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Lejano al espíritu de esta figura constitucional y visto más como una promoción de la imagen presidencial, el ejercicio del 1 de agosto próximo desgasta los objetivos de una consulta popular, considera la académica Azul Aguiar, y critica que se les pregunte a los ciudadanos sobre un tema que debería ser investigado por la justicia.

La consulta popular para llevar a juicio a los cinco últimos expresidentes de México, que se llevará a cabo el 1 de agosto próximo, es solo una estrategia para posicionar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y desvirtúa la esencia de este mecanismo de participación ciudadana, consideró Azul Aguiar Aguilar, académica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO.

“Es una forma de adquirir popularidad del presidente poniendo en juego varios de los temas más delicados en la política de México: la corrupción, el tráfico de influencias y las irregularidades de las administraciones anteriores”, señaló. “Para ello se busca seguir cultivando en su fuerte grupo de seguidores la idea de que el gobierno de AMLO está ampliando los procesos democráticos y está verdaderamente transformando el régimen político”.

Para Aguiar el principal problema de la consulta impulsada por AMLO es que pregunta sobre derechos ya existentes en la Constitución . “Para eso (llevar a juicio a los expresidentes) tenemos las fiscalías, las policías investigadoras, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), un conjunto de instituciones que parecen estar pintadas ya que, al final de cuentas, deberían tomar acción contra posibles delitos o infracciones y no lo están haciendo”.

En contraparte se dejan de lado los temas que pueden formar parte de una consulta popular y, con ello, elevar la participación ciudadana sobre los asuntos públicos y mejorar la democracia constitucional del país, lo que desgasta este legítimo ejercicio de participación, subrayó la especialista.

“No nos preguntan, por ejemplo, cómo queremos que se integre una comisión para la búsqueda de personas desaparecidas o cuál es el mejor proceso para seleccionar ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, aseveró. “No podemos discutir en una consulta popular sobre si debemos realizar o no elecciones, o si se reeligen los presidentes. Pero si podemos discutir los requisitos para hacer más independientes a ciertas instituciones como la fiscalía o el Instituto Nacional Electoral (INE)”.

En síntesis, Aguiar no considera viable participar en la convocatoria del 1 de agosto “por el fondo, ya que no nos pueden consultar derechos”, y advirtió que “pedir que juzguen a alguien sin poner la evidencia en la mesa es problemático”.

Lejos de un verdadero ejercicio democrático

La consulta, avalada por la SCJN el pasado 1 de octubre de 2020, puede ser vista por parte de la ciudadanía como un mecanismo que sirve para denostar, siendo que representa todo lo contrario, un instrumento de apoyo para la ciudadanía para resolver problemas y avanzar en materia de derechos, reiteró Aguiar.

“La consulta popular es un mecanismo muy eficiente y garantiza que se ejerzan otro tipo de mecanismos diferentes a las elecciones para elegir representantes. Expande la democracia a los ciudadanos y nos ayuda a tener más posibilidades de intervenir en la vida pública”, amplió.

El Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca que los habitantes de este país pueden votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y pueden ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente, de 33 por ciento de los diputados y/o senadores o los propios ciudadanos en una solicitud respaldada, al menos, por 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Para que el resultado de una consulta popular sea vinculante para los poderes Legislativo y Ejecutivo, deberá participar 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, es decir, 37 millones de votantes. En comparación, 48.6 millones de ciudadanos participaron en las elecciones intermedias de 2021.

Sin embargo se ve complicado que se alcance la votación de 40 por ciento del padrón electoral, ya que el presupuesto del INE para este ejercicio fue de 528 millones de pesos, cantidad menor a la solicitada por el organismo autónomo en el presupuesto de este año. Además, se instalarán 59 mil mesas receptoras en todo el país, pero en la elección intermedia del 6 de junio operaron más de 163 mil casillas.

“Si la consulta llega a ser vinculante, la investigación a los expresidentes es algo que se va a quedar en la fiscalía, que depende del presidente”, recordó Aguiar. “Si acuden grandes masas a votar, aunque no se logre el 40 por ciento de participación, sería perfecta para culpar al INE de que la consulta no está bien hecha, aunque el presupuesto fue limitado por este gobierno”.

Detalles de la consulta popular

¿Cuándo será?

El 1 de agosto.

¿Qué se preguntará?

La SCJN avaló esta pregunta específica, criticada por su ambigüedad y redacción: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

¿Cómo se contestará esa pregunta?

Podrás responder “Sí” o “No”.

¿Qué se necesita para participar?

Tener credencial para votar con fotografía vigente. Además se mantendrán las medidas sanitarias por el Covid-19 como el uso de cubrebocas, la desinfección de superficies con las que se entre en contacto y la petición al votante de que lleve su propio bolígrafo para marcar las papeletas.