiscal que supuestamente profundizaría la desigualdad, según explican los encargados de supervisar el cumplimiento de los derechos humanos.

A pesar de que el Presidente anunció el 2 de mayo que el proyecto de reforma fiscal se retiraría, las protestas continuaron. La gran mayoría de las protestas fueron pacíficas, pero se reportaron también actos de violencia.

Los militares no deberían vigilar manifestaciones

Una de las cuestiones que más les preocupa es la participación de los militares en la respuesta del Gobierno. Subrayaron que el personal militar se forma y entrena principalmente para defender el país contra las amenazas de carácter militar y no debería ser utilizado para vigilar las manifestaciones.

Los expertos independientes también expresaron su alarma por los violentos ataques reportados contra la Minga indígena en Cali.

“Rechazamos cualquier intento de acusar a los pueblos indígenas de participar con armas en las protestas pacíficas. Además, pedimos a las autoridades que tomen medidas para evitar que se extienda la estigmatización contra los manifestantes,” dijeron.

Se ha reportado una represión contra los medios de comunicación, incluyendo censura, restricciones de Internet, así como ataques y acoso a periodistas.

“Las autoridades colombianas deben respetar la libertad de expresión y de prensa, y garantizar que los periodistas puedan cubrir las noticias en condiciones de seguridad”, añaden los especialistas.

El uso de la fuerza potencialmente letal es una medida extrema, a la que sólo se puede recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente.

Las armas menos letales, por el contrario, deben emplearse únicamente sujetas a requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad, cuando las medidas menos dañinas resulten ineficaces.

Investigaciones imparciales e independientes

Por todo ello, los relatores pidieron a las autoridades que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, efectivas, imparciales e independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos, procesar y castigar a los responsables de dichas violaciones, y garantizar una reparación adecuada, incluyendo la indemnización a las víctimas y a sus familias. También instaron al gobierno a revelar el paradero de todas las personas detenidas.

Los expertos, que han estado en contacto recientemente con el gobierno, solicitaron a las autoridades que respeten el derecho de reunión pacífica en futuras protestas, a que velen por que el uso de la fuerza se utilice respetando los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad. “Seguiremos vigilando de cerca la evolución de la situación,” los expertos concluyeron.