DEBATE 

Por Roberto Desachy Severino 

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A mediados de diciembre del año pasado, de cara a las elecciones en Estado de México y Coahuila y cada día más cerca de los comicios presidenciales del 2024, la mayoría morenista y sus aliados (PT-PVEM) en las cámaras de senadores y diputados federales aprobaron una Ley de Comunicación Social, que –en los hechos- parece una estrategia de exterminio contra los medios informativos y, también, la crítica hacia AMLO y la 4T.

Dicho precepto legal ya ha sido impugnado formalmente a través de sendas controversias constitucionales por Congresos locales de Jalisco, Guanajuato e infinidad de ayuntamientos, como los de León, Irapuato (Guanajuato), Mérida (Yucatán), Puebla, San Pedro Cholula, Querétaro, San Luis Potosí y el mismo INE: León lidera a 75 municipios en controversias contra la Ley de Comunicación Social de AMLO

Porque –en los hechos- la Ley General de Comunicación Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre impuso en el marco legal del país las NUNCA disimuladas fobias, animadversión y rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los medios informativos en general y periodistas en particular: Medios de comunicación, coludidos con García Luna, acusó AMLO

Incluso, el 2 de febrero, el INE ratificó haber interpuesto ante la SCJN una controversia constitucional contra ese concepto legal morenista-amlista, “debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto publicado crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.

A CONVENIENCIA E INTERÉS DE LA 4T

“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado”

“La reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”, detalló el órgano electoral que, también y de manera permanente, ha sufrido las embestidas cuatroteistas: Presenta INE controversia constitucional en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

En el caso de los espacios informativos, la inconformidad se sustenta en dos párrafos del artículo 26 de dicha ley, que establece una cantidad mínima, irrisoria, para que las administraciones federal, estatales y municipales destinen a la difusión de sus programas, objetivos y logros gubernamentales: “El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente”.

De no ser revertida dicha ley por la SCJN, la eliminación –en la práctica- del presupuesto de Comunicación Social permitirá a AMLO y la 4T exterminar a miles de medios informativos en todo el país y apoderarse, ahora sí, de toda la opinión pública, pese a que datos del INEGI señalan que más de 44 mil personas se desempeñan en los espacios de comunicación del país, como periodistas, locutores, etc:

MANIPULACIÓN POLÍTICA Y EXTERMINIO DISFRAZADOS DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

Como acostumbra, el pretexto morenista para eliminar el presupuesto en comunicación social de TODOS los gobiernos es la supuesta “austeridad republicana” del sector público. El problema es que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gestión NO obedecen ese mismo mandato, como lo demostraron muchas de sus operaciones administrativas del año pasado.

El pasado lunes 13 de febrero, la ONG Mexicanos Contra La Corrupción y la Impunidad publicó Nuestro Dinero, con datos duros que dejan muy claro que la 4T solamente aplica buenos principios administrativos cuando le conviene, ya que en 2022 el gobierno federal entregó por adjudicación directa 8 de cada 10 contratos, pese a que el propio AMLO había prometido desaparecer esa práctica.

Además, “en 2022 el monto de compras entregado por mecanismos que deberían ser excepcionales representó más de la mitad del total de recursos gastados en contratos, lo cual contradice las leyes de compras. Es el cuarto año que esto sucede de manera consecutiva, consolidándose como la nueva regularidad de este gobierno.

“Más de 1,700 contratos de la APF violaron la ley al superar el monto que tenían permitido contratar mediante adjudicaciones e invitaciones restringidas. En cerca de 300 licitaciones identificamos un mecanismo de simulación de competencia, pues la convocatoria para participar en la contratación se publicó después de que los contratos ya habían sido firmados: LA EXCEPCIÓN COMO REGLA: ABUSOS E IRREGULARIDADES DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO EN 2022

HÁGASE LA RACIONALIDAD…EN LAS ARCAS DE LOS OTROS GOBIERNOS

“De 264 instituciones analizadas, el 45% incumplió las leyes de compras, pues dedicó más de la mitad del monto de sus contratos en procedimientos que solo deberían usarse excepcionalmente. Pese a las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de Cofepris, instituciones del sector salud contrataron por más de 40 millones de pesos a dos empresas que tuvieron irregularidades en medicamentos.

“El Instituto Nacional de Pediatría dio dos contratos para la compra de medicamentos de quimioterapia a la empresa Medikament de México, que fue suspendida por falsificación de insumos médicos”, detalló dicha ONG a través de su espacio informativo Nuestro Dinero, que, con este bien fundamentado análisis, destruye el mito de la “austeridad” del gobierno federal y, al mismo tiempo, explica por qué al cuatroteísmo parece urgirle exterminar a los espacios informativos críticos.

Este intento de desaparecer a centenares y, tal vez, miles de espacios comunicación no fue más convertir en ley y política de Estado el rechazo, animadversión y, quizás, también rencor, que –lamentablemente- el presidente ha demostrado hacia el periodismo en general:México, tercer país con mayor cantidad de periodistas asesinados

Al final del día, en sus mañaneras, él mismo AMLO acostumbra externar con singular asiduidad y alegrías su encono por el periodismo y su gobierno manifiesta una permanente y preocupante indiferencia hacia los ataques e, inclusive, homicidios contra profesionales de los medios de información: Periodistas nacionales solicitan a López Obrador frenar ataques y se solidarizan con Ciro Gómez Leyva