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Entre los casos más relevantes que han sido investigados por esta institución sobresalen: Odebrecht-Lozoya; Magistrado y Abogado del Cártel Jalisco Nueva Generación; la Estafa Maestra; Zona Divas; El Marro, y el Populismo en América Latina.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, entregó al senado de la República el informe “Casa Limpia”, en el que destacó que en los 10 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han bloqueado 9 mil 100 cuentas bancarias, contra sólo 800 en 2018.
El documento afirma que en 2018 se recibió la UIF desmantelada y desvinculada del resto de las instituciones regulatorias bancarias y financieras nacionales y extranjeras.
También se informa que dejó de dar vista a todas las autoridades competentes; se convirtió en cómplice de la impunidad; “se recibió una UIF inexistente y usada como botín político y económico”.
El funcionario expone en el documento que a partir de un ejercicio de análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), que es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa o proyecto, se determinaron cinco temas prioritarios.
Estos son el robo de hidrocarburos; trata y tráfico de migrantes; empresas fachadas y factureras; narcotráfico; y corrupción política, de ahí los casos más relevantes que ha detectado y dado a conocer la UIF.
El informe señala que en los primeros 10 meses de 2019 se presentaron 140 denuncias y se han congelado las cuentas de 868 personas.
De los montos de esas cuentas bloqueadas, de enero a octubre de 2019, corresponden cinco mil 329 millones 517 mil 813.01 pesos; 47 millones 351 mil 572.18 dólares; y mil 875.72 euros; lo cual representan 69 veces más que todo lo que se bloqueó en 2018.
Los casos más relevantes son Odebrecht-Lozoya; Magistrado y Abogado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; Zona Divas (trata de personas); El Marro (robo hidrocarburos); Populismo en América Latina (delitos electorales), y el Consejo Mexicano de Promoción Turística (corrupción en agencias de publicidad y gobierno).
Explica que por el caso Odebrecht-Lozoya, hay 16 denuncias, de las cuales ocho son a personas físicas y otras ocho a morales; los montos denunciados son por depósitos: 73 millones 531 mil 419.85 pesos, y 119 millones 075 mil 131.67 dólares, respectivamente.
El informe resalta la primera detención de un magistrado federal en 20 años, quien utilizaba el cargo para favorecer al crimen organizado, y fue posible porque la UIF detectó cuentas y montos por encima de sus ingresos reportados como servidor público.
Por otra parte, expone, se investigó a Zona Divas, que es una Red Internacional de Trata de Personas, con operación en cinco países, y ya cuenta con varias averiguaciones previas por delincuencia organizada, explotación sexual, trata y prostitución internacional, entre otros delitos.
Detalla que en el tema electoral se investigó el documental “Populismo en América Latina”, y se identificó una compleja red de empresas entre ellas Grupo TV Promo y Piña Digital para violar normas electorales; se fijaron las multas más altas a personas físicas desde la Reforma Electoral del 2007; además está en curso el proceso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
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El caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) representó el caso de corrupción más destacado desde hace 45 años, que es lo que hoy se conoce como “La Estafa Maestra”, que involucra a la ex funcionaria federal Rosario Robles.
Con relación al tema de huachicol o robo de hidrocarburos, apuntó que lo más representativo es el caso de “El Marro”, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, Guanajuato, en el Bajío, quien contaba con una flota para abastecer combustible a una amplia zona geográfica, y a su vez, lavaba dinero.
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Además, en entrevista con Proceso, la directora general de Asuntos Normativos e Internacionales de la UIF, Carla Humphrey, dio a conocer que hasta ahora han sido bloqueadas 868 cuentas bancarias de personas relacionadas directamente con la red de corrupción del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez.
