Staff/Rossi

El Observatorio Legislativo del ITESO trabaja con el Instituto Nacional Demócrata en la creación de un instrumento que permita medir la apertura, o la ausencia de ella, con la que trabaja el legislativo estatal.

Para los amantes de la informática el concepto “código abierto” es de sobra conocido. Permite que cualquier persona pueda apropiarse de un código, modificarlo, adaptarlo y ponerlo a disposición de más usuarios que, a su vez, lo modifiquen, lo adapten y lo pongan a circular. El concepto, sin embargo, es nuevo para quienes se mueven en los asuntos públicos.

De unos años para acá se habla cada vez con más frecuencia de gobiernos abiertos, parlamentos abiertos, por ejemplo, aunque muchas veces queda más en discurso que en una aplicación directa.

Con el objetivo de medir qué tan real es la apertura del Congreso de Jalisco, el Observatorio Legislativo del ITESO y el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) trabajan en la creación de un instrumento que permita ponderarlo.

Alberto Bayardo, coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, explica que el NDI se acercó hace un año para invitar a esta instancia de la universidad a colaborar en un análisis sobre la apertura legislativa en los estados. Producto de ese trabajo se eligió a los congresos de Yucatán y de Jalisco para el desarrollo de instrumentos que permitan medir cualitativa y cuantitativamente el grado de apertura de una legislatura.

“Se eligió a estos dos estados porque se vio que son los que tienen potencial para hacer algo o ya han venido trabajando. La idea es rediseñar el acceso de la población al diseño de las leyes. Por ejemplo en el portal del Congreso de Jalisco hay una nueva sección en la que se suben los proyectos de ley para que la gente pueda opinar sobre ellos, pero no es posible saber qué tanto toman en cuenta los legisladores esos comentarios”, explica el académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos.

En su sitio web, el NDI se describe como “una organización no gubernamental y no partidista que responde al deseo de personas de todo el mundo de vivir en sociedades democráticas con sistemas políticos abiertos y multipartidistas que reconozcan y promuevan los derechos humanos básicos”.

Esta colaboración, puntualiza el coordinador del Observatorio Legislativo, se centra en el tema de los parlamentos abiertos “que el NDI está empujando en todo el continente para impulsar una agenda de transparencia y apertura legislativa”.

El proyecto que se realiza en México tiene contempladas dos aristas: la medición cualitativa y la medición cuantitativa. En el caso del Congreso de Jalisco se busca diseñar instrumentos para medición cuantitativa. Bayardo señala que, por ejemplo, uno de los problemas de las legislaturas actuales es que sólo trabajan con la forma, pero sin fondo, esto es, hacen muchas leyes que poco o nada resuelven o bien centran el tema de la apertura en aspectos tecnológicos, como puede ser un sitio web, pero en realidad siguen siendo cotos de poder cerrados y que obedecen a intereses poco transparentes.

El académico añade que “la actual legislatura es una muestra de lo que no es un congreso abierto, ha mostrado signos de cerrazón muy graves”.

Dos ejemplos de la forma de operar del Congreso de Jalisco: el primero, familiares y colectivos que buscan a personas desaparecidas han venido denunciando que no están siendo tomados en cuenta para el diseño de la Ley de Desaparecidos del estado, a sabiendas de que su contribución es fundamental. El segundo es que la comparecencia del fiscal Gerardo Octavio Solís para explicar las trifulcas y el actuar de la Fiscalía del Estado de Jalisco los días 4, 5 y 6 de junio pasado se convirtió en un día de campo para el funcionario, pues no hubo una exigencia de respuestas.

“El Congreso habría podido convocar a organizaciones y especialistas para que orientaran la comparecencia, pero no fue así”, comenta.

El coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO detalla que tienen hasta finales de noviembre para desarrollar el instrumento de medición, labor en la que estarán trabajando junto con Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

El objetivo principal de todos los participantes y de NDI, señala Bayardo, es que los instrumentos que se desarrollen puedan usarse en otros congresos y parlamentos del país y del continente.

“Si la apertura legislativa no sirve para fortalecer la democracia, ¿entonces para qué?”, concluye.