Maricela Allende

La crisis de personas desaparecidas en México continúa en aumento, y el estado de Puebla no es la excepción. Según cifras proporcionadas por Red Lupa, hasta mayo de 2024 se han registrado 2,753 personas desaparecidas en el estado poblano, un aumento de 158 casos en comparación con el año anterior.

Estos datos alarmantes subrayan la urgente necesidad de una respuesta efectiva por parte de las autoridades y la sociedad.

Desde 2014, Puebla ha visto un aumento constante en los casos de personas desaparecidas, alcanzando un pico en 2023 con 411 personas que aún no han sido localizadas.

La situación se mantuvo relativamente estable con alrededor de 200 casos anuales hasta una notable disminución en 2020, atribuida posiblemente al confinamiento por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el año 2023 volvió a registrar un incremento significativo, una tendencia que continúa en 2024.

Particularmente preocupante es el impacto en los jóvenes y las mujeres.

El 42% de las personas desaparecidas y no localizadas tiene entre 15 y 29 años. Además, del total de menores desaparecidos, el 62.81% son niñas, con 40 casos reportados solo entre enero y mayo de 2024.

Las cifras destacan la vulnerabilidad de estos grupos y la necesidad de políticas específicas para su protección.

La capital del estado, Puebla, concentra el mayor número de desapariciones, pasando de 922 casos en 2023 a 969 en mayo de 2024.

Otros municipios con altas cifras incluyen Tehuacán (230), Tepeaca (106), Huauchinango (79) y San Martín Texmelucan (79). Este patrón geográfico requiere un análisis detallado para entender las dinámicas locales y dirigir recursos y esfuerzos hacia las áreas más afectadas.

A nivel nacional, hasta el 15 de marzo de 2024, las autoridades mexicanas han registrado un total de 99,729 personas desaparecidas o no localizadas.

Este dato subraya que la crisis en Puebla es parte de un problema más amplio que requiere una estrategia coordinada y de largo plazo a nivel federal y estatal.

Frente a este panorama, es imperativo que las autoridades refuercen las acciones para la prevención y localización de personas desaparecidas. Además, se necesita el apoyo de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales para crear conciencia y presión social.

Las familias de los desaparecidos no deben enfrentarse solas a esta tragedia; la justicia y la seguridad son responsabilidades compartidas.

La lucha contra la desaparición de personas debe ser una prioridad en la agenda pública. Cada caso representa una vida truncada y una familia desgarrada, un recordatorio constante de la urgencia de actuar de manera decidida y eficaz.