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El acuerdo que emitió la Secretaría de Energía a mediados de mayo había sido desafiada en las cortes federales por las empresas afectadas, que realizaron una lluvia de amparos para protegerse

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio el revés más importante al gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta ahora en el tema energético: suspendió este lunes de manera temporal un decreto que limitaba la entrada de energías limpias al mercado eléctrico mexicano.

La suspensión se mantendrá hasta que el máximo Tribunal de México se pronuncie sobre la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que consideró afecta de “manera grave” la estructura económica de la industria.

“Se concede la medida cautelar solicitada por la Comisión Federal de Competencia Económica, para el efecto de que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, indicó la SCJN, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.

“(La suspensión aplicará) hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto. La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, añadieron.

Y es que el 15 de mayo, la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional del Cenace (Centro Nacional de Control de Energía).

El documento entró en vigor el sábado 16 de mayo junto a una serie de medidas alrededor del crecimiento y operación de las energías renovables que, aseguraron, dotarán de confiabilidad al sistema eléctrico nacional.

A través del Cenace ahora quedó limitada la emisión de permisos para plantes eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares con poca capacidad de transmisión, además de imponer una serie de pruebas a las centrales renovables.

Esto, porque ya se había publicado el 29 de abril pasado otro Acuerdo para garantizar la eficiencia, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. En dicho documento, se enuncian, en el Anexo Único Técnico, las acciones y estrategias de control operativo para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Las compañías involucradas ya se habían mostrado absolutamente en contra de la acción quinta, que indica que a partir del 3 de mayo pasado “quedan suspendidas las pruebas preoperativas de las Centrales Eléctricas Intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial”.

Es por ello que, a finales de abril, y también a partir del decreto de mediados de mayo, comenzaron a ampararse en distintos Juzgados federales, donde obtuvieron una serie de suspensiones provisionales y otras definitivas. La decisión de la Corte, sin embargo, es la más importante hasta ahora, porque frena el decreto energético a nivel nacional.

Estos decretos del gobierno de López Obrador generaron también cierta inquietud en el exterior. Tanto la embajada de Canadá en México, como la Unión Europea, alertaron sobre los riesgos en las inversiones extranjeras en el sector de las energías renovables, luego de la publicación de dicho acuerdo en el DOF.

López Obrador, que dijo en su momento que acatará las decisiones que tomen los Juzgados, incluida la SCJN, ha defendido estos acuerdos como una manera de fortalecer y defender a las dos empresas productivas del estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por ello, el Cenace respondió a la lluvia de amparos con el pedido de incompetencia de dichos juzgados para decidir en temas energéticos. Sin embargo, sus solicitudes fueron rechazadas, en una de las varias derrotas que ha sufrido la actual administración en el tema.

La Cofece, órgano independiente antimonopolios mexicano, dio un paso más allá y la semana pasada interpuso una controversia constitucional. La nueva norma de Sener, remarcaron, afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia”.

El organismo dijo que la nueva política compromete “tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (…) como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista”, añadió.

La senadora del PRI (Partido Revolucionario Institucional) Claudia Anaya festejó la decisión de la Corte, pero alertó sobre la óptica de estas batallas legales frente a inversionistas. “Qué bueno que existen garantías de defensa para quien invirtió, pero los empresarios en el mundo prefieren certeza en vez de litigios”, señaló en redes sociales.