Staff/Rossi

En México las niñas y las mujeres no pueden esperar. Este es un hecho evidente de cara al 25 de noviembre de 2020, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un tema de interés central para los colegios, las preparatorias y las universidades confiadas a la Compañía de Jesús en México.

Se sabe que las violencias contra niñas y mujeres han aumentado en 2020, debido al confinamiento como consecuencia de la pandemia por Covid-19.

Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indican que en abril de 2020 se registró en México el asesinato de 337 mujeres —más de 11 diarios—, la cifra más alta del último decenio. Esto se agrava frente a la serie de obstáculos que enfrentan en el acceso a la justicia.

La misma fuente reporta que un mes antes, en marzo de 2020, las llamadas reales al 911 por violencia contra mujeres llegaron a 26 mil 171; esto significa 9 mil 882 más que el mismo periodo de 2019. El resto del año, los pedidos de auxilio al 911 se han mantenido arriba de 20 mil mensuales (excepto en mayo, con 19 mil 975). La violencia de género en todas sus modalidades, excepto la doméstica, aumentó 26.4% con respecto a 2019, según el SNSP.

A esos datos se suma el aumento de casi 13% en las solicitudes de ingresos a las estancias de la Red Nacional de Refugios en todo el país —en algunas zonas el incremento es de 50%—, según el Observatorio Género y Covid-19.

Para el 25 de noviembre de 2020 la ONU propuso el lema: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar!”. Se trata de un llamado a los gobiernos y sectores sociales para que atiendan con urgencia el financiamiento de las instituciones y de los organismos que trabajan para prevenir y atender las violencias, diseñen políticas públicas, coordinen acciones de prevención y promuevan la investigación para dar mayor visibilidad a las dimensiones y respuestas del problema.

Los colegios, las preparatorias y las universidades que conformamos el SUJ estamos seguras de que, en México, el reconocimiento del problema por los distintos niveles y sistemas del gobierno es el primer paso para generar políticas públicas eficientes para frenar y  prevenir las violencias contra las mujeres.

Conocemos que ya existen iniciativas para prevenir y atender el problema, pero sabemos que muchas veces estos esfuerzos son fragmentados y pueden terminar en callejones sin salida para quienes enfrentan esta realidad en carne propia.

En 2020 las instituciones educativas jesuitas del país se suman al llamado de la ONU y las organizaciones que atienden a las víctimas en México: urgen las medidas para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Desde nuestros colegios, preparatorias y universidades asumimos la responsabilidad de trabajar en la educación y concienciación transversal que evite cualquier forma de violencia contra las mujeres, en su prevención y en la atención de los casos que ya existen.

También reconocemos que a pesar de los esfuerzos hace falta un largo camino por recorrer.

Además, hoy más que nunca, a los colegios, las preparatorias y las universidades del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) nos parece vital generar investigaciones que contribuyan a prevenir, hacer visible y atender el problema.

Desde este sistema educativo insistimos en la urgencia de esas acciones ante el incremento de las violencias físicas, psicológicas, sexuales, digitales y económicas contra las mujeres y niñas en un contexto de aislamiento.

Ante estas circunstancias, llamamos al Estado mexicano compuesto por los distintos niveles de gobierno y poderes del Estado:

1. Al genuino reconocimiento de las violencias, tanto en sus discursos como en sus acciones de financiamiento, protección, prevención, investigación, sanción y reparación.

2. A que se considere esencial el financiamiento de las políticas y programas que ya existen para la prevención y atención del problema, incluyendo las llamadas instancias de avance de las mujeres.
3. A los congresos de la Unión y de los estados a la revisión de normativas y el diseño de nuevos instrumentos legales eficientes para la erradicación de las violencias, que incluyan la experiencia de las víctimas.

4. A que se dote a las fiscalías y a los poderes judiciales con recursos materiales y humanos suficientes y de calidad, capacitados y sensibles para la atención oportuna y expedita del problema y para el seguimiento de las órdenes de protección dictadas.

5. A que tomen en cuenta las investigaciones de la academia, así como la experiencia y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil para evaluar las políticas públicas impulsadas hasta el momento y disponer de radiografías fieles de las violencias, en el país y sus regiones y comunidades.

6. A que eviten subestimar el tema y la descalificación de quienes se manifiestan contra las violencias: esto sólo genera más indignación, así como violencia institucional, pública y doméstica, fomentando así su repetición y agravamiento.

Al resto de la sociedad la invitamos a que se informe y haga conciencia de que las violencias contra las mujeres y las niñas no son normales ni tolerables