A nueve años de la donación a la FMF, persisten dudas sobre el beneficio social en Toluca

EL VALLE

Toluca, Méx.- A nueve años de la entrega de un terreno de aproximadamente 70 mil metros cuadrados a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), persisten los cuestionamientos sobre los beneficios sociales que esta operación debía representar para los habitantes de Toluca, particularmente para las familias de Villa Santín, Sauces y comunidades aledañas, quienes tienen a pocos metros uno de los complejos futbolísticos más importantes del país, pero cuyo acceso permanece restringido.

La operación, realizada durante la administración del exgobernador Eruviel Ávila Villegas, permitió la construcción de la denominada Casa del Futbol, complejo que, de acuerdo con la documentación arquitectónica del proyecto, dispone de cinco canchas reglamentarias con césped de primer nivel y tecnología especializada. Sin embargo, en un radio aproximado de dos kilómetros existen seis espacios públicos destinados a la práctica del futbol, ubicados en calles como Ponciano Díaz, Fermín Espinoza, Silverio Pérez, San Pedro y Paseo de las Haciendas, instalaciones que contrastan con la infraestructura del organismo deportivo, aunque sus condiciones actuales requieren una evaluación específica.

De acuerdo con la investigación publicada por ESPN en junio de 2023, el Gobierno del Estado de México adquirió el predio de 70 mil 25.20 metros cuadrados, valuado entonces en aproximadamente 55 millones de pesos, mediante el fideicomiso F/1385. La operación se justificó bajo el propósito de promover actividades culturales y deportivas en beneficio de las familias de la región. Inicialmente, el inmueble fue entregado en comodato a la FMF, pero posteriormente el organismo solicitó su donación definitiva, autorizada por la Legislatura mexiquense en 2017.

El carácter social de esta operación constituye uno de los principales puntos de la investigación, pues el terreno fue adquirido con recursos públicos bajo una justificación de beneficio comunitario. Sin embargo, el decreto legislativo que autorizó su donación estableció como destino la construcción de un complejo deportivo para la Federación, por lo que resulta necesario conocer las condiciones de la escritura definitiva y determinar si también se establecieron obligaciones de acceso, programas gratuitos, becas o actividades deportivas para los habitantes de las comunidades cercanas.

A la construcción del complejo se sumaron recursos de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), mediante el programa Forward, destinados al desarrollo de infraestructura deportiva. La Casa del Futbol cuenta con tres canchas sintéticas y dos de pasto natural, además de instalaciones especializadas para actividades relacionadas con el futbol. No obstante, la existencia de esta infraestructura contrasta con las dificultades que enfrentan algunas familias para participar en sus programas de formación.

La FMF cuenta con programas de formación infantil y juvenil, pero acceder a ellos representa un desembolso considerable. De acuerdo con los precios consultados en su portal oficial, la inscripción cuesta 3 mil 500 pesos, mientras que las mensualidades ascienden a mil 450 pesos para niños de 5 a 10 años y mil 800 pesos para jóvenes de 11 a 15 años. Esto significa que una familia podría desembolsar entre 20 mil 900 y 25 mil 100 pesos durante el primer año, considerando doce mensualidades, sin incluir gastos adicionales.

Sobre la legalidad de la operación, la abogada Janeth Lizbeth Peña Fabián, especialista en derecho civil de Consultoría Jurídica Abogados y Asociados, explicó que la transmisión de bienes públicos debe cumplir con requisitos legales específicos. “Un bien del dominio público no se puede transmitir”, señaló la especialista, quien destacó la importancia de revisar la naturaleza jurídica del inmueble y las condiciones que permitieron su entrega a una asociación civil.

En este sentido, el artículo 34 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios contempla la revocación de donaciones cuando el inmueble no se utiliza para el fin establecido o recibe un uso distinto al autorizado, bajo los supuestos previstos en la legislación. Asimismo, el decreto de 2017 condicionó la donación a que no se modificara el destino que motivó su autorización. Esto abre la posibilidad de que el Gobierno estatal revise el expediente y, si acredita alguna causal legal de incumplimiento, inicie el procedimiento correspondiente para recuperar el terreno.

Otro de los aspectos señalados en la investigación original es la conservación del casco de la Hacienda Santín, inmueble de valor histórico ubicado dentro del predio. Según lo documentado, la FMF asumió compromisos relacionados con su cuidado, por lo que también resulta pertinente conocer las condiciones actuales de la construcción y verificar las obligaciones de conservación establecidas durante la operación.

Habitantes de la zona expresaron dificultades para acceder a las instalaciones. Verónica García, exdelegada y representante vecinal de Villa Santín, relató en una entrevista anterior que intentó inscribir a su hijo en las actividades de la Federación, pero los costos superaban sus posibilidades económicas. “La verdad los costos se me hicieron elevados, no estaban dentro de mis posibilidades en ese momento. Yo sí estaría interesada de que se pudiera abrir a toda la comunidad”, expresó.

La representante vecinal también señaló que numerosos niños y jóvenes de Villa Santín, Sauces, San Nicolás Tolentino, San Diego de los Padres y San José Guadalupe Otzacatipan practican futbol en espacios públicos, algunos con infraestructura limitada. La zona cuenta con una importante población estudiantil que podría beneficiarse de mayores oportunidades de formación deportiva, especialmente mediante programas comunitarios accesibles.

A nueve años de la donación, la interrogante continúa vigente: ¿qué beneficios concretos han recibido los habitantes de Toluca y puede el Gobierno del Estado de México recuperar este espacio si se demuestra que la FMF incumplió las condiciones acordadas?

Para responder será necesario que las autoridades estatales y el organismo deportivo transparenten la escritura, los compromisos adquiridos y los resultados de sus programas sociales, con el propósito de determinar si el aprovechamiento del inmueble corresponde a los objetivos que justificaron su entrega.