Por: Brenda G. Coutiño Vázquez y Oscar A. Martínez Martínez, docentes del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas

• Presentan ‘Policy Brief: Desafíos de América Latina ante el COVID-19. Desigualdad, pobreza y vulnerabilidad social’

El COVID-19 ha exacerbado las desigualdades sociales, profundizando la deuda social en México. Sin embargo, antes de la pandemia las condiciones económicas y sociales del país ya eran complicadas, la actividad económica presentaba signos relevantes de debilidad y desaceleración; durante el primer trimestre de 2020 se observó una contracción de -2.4% en el Producto Interno Bruto (PIB) respecto del mismo trimestre de 2019, mientras que la variación anual real para los sectores secundario y terciario fue de -3.8 y de -1.4% (PNUD, 2020). En cuanto a la deuda pública, en el último trimestre de 2019 representaba 44.6% respecto del PIB.

Las finanzas públicas y la capacidad de respuesta de México se han visto comprometidas por una caída de los precios del petróleo y la fuerte dependencia presupuestaria basada aún en este recurso. El precio de barril pasó de $66.3 dólares (USD) en abril de 2019, a $63.0 USD en enero de 2020. A partir de esa fecha mostró una tendencia negativa, hasta que el 20 de abril de 2020 alcanzó un precio negativo sin precedente en la historia, $-2.6 USD. De igual forma, el tipo de cambio ha experimentado una racha desfavorable, pasó de cotizarse en $18.9 pesos MXN por dólar a comienzos de enero, para llegar a $25.12 MXN por dólar a finales de marzo del 2020 (CONEVAL, 2020a).

Sumado a lo anterior, la pobreza histórica del país es uno de los principales problemas, de acuerdo con el CONEVAL (2020a), cuatro de cada diez personas se encuentran en esta situación como resultado de la prevalencia de carencias sociales y alta dependencia a los ingresos laborales de los hogares. En 2015, a nivel municipal, había 1,698 municipios donde el 70% o más de su población tenía carencia por acceso a la seguridad social, esto representó el 69.4% de los municipios del país; dichos municipios se concentraron principalmente en los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz, situación que refleja una desigualdad territorial, en relación con el mercado laboral. En cuanto a grupos vulnerables, el 69.5% de la población indígena vive en pobreza, 48.6% de personas con alguna discapacidad son pobres y, 49.6% de niñas, niños y adolescentes se encuentran también en esta situación.

En materia de desarrollo social, al inicio de la gestión del actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se indicó que se realizarían cambios de fondo para dar paso a una serie de programas centrados en la atención de grupos prioritarios, al mismo tiempo de privilegiar las transferencias no condicionadas. Algunas modificaciones se realizaron a lo largo de 2019 e inicios de 2020, debido a ello, programas insignia de administraciones pasadas desaparecieron o fueron reencausados. Como el Oportunidades-Prospera, uno de los primeros y más antiguos programas de transferencias condicionadas en América Latina, cuya evidencia mostró impactos significativos en la disminución de la pobreza, especialmente en la extrema (Martínez-Martínez et al., 2019). Si bien el tránsito que se esperaría entre un programa como Oportunidades-Prospera, hubiera sido el ingreso básico universal, con características como la no condicionalidad, individualidad y universalidad, esto se quedó a nivel de propuesta impulsada por la academia y organizaciones de la sociedad civil, pues hasta ahora un programa de esa naturaleza no ha formado parte de la agenda del gobierno actual.

Algo similar pasó con el Seguro Popular, que cubría hasta 2018, a 52.8 millones de personas, especialmente a las más pobres del país (CONEVAL, 2014). En noviembre de 2019 se publicó el Decreto por el cual se crea del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) (DOF, 2019), y desaparece la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro Popular (CONEVAL, 2020a), llevando a la desaparición de este último. El INSABI centra principalmente su atención en el primer y segundo nivel de atención médica, por tanto, es gratuito en ambos niveles. En cuanto al tercer nivel, sufre los mayores cambios al desaparecer el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que cubría enfermedades de alta especialidad. Así, la gratuidad prácticamente desaparece, el hacer frente a una de las enfermedades que se cubrían en el tercer nivel, por un hogar en pobreza, son casi imposibles de pagar. La extinción de Oportunidades-Prospera, Seguro Popular, entre otros programas sociales, ha colocado a más de la mitad de la población en una situación de vulnerabilidad, pues el tránsito a los nuevos programas ha tenido diversos problemas. Además, los nuevos programas en una primera evaluación de diseño, tuvieron diversas áreas de oportunidad (CONEVAL, 2020b).

En cuanto al acceso a los servicios de salud, 455 municipios del país registraban hasta 20% de sus habitantes con carencia de acceso a la salud, principalmente en Oaxaca, Michoacán y Puebla (CONEVAL, 2015). Es importante señalar que, el tener acceso a la salud no significa necesariamente que el lugar de atención tenga la infraestructura adecuada, que exista el personal médico indispensable (incluyendo especialistas), y mucho menos un stock sustancial de medicinas; la mayor parte de estos lugares de atención carecen de todo ello, no solo en este momento, es un problema que ha pasado de una administración a otra (Martínez-Martínez y Rodríguez-Brito, 2020).

Un aspecto relevante que ayuda a entender los efectos del COVID-19 en México, son las condiciones precedentes de salud de la población. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (2018), el 10.3% de la población de 20 años o más contaba con un diagnóstico médico previo de diabetes; 75.2% de la población de 20 años o más tenían sobrepeso y obesidad; 18.4% de personas de 20 años o más contaba con un diagnóstico médico previo de hipertensión. En el siguiente gráfico es posible observar el comportamiento de ambas comorbilidades por sexo, a lo largo del tiempo. Como se puede distinguir, se han dado incrementos longitudinales, que desde ese tiempo mostraban la importancia del rediseño de políticas y programas de salud.

Entre lo urgente y lo importante, las áreas de oportunidad

El contexto antes de la pandemia en México muestra una fragilidad en varios órdenes, llevando al gobierno a la disyuntiva para decidir entre lo urgente y lo importante, debido a la escasez de recursos y a la inmediatez de la problemática. La decisión entre atender el inminente y exponencial riesgo en la salud de la población (urgente), y atenuar las afectaciones económicas presentes y futuras (importante). México, como otros países, implementó acciones de distanciamiento social con la finalidad de contener el contagio y no rebasar la capacidad del sistema de salud, lo que produjo un freno en la actividad económica, por el cierre parcial o total de distintas actividades.

Las cifras de la pobreza multidimensional y la reestructuración de programas sociales ante una crisis de salud de gran magnitud, como la experimentada actualmente, han evidenciado dificultades que siempre se habían presentado como una asignatura pendiente para los gobiernos. Entre éstas, las enfermedades crónico-degenerativas, la pobreza y los bajos niveles educativos, problemas sociales que favorecen la severidad y la rapidez con la que se producen los contagios. Al inicio de la pandemia, la OMS declaró que los adultos mayores y las personas que padecen afecciones médicas preexistentes tales como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas, diabetes, entre otras, tienen la mayor probabilidad de presentar complicaciones graves al enfermar por COVID-19, dificultando su recuperación o prolongando el tiempo requerido de atención, lo que podría derivar en alta frecuencia de fallecimientos (OMS, 2020).

Las comorbilidades en la población mexicana (Gráfico 1), representan un factor importante en el aumento de la demanda de servicios de salud. De acuerdo con la Organización Panamericana de Salud (OPS, 2020), la tasa de pacientes con COVID-19 que requerirían cuidados especializados en una unidad de cuidados intensivos en México, podría sobrepasar el 6% que determinó la Secretaría de Salud, debido a la alta prevalencia de diabetes y otras enfermedades derivadas de la obesidad e hipertensión (CONEVAL, 2020). En un estudio reciente, Coutiño y Martínez (2020), utilizando los datos de la Dirección General de Epidemiología del Gobierno Federal, se confirma este hecho al encontrar el efecto que tienen las comorbilidades preexistentes en la probabilidad de muerte por COVID-19. Uno de los aspectos a destacar es que, padecer diabetes aumenta proporcionalmente la probabilidad de muerte, incrementándose significativamente por la edad.

Los resultados de dicho estudio sugieren que las comorbilidades son factores de riesgo que incrementan la probabilidad de perder la vida por el virus SARS-CoV-2, en tanto que la edad es una variable que puede jugar a favor o en contra en la gravedad, y por consecuencia, en la muerte por esta enfermedad. Es prioritario apostar por medidas de prevención de la salud, no sólo en este momento, sino también pospandemia.

La configuración actual del escenario epidemiológico nacional y del modelo de servicios de salud centrado en la atención correctiva que prevalece en el Sistema Nacional de Salud, ha mostrado que la prevalencia de comorbilidades conjugada con enfermedades crónicas transmisibles, como el coronavirus, resulta en defunciones que pueden alcanzar niveles alarmantes. Por ello, es indispensable transitar hacia una política de salud que privilegie la prevención, para mantener una población sana y un sistema de salud, que en el largo plazo evite costos tanto monetarios como de pérdidas humanas.

Uno de los retos más importantes a considerarse en materia de salud, son los cambios generados en el perfil demográfico y epidemiológico del país, lo cual impone presiones adicionales al Sistema Nacional de Salud. Entre ellos, el envejecimiento poblacional y el incremento en la incidencia del sobrepeso, obesidad y las comorbilidades asociadas. Es prioritaria la promoción y rediseño de políticas de salud que incluyan cambios sustanciales en la forma de alimentación de los mexicanos, como una de las vías para mejorar su bienestar; ejemplo de ello es el etiquetado frontal de alimentos con alto contenido calórico, azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans, así como la reforma que adiciona el artículo 20 bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Oaxaca, donde se prohíbe la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a menores de edad.

En correspondencia, debido a las condiciones de la salud en la población, sería importante incluir la presencia de comorbilidades en la medición de pobreza del CONEVAL, como indicador de riesgo en la vulnerabilidad por carencias sociales, y con ello, un rediseño de las estrategias para atacar este problema en los tres órdenes de gobierno.

Ante la necesidad de enfrentar una crisis de esta índole, en donde se conjuga lo urgente con lo importante, es fundamental la implementación de medidas y mecanismos que fortalezcan el sistema de salud, con el objetivo de que pueda enfrentar de manera efectiva y eficiente, el incremento en la demanda de los servicios de atención médica. Esto implica, por un lado, determinar claramente los esquemas o fuentes de financiamiento de los servicios de salud en los estados, y brindar certeza en el flujo de los recursos que se destinarán a atender las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria. En otro aspecto, contar con la implementación de servicios, protocolos, campañas y sistemas de información homologados, en todas las instancias que brinden atención de salud, durante y después de las fases emergentes.

Hacer frente al COVID-19 a nivel poblacional requiere, además, inversión en distintos órdenes. Por ejemplo, cumplir con las medidas sanitarias básicas como el lavado de manos y limpieza constante del lugar de tránsito, laboral, actividad o residencia; es necesario contar con agua, sin embargo, en 179 municipios del país, 30% de su población no dispone del recurso, estos municipios son principalmente indígenas y 12 de ellos, pertenecen a la zona metropolitana (CONEVAL, 2010 y 2015). El problema del acceso al agua es histórico, pues distintos barrios, en el mejor de los casos, tienen agua sólo unas horas al día o a la semana. Entonces, la carencia de agua en el hogar se convierte en un reto para cumplir con los mínimos necesarios de cuidados ante el COVID-19, lo que es una línea de acción inmediata para los gobiernos locales y subnacionales.

Finalmente, el inicio de la activación económica significa, para muchos hogares, contar nuevamente con ingresos para realizar los gastos más apremiantes. Sin embargo, esto no significa que la enfermedad esté contenida, sino que las personas están saliendo a trabajar, en medio de la pandemia, debido a la necesidad económica que prevalece, y por los niveles de pobreza que se tenían desde antes de la misma, los cuales se han profundizado a lo largo de ella. Para hacer frente a lo “importante”, el gobierno requiere establecer, inmediatamente, políticas sociales más distributivas, como podría ser un ingreso básico universal que pueda combatir los estragos económicos generados en los hogares mexicanos, por causa del COVID-19.

Referencias bibliográficas

CONEVAL (2020a). La Política Social en el contexto de la pandemia por el Coronavirus Sars-CoV-2 (COVID-19) en México. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

CONEVAL (2020b). Evaluaciones de diseño con trabajo de campo a 17 programas prioritarios de desarrollo social 2019-2020. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

CONEVAL (2015). Anexo estadístico 2018, Medición de la pobreza 2008-2018. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.asp (Consultado el 03 de octubre de 2020).

CONEVAL (2014). Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular. México DF: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

CONEVAL (2010). Anexo estadístico 2018. Medición de la pobreza 2008-2018. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Coutiño, B. y Martínez-Martínez, O.A. (2020). Comorbilidades en salud y sus efectos en personas con SAR-CoV-2 en México. En prensa. Panorama Económico, IPN.

DOF (2019). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580430&fecha=29/11/201

ENSANUT (2018). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Disponible en: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf

Martínez-Martínez, O. A., y Rodríguez-Brito, A. (2020). Vulnerability in health and social capital: a qualitative analysis by levels of marginalization in Mexico. International Journal for Equity in Health, 19(1), 24. https://doi.org/10.1186/s12939-020-1138-4

Martínez-Martínez, O. A., Coronado-García, M., y Orta-Alemán, D. (2019). The effect of cash transfers from the PROSPERA programme (formerly Oportunidades) on poverty in urban households in Northeast Mexico. Journal of International and Comparative Social Policy, 1-17. https://doi.org/10.1080/21699763.2019.1641133

OMS (2020), Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Organización Mundial de la Salud. Disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

PNUD (2020). Desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en México. Panorama Socioeconómico. Serie de Documentos de Política Pública. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Desafíos de América Latina ante el COVID-19

El presente artículo forma parte del contenido del ‘Policy Brief: Desafíos de América Latina ante el COVID-19. Desigualdad, pobreza y vulnerabilidad social’, que presentó la Red de Homólogos sobre Desigualdad y Pobreza de AUSJAL (Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina), en un esfuerzo por generar aportes para incidir en la agenda de políticas públicas en diversos países. A través de este documento, investigadores de Venezuela, Nicaragua, México, Ecuador, El Salvador, Brasil y Argentina, describen el contexto que atraviesa cada país como resultado de la pandemia.

Los trabajos contenidos muestran, por una parte, los problemas que atraviesan este grupo de países, mismos que estaban presentes desde antes de la pandemia, pero que se han agravado con esta. Por otra parte, se muestra un conjunto de propuestas basadas en evidencias, para mejorar las condiciones sociales y de salud en cada país, con la finalidad de que los hacedores de políticas públicas las tomen en cuenta en el diseño de las acciones para hacer frente al gran reto global generado por el SARS-CoV-2.

Consulta aquí el ‘Policy Brief: Desafíos de América Latina ante el COVID-19. Desigualdad, pobreza y vulnerabilidad social’