El País

Trabajadores de distintos sectores del Poder Judicial de la Federación (PJF) someterán a votación la decisión de un paro de labores indefinido para impedir el avance de la reforma judicial. En la víspera de la aprobación del proyecto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, jueces, ministros, magistrados y empleados sindicalizados han trazado el mapa de ruta sobre las acciones que emprenderán cuando se concrete la casi inminente aprobación del proyecto en la instancia legislativa o cuando se conozca el contenido. Los impartidores de justicia han calificado de “simulación” los foros nacionales para discutir la propuesta de reforma constitucional y llaman a frenar su avance en el Legislativo. Simultáneamente el gremio sindical ha informado que emprenderá acciones legales contra los juzgadores que presuntamente ejercen presión y amenazas contra el personal agremiado para persuadirlos para apoyar el paro de labores que se perfila inicie el primer minuto del miércoles 21 de agosto, si así lo decide la mayoría.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) han acordado la vía del voto para decidir si emplazan a un paro nacional en rechazo a la reforma enviada a la Cámara baja por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en febrero. La polémica reforma a la Constitución plantea, entre otros aspectos, que jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular. Esto ha generado protestas de trabajadores e impartidores de justicia por las implicaciones laborales y su impacto en el sistema judicial. La jornada de votación se ha programado para el próximo lunes a partir de las 9.00 y hasta las 20.00 horas. Los trabajadores participarán en el plebiscito de manera electrónica mediante su correo institucional.

Sobre el levantamiento del paro laboral han establecido que sea hasta que se cumplan sus peticiones y con la aprobación de los órganos de dirección de la Jufed. La asociación ha dejado la puerta abierta al diálogo encaminado a la negociación y a la construcción de consensos para tomar las mejores decisiones “por el bien del Poder Judicial de la Federación como garante de la seguridad jurídica en México”, se lee en un comunicado. Los impartidores de justicia consideran que el ejercicio de parlamento abierto que la Cámara baja realizó de 27 de junio al 9 de agosto, “no cumplió con las características de una consulta parlamentaria para una reforma judicial”, y consideran que se requiere de un debate de mayor altura.