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Desde principios de marzo, al menos 1.000 niños migrantes no acompañados han sido obligados a retornar desde Estados Unidos a México y a los países del norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras), a pesar de que sus comunidades de origen presentan graves riesgos para su protección, agravados ahora por la COVID-19. Durante el mismo período, al menos 447 niños migrantes han sido devueltos de México a Guatemala y Honduras.

UNICEF alerta de que se están perpetrando actos de violencia y discriminación contra los repatriados, a los que se percibe como infectados por la enfermedad, y cuya protección se ve en riesgo durante la reintegración.

“Para los niños en tránsito en toda la región, la COVID-19 está empeorando aún más la situación. La discriminación y los ataques se suman a las amenazas que ya existían antes, como la violencia de las bandas que les llevó a huir”, ha explicado la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. “Eso significa que muchos niños que regresan afrontan un riesgo doble y están más en peligro que cuando abandonaron sus comunidades. Obligar a un niño a regresar a una situación de inseguridad nunca es una opción si se quiere velar por su interés superior”.

La información pública sobre los protocolos de prueba, tratamiento y contención de la COVID-19 en la región es limitada, lo que está generando confusión y miedo entre los retornados y la población en general. En algunas comunidades, existe la preocupación de que los niños y las familias que regresaron de EEUU y México puedan ser portadores del virus, lo que ha agudizado la estigmatización de los migrantes. UNICEF ha recibido informaciones de comunidades en Guatemala y Honduras que prohíben la entrada física a grupos de fuera o extraños, incluidos los retornados, para prevenir la transmisión local de la enfermedad.

También se ha dado el caso de migrantes que han recibido amenazas violentas al regresar a sus comunidades, mientras que los centros de recepción y tránsito han recibido amenazas o ataques.

En el contexto de la pandemia, la capacidad de los sistemas de protección infantil en el norte de Centroamérica y México también se ha visto comprometida debido a las restricciones de movimiento y a la falta de equipos de protección personal (EPI). Desafortunadamente, esto también limita las pruebas que se pueden hacer a los niños no acompañados y que podrían revelar amenazas para su vida y para su integridad, como la violencia, tanto en sus hogares como en las comunidades de origen.

En toda la región, UNICEF está trabajando para apoyar los sistemas nacionales de protección de los niños.

En Guatemala, UNICEF está apoyando al gobierno para proporcionar alojamiento y servicios a los niños retornados, tanto a los acompañados como a los que están solos, que hayan dado positivo en las pruebas de COVID-19, durante la cuarentena o aislamiento. Al mismo tiempo, UNICEF y sus aliados están proporcionando a estos niños servicios de atención sanitaria, apoyo psicosocial y localizando a sus familias. Además, UNICEF Guatemala está apoyando a las comunidades a través de campañas de prevención contra el estigma al que se enfrentan los niños retornados y para la prevención de violencia contra niños y niñas.

En El Salvador y Honduras, UNICEF está ampliando sus esfuerzos para proteger a los niños migrantes y retornados. Esto implica trabajar con gobiernos y aliados para fortalecer las evaluaciones de protección infantil, apoyar a las agencias estatales en la reunificación de niños no acompañados con sus familias, incluso mediante el suministro de transporte, suministrar equipos de protección individual (EPI) a las autoridades de protección infantil, y ayudar a las autoridades a crear condiciones para una reintegración segura en sus comunidades.

En México, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, UNICEF está ayudando a las autoridades de protección para implementar las evaluaciones necesarias y está trabajando en albergues para proporcionar actividades psicosociales a distancia, kits de higiene y material informativo.

UNICEF está al tanto de algunos casos en los que se han acelerado los retornos sin proporcionar primero a los migrantes acceso a los procedimientos de asilo o de detección de COVID-19. Al mismo tiempo, los países de origen en el norte de Centroamérica están ampliando sus capacidades para tratar de detectar COVID-19 entre las personas retornadas para evitar una mayor transmisión y garantizar que los migrantes que regresan estarán seguros en sus comunidades.

UNICEF hace un llamamiento a todos los gobiernos para que pongan fin a las devoluciones y deportaciones de niños no acompañados o separados, así como a niños con sus familias sin protección adecuada previa y exámenes de salud. UNICEF también insta a los gobiernos a tomar medidas concretas adicionales para proteger el bienestar de los niños desarraigados.

Estas medidas incluyen:

– Defender el derecho de los niños a solicitar asilo y reunirse con miembros de la familia;

– Acabar con la detención de todos los niños por el estado migratorio de sus padres, proporcionando a las familias solicitantes de asilo y migrantes alternativas que no conlleven la detención.

– Garantizar el acceso equitativo a las pruebas de COVID-19 y tratamiento, así como acceso a información de prevención y a servicios de agua y saneamiento;

– Garantizar que las autoridades competentes de protección determinan caso por caso la mejor solución de acuerdo al interés superior del niño, antes de que se tomen decisiones sobre si debe ser retornado o no a su comunidad;

– Trabajar con los países y las comunidades de origen para abordar los miedos derivados de la COVID-19 a través de la información para asegurar que las personas retornadas puedan ser reintegradas de manera segura y que reciban los servicios esenciales;

– Apoyar los sistemas de protección para que puedan seguir funcionando los servicios esenciales para los niños vulnerables, incluyendo los niños migrantes y refugiados.