
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- Arturo Mendoza González, integrante del Colectivo Hermanos Serdán y abogado que interpuso los amparos en contra el proyecto del cablebús en esta ciudad, fue vinculado a proceso por los delitos de violencia doméstica y lesiones, aunque la defensa logró que el juez de control cambiara la medida cautelar de prisión preventiva a resguardo domiciliario.
El activista fue detenido el sábado 26 de septiembre, luego de que su expareja presentó una denuncia en su contra, sin embargo, organizaciones y vecinos opositores al proyecto, que pretende concretar el gobierno de Alejandro Armenta Mier, han denunciado que el caso no ha seguido un debido proceso y que hay indicios de que se está usando para tratar de desarticular la lucha.
La audiencia de vinculación, realizada el viernes, se retrasó más de cinco horas y luego se extendió hasta las 11 de la noche. El juez determinó que había elementos para vincular a Mendoza por violencia doméstica y lesiones de su expareja y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
En la audiencia inicial, el juez había dictado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el opositor al cablebús fue enviado al penal de San Miguel, pese a que la defensa argumentó que el delito del que se le acusaba ni siquiera ameritaba prisión, por lo que la medida no estaba fundada, ni motivada. Ayer, esa medida se cambió por arraigo domiciliario.
Activistas denunciaron que otro de los indicios que despiertan sospecha en este caso, es que en la defensa de la víctima ha participado el costoso despacho de abogados Morales, Hernández y Asociados, que tiene sus oficinas en la Torre Platea, en la exclusiva zona de Angelópolis.
Ofrecen su respaldo al abogado
Diversas organizaciones han manifestado su respaldo a Mendoza y han demandado respeto a sus derechos humanos, acceso a debido proceso y respeto a la presunción de inocencia.
Indígenas nahuas del pueblo de Coyomeapan, de la Sierra Negra de Puebla, hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado y al gobernador Alejandro Armenta para que las instituciones que imparten justicia se conduzcan con principios de imparcialidad, legalidad y objetividad.
“Expresamos nuestra más profunda solidaridad y respaldo a Arturo Mendoza, integrante y fundador del Colectivo Hermanos Serdán, quien de manera digna y constante ha brindado su firme apoyo legal al movimiento legítimo de Coyomeapan, Puebla”, señalan.
“La justicia”, agregan, “no debe ser selectiva ni utilizada como herramienta de presión contra quienes defienden los derechos de las comunidades indígenas y populares”.
Igual, organizaciones ciudadanas y ambientalistas emitieron un pronunciamiento en el que reprueban actos de violencia contra cualquier persona, pero también actos de linchamiento mediático, revictimización y acoso dirigidos a los involucrados en el caso.
“Exigimos al Estado, garantizar que en ningún momento el procesamiento penal será utilizado con excesos, como mecanismo de revancha, venganza política o intimidación hacia la lucha social”, expresaron las organizaciones opositoras al cablebús.
De la misma forma, agregan que la lucha contra este proyecto se mantiene vigente y que continúan las demandas de transparencia, apego a las necesidades reales de movilidad, respeto al medio ambiente que no ha sido atendidas por el gobierno de Armenta Mier.
“Desde su inicio, la respuesta por parte de la administración pública ha estado marcada por la descalificación y la burla”, subrayan.
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