Por Ricardo Homs

Mara Gómez Pérez tomó posesión como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el 10 de diciembre del 2019, seleccionada para ese cargo por el Senado de la República y el 23 de junio pasado presentó su renuncia después de que sin un argumento contundente que lo justificase, recibiera presiones desde muy alto nivel de la estructura gubernamental. Sólo la dejaron ejercer el cargo seis meses.

En esta renuncia se juntaron dos circunstancias: primeramente, la molestia del presidente López Obrador porque ella manifestó su preocupación por la reducción del 75% del presupuesto total que le fue autorizado a la CEAV por la legislatura para el 2020, en los capítulos 2000, que es el que regula “Materiales y Suministros” y el 3000, que administra “Servicios Generales”, lo cual impedía a la CEAV operar con eficiencia.

Definitivamente esto, al igual que como sucedió con la CONAPRED, no fue más que un pretexto para sustituir al titular y poner al frente de los organismos significativos, no al funcionario más eficiente, preparado y experimentado, sino al incondicional.

Para presionar la salida de Mara Gómez de la CEAV, se prestó oídos a un grupo de familiares de víctimas que se manifestaron en la Secretaría de Gobernación exigiendo su renuncia, no más de 30 personas.

Ahí es donde surge el tema central que debe ser solucionado.

En su carta de renuncia Mara Gómez destaca que si bien la CEAV fue constituida para “atender a víctimas de desaparición forzada, tortura, trata, ejecución arbitraria y otras violaciones graves a derechos humanos”, en otro párrafo reconoce que “la vocación humanista con la que fue diseñada, se pervirtió. La obligación legal de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las víctimas de la violencia, fue reemplazada por una fórmula clientelar, centrada en el reparto de recursos económicos, usando el dinero para pagar la falta de verdad y justicia”.

También destaca que la CEAV “se convirtió en un negocio para algunos abogados particulares, que indiferentes ante el dolor, se acercan a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y a otras víctimas, para litigar contra la CEAV y así obtener honorarios millonarios de hasta el 60% de las compensaciones entregadas.”

Más adelante añade: “Se pretendió convertir la reparación integral en sinónimo de dinero, repartido de forma discrecional, sin transparencia ni rendición de cuentas”.

Definitivamente, son los intereses de abogados que manipulan el dolor de familiares de las víctimas para convencerles que tienen derecho a una compensación millonaria, los que han hecho de esta noble institución un negocio.

De este modo, es que hoy la CEAV enfrenta 453 juicios de amparo en tribunales, de los cuales 154 están en la etapa de cumplimiento.
La pregunta es ¿Por qué una institución que simplemente debiese estar brindando servicios y apoyo a las víctimas de violencia, tendría que enfrentar juicios de amparo?.

Seguramente hay muchísimo dinero de por medio, como para que haya abogados interesados en promover recursos jurídicos en contra de la CEAV.

Incluso es posible que haya abogados que habiendo trabajado como funcionarios públicos en la CEAV, sean los que hoy dan servicio a los familiares de víctimas, en contra de esta institución.

Es fundamental reorientar a la CEAV a su vocación inicial, o sea una institución que apoya a las víctimas para recibir justicia, ayuda psicológica y emocional para superar los traumas derivados de una agresión, así como ayuda para recibir tratamiento médico, apoyo a las familias de las víctimas para superarla contingencia de una pérdida, así como el impacto emocional y psicológico de esta, entre otros servicios. Las compensaciones económicas entregadas directamente a las víctimas para superar una contingencia sólo deben otorgarse en casos excepcionales y en el monto estrictamente necesario para cubrir el objetivo específico del problema por resolver.

Sin embargo, compensaciones millonarias entregadas a familiares de víctimas como hoy sucede, no tienen ninguna justificación.

Hoy el presupuesto de la CEAV está secuestrado por abogados que interponen demandas millonarias a favor de familiares de víctimas, impidiendo que los beneficios lleguen a un mayor número de personas que requieren cantidades básicas para resolver un problema específico originado por una agresión.

Es inaceptable que el dolor humano se convierta en una mercancía comercializada por abogados.

El necesario replantear la vocación original de la CEAV y liberar a esta institución de quienes la tienen secuestrada.
¿Usted cómo la ve?