Hipólito Contreras

Los que pedimos es que se homologue la ley estatal de seguridad privada con la federal, suspender el cierre de empresas porque no tienen fundamento real, en el estado piden más requisitos que los que se piden en la ley federal y si no se cumplen clausuran las empresas, afirmó Agustín Fernando Figueroa, integrante de la Asociación Nacional de la Industria de la Seguridad Privada.

Informó que en el estado hay 481 empresas de seguridad privada, autorizadas y vigentes 222, canceladas 9, sancionadas 64, “no hay empresas piratas ni patito todas son empresas, algunas sin registro, pero funcionan”.

Expuso que las pruebas de confianza son del siglo pasado, dependen de un aparato al que le ponen unos sensores, los que registran si la persona se pone nerviosa o no, si se pone nervioso está mintiendo, si lo entrenan para pasar el bolígrafo pasan, hace una serie de exámenes psicométricos.

Indicó que en las pruebas de control de confianza hay un error ontológico, filosófico, la confianza no se otorga, se gana, en el país hay 800 mil personas que no la pasaron, no son un medio lucrativo.

Informó que a nivel mundial 23 millones de personas se dedican a la seguridad privada en todas las modalidades, en México suman más 600 mil, todos los inventos de la seguridad pública vienen de la seguridad privada, hay una Cámara nacional de la seguridad privada, en Puebla haya cinco asociaciones

Explicó que la ley federal establece que se haga una prueba de control de confianza, pero sólo para una de las siete modalidades que se establece a nivel federal, es la de investigación, ellos sí tienen que hacer la prueba, son siete modalidades, en Puebla son nueve y la piden para todas, esto no es legal porque ninguna ley local puede estar por encima de una ley federal.

Pedimos una reunión con el gobernador, ya estamos trabajado con las cuatro secretarías: Trabajo, Seguridad, Gobernación y Economía ante el impacto que vemos venir, ellos llegan y ponen sellos en la puerta de la empresa, si quitan el sello cometen un delito penal, nadie puede entrar, es tronar. Cerrar a una empresa, si sigue operando hay usurpación de funciones y hay una pena, van al penal directamente y cuesta de 30 a mil pesos sacarlos, expresó