Staff/Rossi

Las universidades que formamos el Sistema Universitario Jesuita exhortamos a las autoridades de todos los niveles a reconocer y atender los casos de desapariciones forzadas en México –las que suceden con la participación o el silencio de uno o más servidores/as públicos/as— y a llevar a cabo medidas coordinadas, eficientes e inmediatas para frenar cualquier tipo de desaparición en el país, así como a sancionar de manera adecuada a los o las responsables de este delito.

Les recordamos a las autoridades y ciudadanos/as que, aunque es una obligación del Estado investigarlas, juzgarlas y sancionarlas, en muchos casos las desapariciones forzadas quedan impunes porque las familias de las víctimas tienen miedo de denunciar o darle seguimiento a los casos, por lo cual es indispensable el apoyo de las instituciones.

Desde diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y, año con año, recordamos esta fecha para exigir a las autoridades que se garantice que esta violación grave a los derechos humanos sea prevenida, investigada y sancionada, además de que se asegure la búsqueda efectiva y el acceso a la verdad de las víctimas.

Recordamos que la desaparición forzada es una privación ilegal de la libertad realizada por agentes gubernamentales, por grupos organizados o por personas que actúan con apoyo o tolerancia del Estado, y en la que se niega a reconocer la privación y proporcionar información del paradero de la persona. Además, se violan también derechos fundamentales como:

• A la libertad personal
• A la seguridad y dignidad personal
• A no sufrir tortura ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes A la personalidad jurídica
• A la vida

Además, frente al contexto nacional, hacemos visibles también a las víctimas de desapariciones involuntarias o cometidas por particulares, las cuales incluyen los elementos de la conducta mencionados previamente, pero que son obra de personas que actúan sin el apoyo o tolerancia del Estado.

En México, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) se estima que existen al menos 91 mil personas desaparecidas desde 1964 a la fecha y son Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México las entidades que concentran 76% de las desapariciones.

Es por esto que desde el Sistema Universitario Jesuita nos solidarizamos con las víctimas y sus familiares, y reiteramos nuestro compromiso de seguir acompañándoles en sus exigencias y procesos de verdad, memoria, justicia y reparación. Asimismo, exhortamos a las autoridades competentes a:

Continuar con la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

• A las entidades del país, a continuar con la armonización de la Ley General y de la Ley de Declaración de Ausencia
• Poner en marcha el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y adoptar todas las medidas necesarias para la identificación pronta y certera de las personas, incluyendo la implementación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense
• Investigar, sancionar y reparar los daños a las víctimas
• Seguir los protocolos de atención hacia las víctimas para evitar su revictimización
• Generar un mecanismo institucionalizado a nivel federal y estatal de presupuestación progresiva en la materia, para que las tareas de búsqueda e identificación forense estén posibilitadas financieramente
• Sobre todo, a adoptar medidas preventivas eficaces para que erradiquemos un flagelo como éste.