Ricardo Homs

Hoy existe un señalamiento muy severo en contra del empresario León Manuel Bartlett Álvarez, quien es hijo del director general de CFE por la venta al IMSS de ventiladores para tratar el coronavirus, pero con sobreprecio.

Además, la senadora Xóchitl Gálvez ha denunciado otras operaciones irregulares en 18 contratos asignados al señor Bartlett para surtir equipos médicos en otras instituciones de gobierno, por un monto de 278 millones de pesos.

El presidente López Obrador, consciente de la gravedad de este asunto, en la mañanera del martes pasado se deslindó del caso y lo pasó a la secretaría de la función pública, Irma Eréndira Sandoval, quien antes ya había exonerado al director de la CFE por omisiones en su declaración patrimonial.

Por otra parte, en este momento también se cuestiona si Felipe Calderón sabía de los nexos de su secretario de seguridad pública Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa, así como la acusación de compras fraudulentas de equipo médico que hoy se destapa, atribuidas a la administración del presidente Peña Nieto.

Lo que queda en evidencia es que, si no se comprueba lo contrario, la corrupción sigue siendo hoy un grave problema, como lo fue en el pasado. Por decreto es imposible erradicarla.

Lo grave no es que existan casos de corrupción, sino la forma en que reacciona un gobierno cuando esto sucede y está involucrada gente cercana al poder o si estas prácticas son acreditadas directamente a funcionarios públicos de alto nivel o a sus familiares.

La constante es que en México el tema de la corrupción desde el poder gubernamental siempre se asemeja a la parábola bíblica de la “paja en el ojo ajeno, que impide ver la viga en el propio” (Mateo 7:1-5).

El presidente López Portillo encarceló por corrupción a Eugenio Méndez Docurro, quien fuera secretario de comunicaciones y transportes del presidente Echeverría, pero tolero a su amigo el super policía Arturo Durazo Moreno, que creó una red de corrupción policial y protección delincuencial.

Don Miguel De La Madrid encarceló al anterior director de PEMEX, Jorge Díaz Serrano por comprar barcos con sobreprecio. Carlos Salinas lo hizo con el líder sindical de PEMEX Joaquín Hernández Galicia, denominado “La Quina”. Ernesto Zedillo a Raúl Salinas de Gortari, Vicente Fox a Oscar Espinosa Villarreal, jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como Enrique Peña Nieto a la profesora Elba Esther Gordillo, por citar algunos.

El combate a la corrupción no representa una novedad, pues siempre ha habido un funcionario sacrificado a quien se exhibe como representante de la corrupción y termina convirtiéndose en una cortina de humo. El presidente López Obrador ya tiene al suyo que es Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht.

Sin embargo, igual que siempre, el discurso oficial va por un lado y los hechos muestran lo contrario. Son historias que se repiten cíclicamente.

Si realmente queremos entender la corrupción, a la que el presidente López Portillo cínicamente calificó como un lubricante, tendremos que analizarla desde nuestra idiosincrasia, para combatirla con efectividad.

La corrupción ha sido imbatible en México por un grave problema de idiosincrasia. El valor que el mexicano da a la amistad induce a los funcionarios públicos de cualquier nivel, así como a gobernantes, a proteger a sus amigos cuando hay acusaciones. El espíritu de protección se convierte en una actitud de negación, que convierte al funcionario en cuestión, jefe del acusado, en cómplice por encubrimiento.

Generalmente la impunidad parte de la protección que da alguien poderoso a sus amigos, sean subordinados o no. De este modo es que este descalifica las evidencias y pone a la estructura judicial a justificarlas, para exonerar al amigo, familiar o colaborador.

La amistad queda por encima de cualquier otro compromiso, incluso el que debiese haber con el país.

Podríamos preguntarnos por qué el cuñado del rey de España Felipe VI, el esposo de la infanta Cristina, de nombre Iñaki Undargarín, desde el 2017 está en la cárcel sentenciado por corrupción, ya que se le juzgó por un fraude en la fundación filantrópica Nóos, que él dirigía.
Cuando iniciaron las investigaciones el rey Juan Carlos de Borbón, quien gobernaba, no interfirió a favor del yerno, ni el rey Felipe VI ha pensado en otorgarle amnistía, indulto, ni nada parecido.

¿Por qué los expresidentes de Brasil Luis Inacio Lula da Silva y Michel Temer siguen en la cárcel?. Tres expresidentes de Perú también han pisado la prisión: Ollanta Humala ha estado en la cárcel, Pedro Pablo Kuczynski aún sigue en prisión domiciliaria y Alejandro Toledo estuvo preso en Estados Unidos, así como Humberto Fujimori cumple aún condena por 25 años. Además, el expresidente de Perú Alan García se suicidó frente a los policías que iban a detenerlo para ser juzgado por corrupción.

El expresidente de Guatemala, el general Otto Pérez Molina, mientras aún estaba en funciones fue juzgado y encarcelado, lo mismo que su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos por corrupción.

Los gobernadores norteamericanos de Illinois Rod Blagojevich, George Ryan, Dan Walker y Otto Kerner estuvieron encarcelados por corrupción.

La Secretaría de la Función Pública en México tradicionalmente ha servido para exonerar casos significativos que representan un peligro para el gobierno en turno y hasta ahora parece no ser la excepción.

El bochornoso caso de Virgilio Andrade exonerando a la familia Peña Nieto de los cuestionamientos de “la casita blanca” y a Luis Videgaray de su mansión, equivalen a la exoneración que se hizo en este sexenio de la 4T a Manuel Bartlett por graves omisiones de propiedades no incluidas en su declaración patrimonial.

La lucha contra la corrupción no debe estar en manos del poder ejecutivo, sino de un poder independiente de él, que además sea plural, como lo es el Congreso y para ello es necesaria la desconcentración de las instituciones encargadas de esta responsabilidad.

Mientras la fiscalía anticorrupción no se desconcentre totalmente del poder ejecutivo y termine dependiendo del Congreso y a la cabeza esté un funcionario totalmente independiente y sin compromisos políticos, la lucha contra la corrupción corre el riesgo de ser demagogia pura como lo fue en el pasado.