Jorge Barrientos
Más de una veintena de maestros despedidos de manera injustificada de la la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros pidieron la intervención de las autoridades educativas estatales y federales, para que puedan reinstalarlos en sus puestos de trabajo, así como el pago de los salarios caídos y prestaciones.
José Raymundo Ceja Vázquez acusó que, a la llegada del rector Javier Santiago Reyes, en marzo, se comprometió a que no habría “cacería de brujas”, pero que sí se revisarían los perfiles de todos los trabajadores, varios con una antigüedad de más de 20 años.
Denunciaron que a inicios de mayo recibieron la notificación de recursos humanos de dicha institución que ya no había suficiencia presupuestal, a pesar de que el recurso de la universidad se contempla en la Ley de Egresos del Estado de Puebla y, para el ejercicio fiscal 2023, hay una cantidad de $71 mil 688 237 sin contar las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos de los gobiernos federal y municipal.
“Este argumento es ilegal y ha afectado a alrededor de 21 trabajadores de forma directa, principalmente profesores”.
También ya han presentado denuncias correspondientes en la Secretaría de la Función Pública Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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