Ricardo Homs

El costo de la energía eléctrica generada por CFE es veintiséis por ciento más cara que la que ofrecen las empresas independientes generadoras de energías limpias, las cuales, quedarán fuera del mercado a partir de la nueva legislación aprobada por el Congreso de la República, sin habérsele modificado “ni una coma” a la propuesta de MORENA.

Esta advertencia, respecto al costo de generación de electricidad a través de la CFE, lo hizo Carlos Salazar Lomelí, presidente del CCE, durante el foro virtual convocado por el Consejo Coordinador Empresarial y realizado este miércoles tres de marzo.

Esta reforma eléctrica impactará los costos de producción de todos los bienes y servicios que recibimos los mexicanos, pues invariablemente tendrá repercusión en los precios que pagará el consumidor y en la competitividad de las empresas mexicanas en relación con el producto que llega desde el extranjero a enfrentarse con el nacional.

Es evidente que la 4T siente aversión por el sector empresarial y por eso trae al contexto de hoy, -en plena globalización-, los rencores de una “lucha de clases” trasnochada y bananera. Ésto es el origen y razón de ser de la nueva política destructiva.

Tan nefasta es la corrupción, como la soberbia que nace de la ignorancia. Hoy estamos siendo gobernados a partir de ocurrencias que nacen improvisadamente, o se originan en frases históricas, o también en los conceptos que alguien divulgó y eran oportunos para otro contexto nacional.

De lo que sí podemos estar seguros es que lo que funcionó bien antes, ya no opera hoy frente al nuevo estado de ánimo social, así como el contexto político y económico de la globalización.

Otras decisiones nacen del estado de ánimo de quienes gobiernan, de sus fobias o estereotipos ideológicos y no de análisis técnicos y estudios de viabilidad que sustenten los proyectos que quieren imponer.

El conocimiento y la experiencia técnica en asuntos de gobierno, en la 4T han sido sustituidos por ocurrencias y esto forzosamente deriva en un daño patrimonial. ¿Quién asumirá las consecuencias?

Estas irresponsables decisiones significarán un daño patrimonial para nuestro país, como lo fueron las demandas por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y las que llegarán por la reforma eléctrica, entre otras decisiones, además las que habrán de venir en el futuro.

Exijamos ahora al Congreso que a través del INAI nos presente el sustento técnico de la irresponsable decisión que ha tomado.
Corrupción e ignorancia en la administración pública llevan al mismo camino: daño patrimonial para el país. Sin embargo, cuantitativamente el costo de la ignorancia siempre es mayor, porque representa lo que “un chivo en cristalería” … destruye sin entender ni lo que está haciendo.

En la iniciativa privada la ignorancia e inexperiencia se pagan con fracaso y la pérdida del patrimonio personal. En contraste, la política es el único ámbito donde la ignorancia puede ser aplaudida y hasta gratificada con poder, porque lo que se destruye no es propiedad del político, sino el patrimonio de la nación.

La destrucción que está dejando a su paso la 4T, como un violento huracán, significa un daño patrimonial irreversible, que además ha dejado víctimas en vidas humanas provocado por decisiones financieras de este gobierno, que se manifestaron en la destrucción de un sistema de salud que a final de cuentas funcionaba con eficiencia por la experiencia acumulada a lo largo de los años y si había corrupción en su operación, ésta podía haber sido combatida con sistemas de control y aplicando la ley para castigar a los abusivos.

El recorte presupuestal terminó por generar desabasto de medicinas, falta de equipo e ineficiencia. Y qué decir de la confusión generada por mensajes contradictorios enviados a la población en general respecto de la gravedad del COVID y las medidas sanitarias para evitar el contagio. Esto también impactó el número de muertes, pues un importante porcentaje de los fallecidos no se atendieron

a tiempo ni tomaron precauciones debido a los malos ejemplos que daban importantes funcionarios públicos.
¿Quién asumirá la responsabilidad moral y política por estas muertes?

Tan peligrosa y nefasta es la corrupción, como la ineficiencia. Sin embargo, la ineficiencia derivada de la inexperiencia tiene un impacto numérico de mayor peso en lo relativo a daño patrimonial.

No toleremos la corrupción, pero tampoco justifiquemos la ineficiencia, que a final de cuentas hoy se está originando en decisiones tomadas con plena conciencia de sus consecuencias y con desinterés por los daños colaterales.

Una administración pública gubernamental que no reconoce y corrige sus errores, se vuelve moralmente responsable de los daños que provoca y no es merecedora de confianza.

¿A usted qué le parece?

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