Gamaliel Jimenez

Al menos 26 demandas laborales enfrenta el Congreso del Estado, que representan adeudos millonarios con quienes en su momento reclamaron despidos injustificados, los cuales datan desde la legislatura pasada, hasta casos que ya tiene 15 años, así lo reveló el presidente del Comité de Administración del Congreso del Estado, Rafael Ortega Blancas.

En este sentido, afirmó que cada uno de los asuntos se han dado seguimiento puntualmente ante las autoridades competentes, de manera que existen algunos casos que ya están por concluirse, y para los cuales requerirán de recursos para finiquitar estas demandas; sin embargo, será difícil acatar las sentencias, debido a que no cuentan con una partida especial para estos casos.

“De las demandas laborales hay tres que ya pasaron el amparo, entonces estamos en etapa de negociación con algunas personas son tres los que ya están por pagar, y no solo son personas que han demandado al Congreso sino también al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) pero se están atendiendo de manera coordinada y adecuada esperamos no tener problemas, por el momento no hay riesgo de embargo para el Congreso en ninguno de los casos”, afirmó.

Detalló que mientras existen casos que se arrastran desde el 2004, existen tres juicios que ya están en su etapa final, con quienes se mantiene el contacto para llegar a un mejor acuerdo, sin afectar a ninguna de las partes.

“Son 26 las demandas que tenemos en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no tengo el cálculo exacto de los laudos pero son varios millones de pesos, pero estaremos platicando con las personas que demandaron y que ya su caso llegó a término para poderlo solventar”, remarcó.

Asimismo, indicó que existen asuntos que durante años anteriores se descuidaron por quienes ocuparon el Área Jurídica, lo cual ha hecho más grande este problema que enfrenta; no obstante, serán atendidos cada uno de ellos, para desahogar las negociaciones.

Destacó que entre los casos más recientes se encuentra el de la ex titular de la Secretaría Administrativa del Congreso local, en la pasada legislatura, Lilian Rivera Nava, quien actualmente se desempeña como tesorera del Poder Judicial, quien promovió un recurso legal laboral en contra del Congreso recientemente, al cual también le darán la atención respectiva.