Por Rossi A. G. 

· Para experto en seguridad, no estamos en la antesala de cambios verdaderos en el sector Defensa

· Tanto el General Luis Crescencio Sandoval González (Sedena) como el almirante José Rafael Ojeda Durán (Marina) profesan fe ciega a la Ley de Seguridad Interior

Las primeras reacciones sobre la futura designación de los titulares de Defensa y Marina se encuentran en la tesitura del presidencialismo mexicano, cargado de supuestas intenciones que reafirman la autoridad civil del presidente electo sobre facciones militares que aparentemente pierden su hegemonía de influencia y dominio político y presupuestal en cada una de las dependencias. Nada más alejado de la realidad.

El ambiente previo de las últimas designaciones anticipadas que estaban pendientes de definir, estuvo cargado de una confrontación poco disimulada entre los grupos militares con predominio e interés en la definición de la sucesión en las secretarías militares y los diversos enfoques de la estrategia de seguridad en ciernes que tanto el presidente electo y su equipo de transición no acaban de dilucidar en términos institucionales ni legales.

Todo ello con el enorme peso de un compromiso interno y externo como lo es la pacificación de un país que acumula ya 200 mil asesinatos en dos sexenios, casi 40 mil desaparecidos y un número no cuantificado de víctimas y familiares de éstas que demandan justicia y castigo; no perdón ni olvido como se pretende con la peculiar ‘justicia transicional’ por la que se aboga y que hizo naufragar las reuniones de ‘escucha’ que organizó el equipo del presidente electo. En este entorno, el papel de las fuerzas de seguridad, y particularmente los soldados y marinos del país, cargan con una deuda de impunidad que, por lo que se observa, es la moneda de cambio de la clase dirigente entrante para deslindarse de los grupos que han usufructuado el mando en Sedena y Marina en los últimos dos sexenios.

El problema de este movimiento de piezas es la continuidad de usos y costumbres, no de los avatares militares sino de un presidencialismo autoritario que, antes de plantear una revisión y necesaria reforma del sector Defensa (que nos llevaría a la creación de un ministerio con mando civil y un comando conjunto entre otras cosas), juega a la manipulación política o, peor aún, reacciona visceralmente en términos de ajustes de cuentas con el pasado de los personajes que supuestamente actuaron contra el antiguo político en (pre) campaña presidencial.

Los chismes políticos de trascendidos bajo la coartada de una ‘sacudida’ a los militares, o una engañosa ‘transformación’ institucional como ya dicen académicos que fueron cercanos asesores del poder militar (El Universal, 23 de octubre de 2018), poco ayudan a esclarecer que no estamos en la antesala de cambios verdaderos, sino ante una simple sustitución de grupos de influencia en cada dependencia castrense.
El análisis de fondo en las futuras designaciones, más allá de la trayectoria formal de una hoja de servicios, sobre quienes recaen, debe apuntar sobre el hecho de que se trata de altos mandos con las convicciones y experiencias militaristas de la seguridad pública.

Más aún, profesan la fe ciega en las bondades de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que, hoy por hoy, está siendo el instrumento de control social por excelencia que se aplica desde las instalaciones castrenses, de inteligencia (reducido al espionaje) para más señas de donde se destaca su experiencia ‘estratégica’, y acorde a los intereses hemisféricos definidos en los centros de adiestramiento de Estados Unidos donde los futuros secretarios han recibido su adoctrinamiento.

Lo que se olvida en este entramado es que del ‘control social’, así entendido por la LSI, se pasa de inmediato a la represión política.