Maricela Allende

Los datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) pintan una realidad alarmante en México: desde el inicio del mandato del presidente López Obrador hasta enero de 2024, se han registrado un total de 4,817 casos de feminicidios. Estas cifras escalofriantes dan cuenta de una problemática que persiste y que exige acciones urgentes por parte de las autoridades.

Es importante analizar estas cifras en contexto. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 3,056 asesinatos de mujeres en condición de feminicidio, la impunidad y la ineficacia del sistema de justicia fueron una constante. Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) revelaron que, entre 2012 y 2018, hubo 739 condenas por feminicidio, pero también 105 absoluciones, dejando entrever las fallas en el proceso judicial y la falta de justicia para las víctimas.

Asimismo, durante el gobierno de Felipe Calderón, se documentaron 4,112 feminicidios, según datos de Católicas por el Derecho a Decidir. Estas cifras muestran un incremento alarmante en comparación con periodos anteriores, evidenciando la gravedad de la situación y la necesidad de políticas públicas efectivas para abordar esta problemática.

En el presente sexenio, el Estado de México encabeza la lista de entidades con el mayor número de feminicidios, seguido por Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y Jalisco. Estas cifras no solo reflejan la violencia de género arraigada en diversas regiones del país, sino también la urgencia de implementar medidas que protejan la vida y la integridad de las mujeres.

Es fundamental que las autoridades asuman su responsabilidad en la prevención y persecución del feminicidio. Esto implica fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia, garantizar la protección y atención integral a las víctimas, así como fomentar una cultura de respeto y equidad de género en todos los ámbitos de la sociedad.

La lucha contra el feminicidio no puede esperar más. Es un deber moral y ético de todos trabajar en conjunto para erradicar esta violencia que sigue cobrando vidas y dejando un profundo dolor en nuestras comunidades.