Por Ricardo Homs

El sindicalismo mexicano, principalmente en el sector público, por lo general ha significado cotos de poder a favor de los líderes, siempre y cuando sean capaces de tener control laboral y neutralizar disidencia, para que los funcionarios que transitan por las instituciones gubernamentales tengan una gestión pacífica y puedan hacer una carrera política exitosa.

A cambio de esto, las instituciones gubernamentales voltean hacia otro lado para no inmiscuirse ni comprometerse en el abuso, la corrupción e incluso la violencia contra la disidencia. Es cómodo ampararse en la autonomía sindical para los funcionarios públicos a cargo de una institución. De este modo el funcionario se beneficia y por su parte, con su protección, el líder sindical amasa una cuantiosa fortuna personal y a veces, cuando ha consolidado poder y eso puede tener un valor político, hasta se le premia con una curul en el Congreso.

Sin embargo, ese contubernio convierte en cómplice al gobierno, de la explotación laboral de sus trabajadores a manos de su propio sindicato.

Ha sucedido en Pemex, en el sindicato magisterial, ahora nos enteramos de los grandes abusos en el sindicato de bomberos de la Ciudad de México, lo cual duele a la sociedad por el perfil de héroes que tienen estos trabajadores.

¿Qué ha hecho el Gobierno de la Ciudad de México frente al descubrimiento de un fraude millonario con la venta de las nuevas plazas laborales que se van creando, las cuales ha trascendido, que pueden llegar a cotizarse hasta en 200 mil pesos. Simplemente canceló la creación de nuevas plazas, pero no ha iniciado un procedimiento judicial para investigar la violencia que ha sido denunciada contra los bomberos disidentes, ni contra el delito que presupone la venta de plazas.

Ahora descubrimos que la encarnizada lucha de la CNTE contra la Reforma Educativa, instrumentada por la administración del presidente Peña Nieto, tiene como fondo el control del grandísimo presupuesto de la nómina magisterial.

Desde la administración del presidente Zedillo se descentralizó la administración de la nómina. La Federación transfería a cada entidad federativa los recursos para el pago y así cada estado del país era quien depositaba su salario a los maestros de su región.

Después de las anomalías descubiertas en algunos estados, como lo fue el gran número de maestros aviadores, otros maestros influyentes tenían varias plazas, la asignación de plazas a familiares de miembros del comité ejecutivo del sindicato local, así como otras anomalías más, fue que la Reforma Educativa retomó el control de esa nómina para que fuese administrada por la Federación.

La Reforma Educativa evidenció la vulnerabilidad de los gobiernos estatales, precisamente en los estados donde la CNTE tiene el control de la educación.

La administración del presidente López Obrador ya se manifestó en contra de esta reforma, pero sin revertir el control de la nómina y esto, parece ser que fracturó la alianza entre el presidente López Obrador y esta coordinadora sindical.

El ámbito sindical ha sido tradicionalmente, en el sector público, una fuente de corrupción y abuso, donde el perjudicado es el trabajador, quien en lugar de ser protegido por su sindicato, es abusado por él, en beneficio de los líderes del gremio.

Es esa parte de la corrupción ignorada, pero muy sensible, porque va aparejada con violencia en contra del trabajador incómodo, quien por cuestionar a sus líderes es despedido por el sindicato y si se vuelve riesgoso, podría incluso ser golpeado.

Lo sindicatos del sector público son los más opacos y antidemocráticos. Lo peor, es que manejan recursos públicos, o sea el dinero de nuestros impuestos y debiesen rendir cuentas de modo trasparente.

Este es un reto que queda para el próximo gobierno en su lucha contra la corrupción.