Así afecta la deuda pública a la economía del hogar

México Evalúa

Al cierre de mayo, el saldo de la deuda pública alcanzó una cifra difícil de imaginar: 17.7 billones de pesos. Si la llevamos al terreno cotidiano, equivale a decir que cada mexicano debe, en promedio, 133 mil pesos. Esta es la cantidad que, de una u otra forma, tendremos que cubrir nosotros —o las futuras generaciones— a través de los impuestos que pagamos. Entre ellos, el IVA (impuesto al valor agregado) que aumenta los precios, el ISR (impuesto sobre la renta) que le resta a tus ingresos, y demás contribuciones que alimentan las finanzas del Gobierno federal.

La pregunta es inevitable: ¿hoy debemos más o menos que antes? Aún considerando la inflación, la respuesta no deja lugar a dudas: debemos más. Si comparamos el monto actual con el de hace seis años, el saldo por persona de la deuda ha crecido 20% en valor real. Significa que cada mexicano debe hoy 22 mil pesos más que en 2019.

A simple vista, podría parecer que esta deuda no afecta directamente la economía familiar. Pareciera que no impacta en lo que pagamos en el supermercado o en la renta o hipoteca, las tarjetas o los gastos del hogar. Pero la realidad es que la deuda pública sí impacta el bolsillo, aunque no se note de forma inmediata.

Cada vez que compramos en una tienda, cargamos gasolina o recibimos nuestro salario con descuentos, estamos pagando impuestos. Es decir, que una parte de nuestros ingresos se va directo al Gobierno federal. La expectativa, lo ideal, es que ese dinero regrese a nosotros en forma de mejores servicios públicos, en obras de infraestructura, en mayor seguridad, en programas sociales o en cuidado gratuito a nuestra salud. Pero cuando las finanzas públicas arrastran altos niveles de deuda, una porción importante de esos recursos no vuelve a la economía familiar, sino que se destina a pagar intereses y compromisos financieros adquiridos con la deuda pública.

Esa es precisamente la situación que enfrentamos, de acuerdo al análisis que hacemos mes con mes de los datos más recientes publicados por el Gobierno. Para mayo de este año, el pago de intereses y compromisos por la deuda pública se incrementó 13% en términos reales frente a mayo de 2024. Esto equivale a 53.3 mil millones de pesos (mmdp) más. Para dimensionar este aumento, basta decir que es casi el doble del presupuesto anual de Jóvenes Construyendo el Futuro y poco más de tres veces el presupuesto completo del programa Pensión Mujeres Bienestar.

Por otro lado, mientras el costo de la deuda aumenta, los recursos que el Estado destina a financiar programas sociales y otros sectores diversos —lo que se conoce como gasto en subsidios, transferencias y aportaciones— ha caído 10% en términos reales durante el mismo periodo. En otras palabras, en los primeros cinco meses del año, el Gobierno ha reducido el dinero destinado a programas que impactan directamente en la economía de los hogares, al mismo tiempo que ha tenido que destinar más recursos al pago de intereses de la deuda pública.

Ahora bien, el ciudadano podría entender que parte de sus impuestos se destinen al pago de la deuda, siempre y cuando ese endeudamiento haya sido utilizado de manera productiva: para construir escuelas, hospitales, carreteras, trenes o infraestructura que impulse el desarrollo. Es decir, si nuestras contribuciones no se nos retribuyen directamente, al menos se esperaría que se traduzcan en inversión pública que beneficie al país en el largo plazo.

Es cierto que medir con exactitud qué tan productivo es el endeudamiento puede ser complicado. Sin embargo, una forma de aproximarse a esa respuesta es revisar cuántos centavos por cada peso de deuda contratada se destinan realmente a infraestructura pública.

A mayo, por cada peso de endeudamiento contratado en el año, se han destinado 97 centavos a inversión física, es decir, a obras e infraestructura. A simple vista, podría parecer una buena noticia: casi todo el endeudamiento estaría financiando inversión pública.

Sin embargo, el dato hay que tomarlo con cautela. Esta proporción está en su punto más alto del año y no es sostenible. En los próximos meses la inversión física comenzará a disminuir, mientras que el endeudamiento seguirá aumentando. Esto se puede calcular desde ahora debido a los montos ya aprobados de endeudamiento e inversión para 2025. Así, se espera que al final del año por cada peso de endeudamiento se destinen sólo 59 centavos al gasto en inversión física.

Así, la deuda pública no solo limita el presupuesto disponible para programas sociales, medicamentos y servicios de salud, educación o seguridad, sino que reduce la capacidad de construir un país mejor equipado, con carreteras de calidad, escuelas y hospitales en todas las regiones o infraestructura para un mejor manejo del agua.

Pero además, este costo sí afecta directamente a la economía familiar, porque cada peso que se destina al pago de intereses es un peso menos para servicios públicos que podrían aliviar el bolsillo de los hogares. Por ejemplo, las veces que preferimos pagar por medicinas, o tratamientos médicos, o por educación privada, en lugar de atenernos a lo que nos ofrece el Estado. O las veces que mejor damos por perdido lo que nos robaron porque no confiamos en la seguridad pública.

La deuda pública, aunque parezca lejana, se traduce en menos apoyos, menos inversión y, en muchos casos, en mayores gastos para las familias, al tener que cubrir con su propio dinero bienes y servicios que deberían recibir del Estado, gratuitamente y de calidad.

*Carlos Vázquez es investigador en el Programa de Gasto Público de México Evalúa y Jorge Cano es quien coordina dicho programa.