Hipólito Contreras

Se ha iniciado un proceso en la Cámara de Diputados para avanzar en el proyecto de la Ley General de Agua que sustituya a la Ley de Aguas Nacionales que fue creada en el gobierno de Salinas de Gortari, la organizaciones han presentado una iniciativa para que en este periodo de sesiones del Congreso se apruebe la nueva ley en la que el agua sea considerada un derecho humano y este en manos de los municipios, no de las empresas, afirmó María Eugenia Ochoa García, integrante de la Asamblea Estatal del Agua.

Indicó que en febrero del 2012 se planteó una reforma al artículo cuarto de la Constitución de México para dejar claro el derecho al agua, se proponía una nueva ley que fuera coherente con este apartado, pero esto no ocurrió, sigue la misma Ley de Aguas Nacionales.

Agua para Todos, Agua para la Vida, explicó, es una coordinadora nacional que reúne a más de 890 organizaciones sociales y comunitarias, académicos y universidades, se fue construyendo a partir del 2013 una iniciativa ciudadana de ley general del agua, la que fue presentada en febrero de este año al Congresos federal, para que fuera dictaminada, se presentó con más de 190 mil firmas.

Una fracción de Morena presentó una iniciativa con algunas diferencias, se buscaron puntos de acercamiento, el Partido del Trabajo hizo otra después de más de 35 foros a nivel nacional, la Comisión de recursos hidráulicos del Congreso federal presentó una iniciativa más, en total existen cuatro iniciativas.

Producto de todo esto se planteó que se trabajara en buscar un consenso para lograr un borrador para hacer una sola propuesta, estuvimos trabajando con otros compañeros, planteamos la remunicipalización del agua en Puebla.

Lo que se busca es que en este periodo se tenga ya la Ley general del agua y sustituya a la actual ley de aguas nacionales, sin embargo, la comisión de recursos hidráulicos, presentó otra propuesta, lo que plantean es que el espíritu de la ley de aguas nacionales,, la que permite la privatización y contaminación del agua, no respeta los usos y costumbres de los pueblos y comunidades, no respeta la participación ciudadana, ni plantea los mecanismo necesarios, tampoco considera al agua como un bien común.