Dr. Alfredo Sandoval Villalbazo

Académico del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México e Investigador Nacional

· En los países con experiencias exitosas la inversión privada en la investigación y desarrollo es del orden del 70%; en México, ésta es del orden del 30%

· La participación gubernamental en México es más del triple que la existente en Francia, Japón y Corea del Sur

Desde hace algunos meses diversos medios han enfocado su atención a la política científica nacional. Particularmente se han dedicado numerosos espacios a la dinámica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), incluyendo aspectos personales de su planta laboral. Más allá de abordar este tipo de temática sobre la ciencia en México, es posible aprovechar los reflectores actuales para retomar temas de fondo relativos a la investigación y desarrollo nacionales.

En el imaginario nacional predomina la idea de que las labores científicas y tecnológicas deben sostenerse de fondos públicos y que el organismo enteramente responsable de ello es el CONACYT. Esta óptica se encuentra en franca contraposición con el escenario mundial, tal y como lo muestran las cifras que ofrece públicamente desde hace varios años la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)1.

Tomemos inicialmente el paradigmático caso de Corea del Sur. Este país, que en 1998 se situaba en el mismo nivel que México en el área de investigación y desarrollo, invierte actualmente el 4.2 por ciento de su riqueza (Producto Interno Bruto) en su infraestructura científica y tecnológica.

Esta inversión, que garantiza empleos bien remunerados para la mayoría de los egresados de posgrados dentro del sector productivo de este país, responde a una participación mínima de organismos gubernamentales, las cuales sólo tienen la intención de facilitar las labores de desarrollo.

De acuerdo con la UNESCO, el 78.11% de la inversión en investigación y desarrollo en Corea del Sur proviene del sector privado; mientras que el 11.13% proviene de fondos públicos. En México la situación es muy diferente puesto que sólo se invierte el 0.5% del PIB en estas áreas, con una inversión gubernamental del 38.5% y una participación privada inferior al 30% 2.

El caso coreano no es ni remotamente aislado. La participación privada en todos los países que superan inversiones del 1% de su PIB en investigación y desarrollo es mayoritaria. Como ejemplos cabe destacar: Japón con un 77%, Estados Unidos con un 71.51%, Suecia con 67.04%, Inglaterra con 65.1% y Francia con 63.63% (ver figuras 1 y 2).

No es coincidencia que estos países sean los principales receptores de los “cerebros fugados” de países en vías de desarrollo. Un caso especial que muestra que esta dinámica no está ligada con aspectos ideológicos es la Federación Rusa, que invierte el 1% de su PIB en investigación y desarrollo y tiene una participación privada del 60% de dicha riqueza.

Un sencillo ejercicio algebraico permite concluir que si la inversión privada en investigación y desarrollo en México se multiplicara por un factor de 3.5, la participación de este sector correspondería al 60% del porcentaje de inversión orientado a estas áreas estratégicas; esto sin necesidad de modificar la proporción gubernamental actual y situando a México a nivel de países como Francia.

Es evidente que dicha inversión productiva podría canalizarse al desarrollo de soluciones a problemas nacionales, tales como la implementación a gran escala de fuentes alternas de energía y al desarrollo de tecnologías en el área de ciencia de materiales, aprovechando los recursos existentes en territorio nacional.

La independencia del área de investigación y desarrollo respecto a presupuestos gubernamentales presenta otras ventajas. En los Estados Unidos se desarrollan sin problemas numerosas iniciativas de combate al calentamiento global a pesar de las políticas oficiales que en la práctica niegan el fenómeno.

En el caso de México, este tipo de inversión en investigación y desarrollo eliminaría el problema de la fuga de cerebros, la falta de plazas para egresados de los posgrados y crearía empleos bien remunerados que contribuirían sustancialmente a erradicar la delincuencia y la inseguridad en nuestra población.