Por: Abigail Nolasco Rodríguez

En Puebla, el uso de cámaras de seguridad ha generado un intenso debate. Mientras algunos las consideran herramientas indispensables para combatir la delincuencia, otros cuestionan su eficacia y los dilemas éticos que conllevan. Estas controversias han cobrado relevancia debido a la creciente cantidad de videos que documentan hechos delictivos, difundidos ampliamente en redes sociales y medios de comunicación.

Las cámaras de vigilancia, instaladas en calles, negocios y espacios públicos, han permitido capturar desde asaltos hasta accidentes de tránsito. En muchos casos, estas grabaciones han sido fundamentales para identificar a los responsables. Sin embargo, también han despertado inquietudes sobre la protección de la privacidad y la revictimización de quienes aparecen en los materiales.

Por un lado, las autoridades municipales y estatales defienden la instalación de estos dispositivos como parte de una estrategia integral de seguridad. Según datos oficiales, Puebla cuenta con más de 6,000 cámaras conectadas al sistema C5, que monitorean actividades en tiempo real.

No obstante, la población se muestra dividida. Aunque algunos ciudadanos sienten mayor tranquilidad al saber que su entorno está vigilado, otros critican que las cámaras no necesariamente evitan los delitos, sino que simplemente los documentan. Además, han surgido preocupaciones sobre la falta de regulación en el uso y difusión de estas grabaciones. En redes sociales, los videos que denuncian delitos a menudo exponen a víctimas y testigos, muchas veces sin su consentimiento.

De acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales, la difusión de materiales grabados puede considerarse legal si se justifica como de interés público o en condiciones de emergencia. Sin embargo, cuando el contenido no cumple con estos criterios y vulnera la privacidad de una persona, la ley contempla sanciones de hasta 18 millones de pesos y penas de prisión de hasta cinco años, dependiendo del caso.

Especialistas en seguridad advierten que las cámaras deben integrarse en un enfoque más amplio que priorice la prevención y la educación. “La vigilancia no sustituye a una política efectiva contra las causas de la delincuencia, como la desigualdad y el desempleo”, explica el criminólogo Luis García.

En medio de esta controversia, los poblanos enfrentan un desafío crucial: encontrar un equilibrio que permita aprovechar los beneficios de la tecnología sin comprometer la dignidad y privacidad de las personas. ¿Son las cámaras la solución al problema de la inseguridad o solo una herramienta imperfecta en un contexto complejo? La respuesta, al igual que el debate, sigue abierta.

Abigail Nolasco Rodríguez

Joven, estudiante de derecho y las ciencias políticas, activista social comprometida con la organización comunitaria como herramienta para generar cambios reales y sostenibles. Creo firmemente que la participación colectiva y el fortalecimiento del tejido social son pilares fundamentales para transformar nuestra sociedad desde sus cimientos