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A estos preocupantes datos hay que añadir que, de acuerdo con un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los menores víctimas de constantes actos violentos en el seno familiar tienen más probabilidades de abandonar el hogar, caer en situaciones de extrema precariedad y vulnerabilidad, vivir en la calle y padecer un mayor riesgo de abuso y explotación.

Además, cabe recordar que en las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU a México se indica “que toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, incluido el castigo corporal, es injustificada y perjudicial, no sólo por el daño infligido, sino porque menoscaba sus derechos y desarrollo”, y se destaca la preocupación por “la elevada incidencia de castigos corporales infligidos a niñas y niños, violencia doméstica y violencia de género, así como por la falta de acceso a la justicia”.

Por ello, el Comité recomendó al Estado mexicano prohibir los castigos corporales y humillantes “en todos los entornos, en el nivel federal como estatal, y derogar de los códigos civiles federales y estatales el ‘derecho a corregir'”.

Las agencias de la ONU que respaldan este comunicado certificaron los esfuerzos y progresos de los legisladores mexicanos en materia de derechos de los menores y subrayaron que, de aprobarse la prohibición del castigo corporal, “la normatividad mexicana daría un importante paso en el cumplimiento de las normas de derechos humanos que establecen la Constitución Política Mexicana y los tratados”.

Por otra parte, expresaron su confianza en que los legisladores mexicanos asumirán el compromiso necesario para la protección de los derechos los infantes y adolescentes y reiteraron su ofrecimiento de asesoría y cooperación técnica “para contribuir con el análisis y aprobación de las reformas para prohibir el castigo corporal y humillante”.

* Las Representaciones en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).