Debate

Por Roberto Desachy Severino

Como periodista, hay pocas cosas tan satisfactorias como contestar a una carta aclaratoria y/o derecho de réplica, principalmente cuando se tienen todos los documentos que explican los señalamientos que uno hace y, por el contrario, la otra parte no ofrece más que una falsa indignación, amenazas nada veladas y generalidades que nada tienen que ver con las acusaciones concretas realizadas.

Por lo mismo, en este espacio me permito responder al derecho de réplica ejercido por Gabriela Tapia Rodríguez, encargada del departamento de Prestaciones Sociales y Económicas del IMSS, quien, a través de su abogado, Óscar González Larios, envió un texto de dos hojas publicado en este mismo espacio y en el que-según ellos- respondieron a los señalamientos de mi columna del pasado 13 de enero: Gabriela Tapia Rodríguez y Abraham Picazo, los “dueños” del IMSS Puebla

Primero que nada, hago acuse de recibida la amenaza que me envía Gabriela Tapia Rodríguez, encargada del departamento de Prestaciones Sociales y Económicas del IMSS por medio de su abogado, Óscar González Larios, respecto a “responsabilidad de daño moral” e “independientemente de actualizarse algún tipo penal por la utilización sin autorización de la imagen de sus autores”: Derecho de réplica de Licenciada Gabriela Tapia Rodríguez en relación a su nota digital de fecha 13 enero 2021

LA AMENAZA

Al respecto, desde luego que defenderé la libertad de expresión e información que me asiste no solamente con todos los documentos en mi poder, sino también por el simple hecho de que el IMSS es una instancia PÚBLICA, ya que recibe recursos gubernamentales y, por lo tanto, sus trabajadores son funcionarios PÚBLICOS que, en el ejercicio de sus funciones, pueden y deben ser evaluados.

Como complemento, precisaré que en septiembre del año pasado el mismo director general del IMSS, Zoé Robledo, indicó que en el 2021 ejercerían un presupuesto de 937 mil millones de pesos, “monto que se compone de las cuotas obrero-patronales, aportaciones del GOBIERNO FEDERAL e intereses de las reservas e inversiones financieras del instituto”: Con anteproyecto de presupuesto 2021, IMSS va a garantizar servicios, medicinas, pensiones y plazas para personal médico

Así que no hubo intromisión o ataque personal alguno a Gabriela Tapia Rodríguez ni a ninguno de los señalados en la columna del 13 de enero, tampoco violenté la privacidad o intimidad de persona alguna, porque todos los señalamientos vertidos están documentados y basados en sus acciones como empleados de la institución pública más importante del país en el rubro sanitario.

UNA CARTA ACLARATORIA…QUE NO ACLARÓ NADA

Por obvias razones, leí con sumo interés el documento recibido por dicha representante del IMSS, porque esperaba que aclarara por qué ha llevado a cabo tantos enroques de personal no autorizados en el Contrato Colectivo del Trabajo de la institución, que en su cláusula 50 denominada precisamente “Cambios” establece que éstos quedan abolidos.

Incluso, en el renglón b de dicho artículo se especifica: “Los posibles cambios a que hubiere lugar nunca afectarán a los trabajadores en su salario, categoría, jornada, horario, residencia o días de descanso semanal y vacaciones programadas en el momento del cambio. Todos los cambios que se efectúen en contravención a lo dispuesto por esta Cláusula serán nulos”.

Además, el 28 de septiembre pasado, Olga Georgina Martínez Montañez, coordinadora de la dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS nacional le mandó un oficio a Arturo Hernández Pérez, supuesto encargado de la jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, en el que le recuerda que “el personal que tenga un puesto calificado como de confianza B, no debe ser comisionado a unidades diferentes a su adscripción”.

“En caso de que exista personal designado como titular de un puesto de confianza B, que se encuentre comisionado en unidad de servicio diversa, deberá ser reincorporado de manera inmediata a su adscripción de origen”.

GABRIELA TAPIA RODRÍGUEZ Y SUS VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO Y AL REGLAMENTO DEL IMSS

Pero Arturo Hernández Pérez, que presuntamente es el jefe inmediato de Gabriela Tapia Rodríguez, ha permitido que una cantidad notoria de personal de confianza B del IMSS Puebla siga comisionado en sitios diferentes a sus centros de trabajo original y sin viáticos, pese a que el artículo 100 del mencionado Contrato Colectivo de Trabajo establece –en el rubro que lleva ese nombre- que: “Se establecen compensaciones por viáticos, para los trabajadores comprendidos en la Cláusula 11 de este Contrato que, por necesidades del servicio se desplazan a diversos lugares del sistema, y que de ellos requieren para cubrir gastos de alimentos y alojamiento fuera de su domicilio.

“Se establece la cantidad de $450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) diarios, por concepto de viáticos, a los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior; esta cantidad será incrementada en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general, en la zona de la Ciudad de México y Valle de México.

“En los casos que se comisione al trabajador a lugares definidos como de alto costo de vida, conforme a la Cláusula 98 de este Contrato, el importe de viáticos se incrementará en el mismo porcentaje”.

Entre los muchos trabajadores del instituto que desde el año pasado se han quejado por los movimientos de personal irregulares ordenados por la encargada del departamento de Prestaciones Sociales y Económicas en Puebla están María Leticia Tlatoa, Inelva Hernández, María Azucena Vázquez Díaz, Beatriz Adriana de la Cruz, Marisol Galicia Cruz, Adriana Pérez Rodríguez, etc.

DENUNCIA DE NEPOTISMO, SIN RESPUESTA

Por si fuera poco, doña Gabriela Tapia Rodríguez no explica –tampoco- en el mencionado derecho de réplica el por qué su esposo, Abraham Picazo, acude con ella a su lugar de trabajo en el IMSS Puebla, como lo demuestran las fotos que se le han tomado, a pesar de que el artículo 64 inciso XVII del reglamento interno del instituto establece que los empleados del instituto están obligados a “no acompañarse durante la jornada de labores de familiares, adultos o niños”.

Otra acusación que Tapia Rodríguez dejó sin respuesta es la de presunto nepotismo. En la denuncia que en septiembre pasado un grupo de trabajadores de la institución puso contra ella ante las instancias nacionales señalan que “Adriana Pérez Rodríguez, oficial de Puericultura con matrícula 99227658 adscrita a la Guardería 003 está comisionada en el Velatorio IMSS.

“Cabe destacar que esta trabajadora es familiar de Gabriela Tapia (Nepotismo: Trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos”, puntualiza la rolliza denuncia contra dicha funcionaria del instituto, que – hasta la fecha – sigue sin ser resuelta.

Otro documento en posesión de Desde Puebla y firmado por una decena de empleados de la institución acusa a los mencionados Arturo Hernández Pérez y Gabriela Tapia de haber “menoscabado nuestra dignidad humano (sic), derechos y libertades. Sus conductas constituyen una violación a los derechos humanos generando un ambiente laboral hostil, de represión, con amenazas, modificando las condiciones laborales para las que estamos contratados”.

ACOSO LABORAL, AMENAZAS VERBALES, INSULTOS, RENUNCIAS FORZADAS, ETC

Fechado el 23 de noviembre del año pasado, dirigido al director nacional del IMSS, Zoé Robledo y recibido el 27 de ese mes en las direcciones de Información y Seguimiento de Auditoría y en la de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones, los empleados del instituto no solamente se quejan de los cambios (o comisiones) de sus centros laborales, sino que exigen “se investigue a los CC Arturo Hernández Pérez y Gabriela Tapia Rodríguez”.

En este escrito, los trabajadores de la institución solicitan abrir una averiguación formal para ver “si los hechos señalados pueden derivar en falta de probidad o daño patrimonial y se determine si sus acciones han generado responsabilidad administrativa y de ser así se tipifique el daño patrimonial”.

Entre las anomalías que denunció este grupo de representantes del instituto es que “vivimos día a día con el temor de que nos comisionen a otras áreas u otros municipios, a que continúen acosándonos laboralmente con oficios, amenazas verbales, insultos, gritos y que esto pueda derivar en alguna agresión física por parte de ella, así mismo, nos han instigado a que firmemos nuestra renuncia por denunciar las irregularidades que hemos presenciado y experimentado”.