En seguridad y energía México prefiere la demagogia al desarrollo

Staff/RG

Las naciones que prosperan diseñan estrategias económicas y de seguridad basadas en datos y realidad objetiva. Por ejemplo, China —modelo que aparentemente Morena quisiera imitar— ha demostrado que el desarrollo se construye con inversión estratégica en infraestructura, educación y tecnología. El Gobierno mexicano, en contraste, parece preferir la demagogia y la manipulación de cifras. Dos ejemplos ilustran cómo este enfoque nos aleja del desarrollo: el discurso de la soberanía energética sin fundamentos económicos y la manipulación de datos sobre criminalidad.

El gobierno mexicano ha insistido en una estrategia energética basada en el concepto de soberanía. Para ello promueve reformas que en realidad debilitan la estructura económica de Pemex y CFE. En lugar de desarrollar una estrategia realista que fortalezca la competitividad de México en el sector energético, el gobierno se aferra a una narrativa nacionalista sin sustento financiero.

En cuanto al manejo de la criminalidad, el gobierno presume una reducción de la violencia, pero el uso de datos de incidencia delictiva del SESNSP como prueba de pacificación es cuestionable. El crimen organizado ha desarrollado estrategias para desaparecer cuerpos, lo que evita que los homicidios sean registrados. Ello sugiere que la reducción de homicidios en las estadísticas es más un espejismo político que una realidad tangible.

México debe trabajar en hechos, no en discursos. El mundo no espera a quienes se niegan a avanzar.

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La reforma energética de Sheinbaum busca fortalecer la soberanía y justicia energética, y para ello modifica la estructura de Pemex y CFE para librarlas de generar valor económico. Sin embargo, el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) ha instado a Trump a revisar la reforma bajo el T-MEC, argumentando que inhibe la competencia. Esto se suma a la presión para expandir el gas natural licuado (LNG) en EE.UU., lo que podría elevar precios y afectar la economía mexicana, dependiente en un 70% del gas importado. México insiste en reducir exportaciones de crudo y aumentar su autosuficiencia, pero Pemex ha acumulado pérdidas y la inversión en energías renovables ha caído. La interdependencia con EE.UU. es clave: el 98.2% de las exportaciones energéticas mexicanas van allí. Ante este panorama, la gran incógnita es si México ante la presión de EE.UU. deberá adaptar su estrategia. Un artículo del Programa de Regulación y Competencia.

Lo que México no logra recrear del éxito de China

El conflicto entre China y EE.UU. comenzó antes de Trump, señala Luis Rubio, presidente de México Evalúa, en su columna titulada Lecciones. Tras años de complementariedad económica, la relación se deterioró, impulsando a EE.UU. a replegarse de la globalización y a China a fortalecer su educación tecnológica. El éxito chino radica en su apuesta por la educación en áreas STEM y en la cuantiosa inversión en infraestructura y salud, lo que elevó su productividad y nivel de vida. En contraste, México emprendió reformas en los 80, pero sin lograr avances comparables. Morena ve a China como modelo, pero se niega a replicar su inversión en infraestructura y educación y en cambio apuestan por políticas erráticas. En lugar de enfocarse en pleitos y ocurrencias, el país debería aprovechar retos como la rivalidad EE.UU.-China para impulsar su transformación.

Legalidad en entredicho: el caso de las 29 personas entregadas a Trump

La entrega de 29 presuntos narcotraficantes a EE.UU. por el Estado mexicano no es un triunfo, sino evidencia de la fragilidad de sus instituciones de justicia, advierte este análisis del Programa de Justicia. Incapaz de procesar casos de alto impacto, el gobierno mexicano optó por ignorar la legalidad para aliviar la presión de Trump. El Gabinete de Seguridad justificó la entrega con la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución, pero sin precisar la atribución ejercida ni el procedimiento seguido. El fiscal Gertz Manero mencionó un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional y la Convención de Palermo, aunque esta última sólo regula extradiciones. La decisión se tomó sin control judicial abusando de atribuciones discrecionales. Se culpó a jueces federales por el retraso de extradiciones, desviando la atención de la Fiscalía, responsable de sostener acusaciones. EE.UU. presentó la entrega como un logro de su presión, mostrando cómo México cede a amenazas externas.

Este balance considera la sumatoria de víctimas de homicidios dolosos, feminicidios y personas desaparecidas y no localizadas. Al incorporar los datos de personas desaparecidas, el contexto cambia completamente. Además de Sinaloa, Tabasco y Guanajuato, ahora Sonora, Quintana Roo, Puebla y la Ciudad de México se suman a las entidades con un balance muy negativo en inseguridad. Todos estos territorios experimentan un reacomodo violento de fuerzas criminales. Por el contrario, 11 entidades federativas exhiben un balance muy positivo y reportan una reducción de la violencia. Sin embargo, estados como Jalisco y Tamaulipas se encuentran dentro de esta categoría a pesar de contar con severos problemas de desaparición de personas. Se desconoce si dicha situación se explica por la intervención de los gobiernos, los controles ejercidos por grupos criminales o la manipulación de las cifras. Un monitoreo mensual del Programa de Seguridad.

Los datos de incidencia delictiva del SESNSP no prueban que México esté en pacificación. Usarlos como argumento revela ignorancia o indiferencia. Estos datos provienen de denuncias y registros de fiscalías, pero su fiabilidad es limitada. La debilidad institucional impide identificar correctamente homicidios, generando clasificaciones erróneas y omisiones. El crimen organizado ha aprendido a ocultar la violencia, desapareciendo cuerpos en lugar de dejarlos como evidencia. Entre 2007 y 2023, se hallaron más de 5,600 fosas clandestinas, con miles de desaparecidos ignorados en las cifras oficiales. Investigaciones de Causa en Común muestran que la disminución de homicidios coincide con el aumento de otros delitos contra la vida y desapariciones, sugiriendo una estrategia para fortalecer discursos políticos en pro de la militarización. Un artículo del Programa de Seguridad.

El informe evalúa la justicia penal en Nayarit y propone mejoras para proteger los derechos de víctimas e imputados. Destaca que el estado obtuvo el último lugar en el Índice de Capacidad en impartición de justicia, con 206.22 puntos de 1,000 posibles. 93.8% de los delitos no se denuncian ni investigan, superando el promedio nacional. La extorsión (98.9%) y el fraude (96.9%) son los delitos con mayor cifra negra. Los operadores del sistema judicial presentan cargas de trabajo dispares: jueces y ministerios públicos tienen menor carga que el promedio nacional, mientras que peritos y defensores públicos están sobrecargados. Además, el 50.45% de los presos esperan sentencia, superando la media nacional, y la prisión preventiva oficiosa se aplicó en 64.7% de los casos. El reporte recomienda fortalecer la política de persecución penal, priorizar la extorsión y el fraude, revisar la prisión preventiva y mejorar la defensoría pública.