Staff/Rossi

• La directora de la División de Investigación y Posgrado (DINVP), participó en el foro interuniversitario ‘Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda el futuro’
• La académica señaló que la investigación universitaria genera beneficios para la sociedad en su conjunto y contribuye en el ejercicio del derecho humano a la ciencia

La Dra. Marisol Silva Laya, directora de la División de Investigación y Posgrado (DINVP) destacó la importancia de asegurar en la Ley de Ciencia y Tecnología el ejercicio del derecho a la ciencia que implica -como lo asienta la Constitución en la fracción V del artículo 3°- proveer recursos y estímulos suficientes para que el desarrollo científico esté a la altura de los desafíos de la agenda de desarrollo sostenible y, en general, para enfrentar los problemas que alejan a la población mexicana del bienestar.

Al participar en el panel La importancia de las universidades en la producción científica, que se llevó a cabo durante el foro interuniversitario Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda el futuro, sugirió contemplar:

Un crecimiento gradual de la proporción del PIB dedicada a esta materia. “Es preciso advertir que la estrategia de ahorro en ciencia y tecnología desplegada en la actual administración nos pone en riesgo de retroceder severamente, privando a la población mexicana de los beneficios de la ciencia. En particular, ahorrar el 5.4% en el presupuesto del SNI mediante el recorte a personal adscrito a las universidades privadas conlleva más daños que beneficios”.

Apoyos para el desarrollo de nuevas generaciones de científicos que están quedando al margen.

Garantizar la no discriminación en la participación de todas las personas e instituciones en la materia y de manera especial a las instituciones de educación privada, ya que han sido excluidas de los apoyos que otorga el Sistema Nacional de Investigadores. El nuevo reglamento del SNI tendría que revisarse y armonizarse con una ley que deberá basarse en un espíritu democrático e incluyente.

Reconocer el papel prioritario que tienen las universidades y demás instituciones de educación superior en la investigación y garantizar su participación en la definición de la agenda de desarrollo y en la gobernanza del sector.

Fomentar y reconocer la diversidad de investigaciones como rasgo fundamental que fortalece el ecosistema científico. En este sentido, se debe garantizar la libertad de investigación, condición necesaria para dar cauce a la curiosidad e imaginación científica y a la generación de nuevos conocimientos diversos que son relevantes en un mundo complejo.

Impulsar la construcción de estrategias y mecanismos de comunicación del conocimiento científico, humanístico y tecnológico para favorecer su apropiación social.

Incentivar la inversión privada en investigación. En AL y México se reconoce la relativa debilidad de actores distintos al universitario en la producción y el financiamiento de la actividad científica. Es apremiante diseñar estrategias e incentivos para incorporar a otros sectores, especialmente el empresarial.

Universidades, el motor de la investigación

En América Latina y en México, las universidades constituyen el motor principal de impulso a la investigación, pues en esta región la producción de conocimientos científicos se realiza preponderantemente en instituciones de educación superior, señaló la Dra. Silva Laya.

La investigadora recordó que en la región, el 74% de las personas dedicadas a la investigación trabaja en una universidad y produce más del 80% de los artículos científicos, según Unesco-OREALC.

“En México, el porcentaje es menor (52%) y, sin embargo, esta comunidad académica produce el 78% de los artículos científicos. En contraste, en la Unión Europea sólo el 40% de los investigadores laboran en la universidad. En cuanto al registro de patentes, México reporta insuficiente actividad. La enorme mayoría de patentes (95%) es concedida a titulares extranjeros, pero del 5% que son otorgadas a nacionales, la mitad se genera en las universidades.

Por tanto, no es despreciable la participación universitaria en materia de desarrollo e innovación”, dijo Silva.

La académica señaló que estos espacios, por su naturaleza, constituyen el lugar donde se cultiva una amplia diversidad de investigación: básica, aplicada y de intervención. “La comunidad académica dedica su talento, tiempo y energía a cuestionar presupuestos, a desentrañar problemas complejos, a expandir nuestras interrogantes y conocimientos sobre el mundo que habitamos y a generar evidencias para orientar la toma de decisiones”.

Asimismo, destacó que la investigación universitaria genera beneficios para la sociedad en su conjunto, pues contribuye al ejercicio del derecho humano a la ciencia. Además, la labor científica enriquece los procesos educativos que están en el corazón de las instituciones de educación superior.

El círculo virtuoso entre investigación y docencia contribuye a la formación de ciudadanos críticos capaces de usar los conocimientos para su desenvolvimiento en diversos ámbitos de la vida personal y social.

Destacó que la IBERO realiza un aporte significativo en campos estratégicos como: la investigación transdisciplinar para la preservación de la biodiversidad y el respeto a los derechos humanos; el desarrollo de tecnologías para la discapacidad y la seguridad ciudadana; la física de partículas experimentales de altas energías e investigación colaborativa con la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).