Avala Congreso garantizar el derecho a una vivienda adecuada

– La LXII Legislatura aprobó exhortos en materia de inclusión, protección civil y seguridad pública 

Desde Puebla

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla, a fin de armonizar la legislación con el marco constitucional vigente en materia del derecho humano a una vivienda adecuada, reconociendo que comprende condiciones jurídicas, materiales, económicas, sociales y culturales que permitan a las personas habitar de manera segura y digna.

A través de las reformas, se incorporan y precisan como elementos de una vivienda adecuada la accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación, estableciendo parámetros que permitan comprender y garantizar este derecho de una manera integral, con especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Además, se busca fortalecer la aplicación de los principios de equidad, inclusión social, perspectiva de género e interculturalidad en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas y programas de vivienda, procurando que las acciones gubernamentales atiendan las condiciones particulares de las personas y comunidades, y contribuyan a la protección efectiva de este derecho.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta expuso que el marco normativo ha evolucionado y el concepto de vivienda adecuada debe considerar la seguridad en la tenencia, servicios, calidad de materiales, accesibilidad, habitabilidad y ubicación, lo que impacta en la protección y bienestar para las familias.

Por otra parte, en sesión ordinaria, las y los diputados avalaron el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Primer Empleo del Estado de Puebla, con la finalidad de aplicar un lenguaje incluyente y no sexista que permita garantizar el derecho a la igualdad sustantiva.

Como parte de la sesión, también se aprobó el acuerdo por el que se exhorta a la persona titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas del Estado de Puebla para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una revisión integral de sus oficinas centrales, juzgados de la capital, en los juzgados itinerantes y en las mesas receptoras ubicadas en el interior del Estado, garantizando una atención digna, homologada, oportuna y eficiente para proteger el derecho a la identidad.

Lo anterior para que, con base en ello, fortalezca la capacitación del personal, homologue requisitos y costos, reduzca tiempos de espera y evite traslados innecesarios, priorizando a las poblaciones con mayores barreras geográficas y económicas.

DIPUTADAS Y DIPUTADOS RESPALDAN EXHORTOS DIRIGIDOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN

Asimismo, el Congreso del Estado aprobó el acuerdo por el que se exhorta al Honorable Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y de manera prioritaria, analice y apruebe reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que permitan fortalecer el régimen sancionador aplicable al nepotismo, al incrementar las sanciones administrativas, regular expresamente el nepotismo cruzado y las conductas de simulación, así como robustecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de dichas prácticas.

Durante su posicionamiento en Tribuna, la diputada Delfina Pozos Vergara indicó que el nepotismo no solo cierra oportunidades para las personas, también afecta a la ciudadanía, pues cuando se nombra a una persona en un cargo, y no precisamente por el conocimiento o capacidad, el servicio se vuelve deficiente, porque aparecen omisiones, complicidades y hasta abusos. Por ello, se debe hacer frente a esta problemática a través de acciones legislativas.

El Pleno aprobó el acuerdo por el que se exhorta a las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, valoren la factibilidad de reformar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Con el propósito evaluar alternativas normativas y técnicas para que los proveedores de servicios digitales y plataformas de redes sociales adopten esquemas seguros y opcionales de verificación de identidad que permitan mitigar la suplantación y la comisión de ilícitos, garantizando en todo momento la privacidad, la protección de datos personales y la libertad de expresión de las personas usuarias, entre otras acciones.

La diputada Susana del Carmen Riestra Piña expuso que la protección de las y los menores en redes sociales debe ser una prioridad legislativa; además, madres y padres de familia deben acompañar a niñas, niños y adolescentes, así como establecer límites y supervisar su actividad.

En otro momento de la sesión, las y los legisladores aprobaron el acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus atribuciones analice, discuta y, en su caso, apruebe la iniciativa presentada por las Diputadas Mónica Herrera Villavicencio y Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, mediante la cual se propone reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad, con el fin de fortalecer el marco jurídico y garantizar el derecho al trabajo digno y a la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Al respecto, la diputada María Soledad Amieva Zamora indicó que el trabajo debe ser un derecho y no una concesión, ya que además de representar una forma de sustento, también es para construir autonomía, desarrollar capacidades y participar en la sociedad. Por ello se impulsan estas propuestas legislativas, que permitan reducir las barreras que aún persisten y que afectan los derechos de las personas con discapacidad.

La LXII Legislatura también aprobó el acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo y a la Secretaría de las Mujeres para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, implementen, fortalezcan y den continuidad a acciones permanentes de sensibilización, difusión, capacitación e información sobre el “Violentómetro Laboral”, dirigidas tanto a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, como a los sectores social y privado.

Esto, con el propósito de promover su conocimiento y utilización como herramienta preventiva, de atención y erradicación de la violencia en los centros de trabajo, consolidando entornos laborales dignos, seguros e inclusivos.

De la misma forma, el Congreso avaló el acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen e impulsen campañas permanentes de difusión y orientación sobre los derechos laborales de las personas trabajadoras, así como sobre los mecanismos institucionales de asesoría, conciliación, representación y defensa de tales derechos.

Lo anterior, a fin de fortalecer el acceso a la justicia laboral, prevenir violaciones a la legislación en la materia y garantizar el ejercicio pleno de los derechos reconocidos por el orden jurídico mexicano.

APRUEBAN EXHORTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD

En sesión ordinaria, las y los diputados aprobaron el acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno del Estado, así como a los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, adquieran o actualicen el equipo, los materiales y las herramientas que les permitan hacer frente a posibles contingencias derivadas de fenómenos meteorológicos o de cualquier otra naturaleza.

Asimismo, el Pleno del Congreso aprobó el acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno del Estado y en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, refuercen la difusión y comunicación de las medidas de prevención ante fenómenos geológicos.

Las y los diputados también avalaron el acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado, a los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que, en función de sus respectivas competencias y de manera coordinada, implementen campañas de concientización para el uso correcto del número de emergencias (911).

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los servicios de emergencia, optimizar los tiempos de respuesta y promover una cultura de responsabilidad ciudadana en el uso adecuado de los medios destinados a la atención de emergencias.

En su posicionamiento, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas expuso que el 911 es una herramienta fundamental para atender una situación de riesgo, por ello, se deben implementar acciones que permitan optimizar la respuesta y hacer un uso responsable por parte de la ciudadanía.

En tanto, el Pleno avaló el acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado, con especial énfasis en el municipio de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones implemente y fortalezca las acciones de vigilancia y monitoreo, con el uso de herramientas tecnológicas y operativas a fin de garantizar la seguridad de las y los poblanos.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Delfina Pozos Vergara puso énfasis en que es necesario verificar e inspeccionar que en diversos establecimientos no se comercien autopartes de procedencia ilícita.

Las y los diputados aprobaron el acuerdo por el que se exhorta los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, realicen revisiones periódicas de las condiciones institucionales y operativas de sus cuerpos de seguridad pública municipal y, atendiendo a los resultados obtenidos, adopten programas de fortalecimiento dirigidos a subsanar las deficiencias identificadas en materia de certificación, profesionalización, controles de confianza, supervisión interna, equipamiento, estado de fuerza, capacidad de respuesta, coordinación interinstitucional, proximidad y confianza ciudadana.

Sobre este asunto, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez expuso que la seguridad exige coordinación y corresponsabilidad, por ello destacó las atribuciones que tienen los municipios en la revisión periódica de sus instituciones de seguridad y el fortalecimiento de estas, con el propósito de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Finalmente, el Congreso aprobó el acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado implementen y fortalezcan programas permanentes de capacitación, con la finalidad de garantizar la seguridad de las y los poblanos.