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El exministro brasileño de Justicia y exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Anderson Torres, declaró que “nunca facilitaría las condiciones” para que se produjeran los hechos golpistas del 8 de enero en Brasilia.
Las declaraciones se hicieron durante una audiencia de control de detención realizada el 14 de enero, luego de que Torres fuera arrestado al llegar al aeropuerto de Brasilia, y se hicieron públicas el lunes (23). Torres también dijo que no forma parte de la “guerra ideológica” y que no cuestionó el resultado de las elecciones.
Al inicio de su testimonio, el exministro afirmó que no tuvo nada que ver con los hechos y que recibió como un “cañonazo en el pecho” la noticia de su orden de prisión, expedida por el juez Alexandre de Moraes, de la Suprema Corte, mientras estaba de vacaciones en los Estados Unidos.
“Este arresto y esta acusación me tomaron por sorpresa. (…) Fue un cañonazo en mi pecho. Estaba de vacaciones, unas vacaciones soñadas por mí y mi familia. En mi segundo día de vacaciones, ocurrió este crimen horrendo en Brasilia, este ataque contra el país, y me culparon. Nunca permitiría que esto sucediera, soy un profesional, soy un técnico y nunca haría eso”, dijo.
El exministro declaró que “trató de calmar” las tensiones entre los Tres Poderes durante el período en que comandó el Ministerio, incluso con visitas a los jueces de la Suprema Corte.
“Salgo de casa a las 7 de la mañana todos los días y llego a la medianoche. Perdón por el desahogo, pero ¿ser acusado de terrorismo, golpe de Estado? Por Dios, ¿qué está pasando? Esta guerra que se creó en el país, esta confusión entre los Poderes, esta guerra ideológica. No me pertenece. Soy un ciudadano equilibrado”, concluyó.
El propósito de la audiencia de control de detención es verificar las condiciones del momento de arresto. Así, Torres no fue preguntado sobre las acusaciones de omisión en la seguridad de los edificios públicos durante los hechos y sobre el borrador del decreto presidencial hallado en su casa por la Policía Federal.
El texto del decreto mencionaba una intervención militar en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE) para impugnar la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.
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