Denuncias de corrupción y acoso laboral sacuden a la secretaría federal del Bienestar en Puebla

Maricela Allende

Servidores públicos y beneficiarios exponen presuntas irregularidades en la asignación de recursos y la imposición de proveedores, señalando vínculos con funcionarios clave.

En marzo de 2025, varios servidores de la nación en Puebla hicieron públicas denuncias sobre presuntos actos de corrupción y prácticas de acoso laboral dentro de la Secretaría del Bienestar. Juan Pedro Romero Muñoz, con número de empleado 105947 y adscrito a Ahuazotepec, Puebla, denunció haber sido reasignado a un municipio distante tras oponerse a actos de corrupción. Romero relató un incidente en la escuela primaria Cristóbal Colón de Laguna Seca, donde el supuesto supervisor Ahkin Gerardo Millán Sagredo condicionó la entrega de recursos del programa LEEN a la contratación de tres constructoras específicas, amenazando con cancelar el financiamiento de no cumplir. Este individuo se presentó con un vehículo del programa Bienestar y afirmó tener conexiones con el delegado Rodrigo Abdala. 

En Tepango de Rodríguez, en la región 11 de Zacatlán, se presentó un caso relacionado con la escuela preescolar José Pablo. Gerardo Torres Barragán, funcionario de la Secretaría del Bienestar y enlace del programa “La Clínica Es Nuestra”, afirmó durante una reunión con el comité escolar que había salvado la escuela de perder recursos. En esta reunión, estuvo acompañado por un representante de una constructora, quien presionó al comité para que firmara anexos que en realidad eran contratos, mientras Gerardo revisaba los documentos. 

Otro caso relevante es el de la clínica de San Baltazar Xochitlalco en Tepetzintla, donde una servidora de la nación convocó al comité el 14 de junio de 2024 para firmar un contrato con la empresa GUBERO S.A. de C.V., sin la presencia del personal de salud, lo que generó sospechas. Se documentaron los hechos en un acta que incluía una copia del contrato. Un funcionario llamado Javier Meza Guerra, activo en otra coordinación del gobierno, estuvo presente y presionó al comité, lo que plantea un posible conflicto de intereses. 

El 7 de agosto de 2024, beneficiarios y personal médico del programa “La Clínica Es Nuestra” en esta región denunciaron a funcionarios de Bienestar por imponer un esquema de ejecución de recursos, generando preocupación sobre la transparencia y el uso de fondos. Se acusa a una funcionaria y al coordinador regional del programa, Eduardo Torres, de intervenir en la manipulación de los recursos destinados a la región, aprovechándose de su acceso a catálogos de productos y servicios, como el mantenimiento de las clínicas. Esto parece estar respaldado por la encargada estatal de Bienestar, Vida Inés Vargas Cuanalo. 

Los servidores de la nación en la Sierra Nororiental enfrentan dificultades debido a la falta de información necesaria para la correcta ejecución de los recursos, lo que los mantiene parados en sus actividades. Las fuentes indican que la directora general ha contactado a los comités de manera discrecional, llevando catálogos de servicios preparados por sus familiares. Además, se detectó la existencia de un contrato de casi 375,000 pesos con la empresa GUBERO S.A. de C.V. para la construcción de una clínica en San Baltazar Xochitlaxco, firmado por el comité local, que también carece de referencias en directorios o procesos de licitación públicos. 

Javier Meza, vinculado al grupo de Jorge Peláez y apoyado por Yolanda León Quintero, Alfredo Amador y la delegada Virginia Guevara Carmona, trabajó en Chignahuapan. Se denunció que varias empresas están obligando a clínicas y doctores a contratarlas para frenar la corrupción en el gobierno. Los denunciantes consideran que las acusaciones públicas son más efectivas que presentar quejas ante instancias que estarían controladas por los mismos involucrados. 

Un caso destacado es el de la clínica Acolihuia del municipio de Chignahuapan, donde la enfermera María Elena Hernández, secretaria técnica del comité, denunció que la empresa GUBERO S.A. de C.V. no ha surtido adecuadamente el equipo contratado, entregando solo entre el 40% y 50% de los pedidos, y notablemente a precios exorbitantes y de mala calidad. También mencionó las penalizaciones impuestas si se cancela el contrato. 

En el caso del CESSA Chignahuapan, la enfermera Silvia Huerta Carrasco solicitó a las autoridades que solucionen el retraso en las obras de la clínica, atribuible a la rápida conformación del comité y la imposición de una tesorera. A pesar de promesas de solución por parte de funcionarios de Bienestar, la situación no ha mejorado. Además, se reportó en la revista “Prensa Municipal” que se ha denunciado a la empresa encargada de las obras por realizar un trabajo deficiente desde septiembre de 2024, donde se señalaba que los materiales fueron robados y las obras quedaron inconclusas, sin cumplir con el monto total acordado. 

El director del nosocomio manifestó que es una falta de respeto y atención que la obra no se haya consultado con los integrantes de este Centro de Salud, quienes necesitan más consultorios y equipo especializado. Se comentó incluso entre los beneficiarios que debió llevarse a cabo una asamblea para establecer el Comité, pero los trabajadores de la Secretaría de Bienestar en la delegación de Chignahuapan ignoraron esta necesidad e impusieron a la tesorera de la obra, Erica León Quintero. Se informó que la obra se está ejecutando a través de la federación con recursos asignados por la Secretaría de Bienestar. Sin embargo, se considera que para la cantidad de dinero involucrada, de un millón 200 mil pesos, los resultados son mínimos, y según el personal, no se ha gastado ni la mitad del presupuesto.

Se espera que las autoridades competentes inicien una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales o administrativas. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar que los programas sociales cumplan su objetivo de beneficiar a la población más vulnerable y no se conviertan en instrumentos de corrupción y manipulación política.