Por: Dra. Ivonne Acuña Murillo
Académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana
Académica de la IBERO afirma que Andrés Manuel López Obrador debe dar marcha atrás cuando ha equivocado el rumbo.
“Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá se emparejó un joven en bicicleta y me dijo ‘tú no tienes derecho a fallarnos’ y ese es el compromiso que tengo con el pueblo. ¡No tengo derecho a fallar!”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de 2018.
Lo que el ciclista dijo exactamente no es relevante, lo importante es que esta anécdota le dio al presidente oportunidad de decir lo que quería decir y comprometerse a no fallarle al pueblo, haciendo de esta promesa el eje de su sexenio.
Para que esta promesa se cumpla, el presidente requiere conocer de primera mano lo que la gente necesita, sus demandas principales, la forma en la que los diferentes funcionarios de su gobierno están o no cumpliendo con los proyectos presidenciales. Aquí la importancia de las giras de fin de semana, mismas que le permiten al primer mandatario estar en contacto directo con la gente y sus necesidades y, de manera destacada, de las llamadas ‘conferencias mañaneras’, a través de las cuales rinde cuentas, paso a paso, de lo que se está haciendo para hacer realidad la promesa de no fallar.
Sin embargo, surge la necesidad de reflexionar en torno a la posibilidad real de ‘no fallar’ por más que se tenga la firme convicción de no hacerlo. Para que algo así ocurriera tendrían que cumplirse una serie de condiciones, mismas que tal vez el presidente no está considerando. Por un lado, que todo lo planeado por él sea viable y benéfico; que los miembros de su gabinete no se equivoquen nunca; que las personas encargadas de ejecutar dichos planes lo hagan siempre con total acierto; que las medidas tomadas no lesionen los intereses de algún sector del pueblo al que se pretende servir; que los factores internos y externos que podrían significar un obstáculo no lo sean o sean fáciles de flanquear; que los grupos de interés que se verán perjudicados por los cambios propuestos no saboteen lo hecho o por hacer, etcétera.
Cabe la posibilidad, por supuesto, de que el presidente si considere lo arriba mencionado y de esta manera incluya, en su intención de no fallar, la posibilidad de rectificar en todos aquellos casos en los que se cometa o esté en camino de cometerse un error, se equivoque una política pública en función de un mal diagnóstico o debido a no haber considerado las consecuencias de una decisión poco afortunada o mejores soluciones alternativas.
Rectificar supone también que López Obrador sea capaz de considerar los argumentos o las protestas de los sectores afectados por algún cambio de política pública. Es el caso de las estancias infantiles cuyos subsidios se pretende entregar directamente a las familias para que ellas decidan si continúan llevando a sus hijos e hijas a las mismas estancias o a otras, o si prefieren dar ese dinero a algún familiar para que se haga cargo de los menores.
Esta decisión ha provocado una serie de protestas. Es el caso de Lía Limón, fundadora del Programa de Estancias Infantiles, en 2007, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, para quien la decisión de castigar los casos de corrupción y desvío de recursos que la presente administración encontró, con el cierre del programa y la entrega de recursos directamente es errónea. Lo anterior supone no entender los resultados y los objetivos últimos de dicho programa. Este último, incidía de manera directa no sólo sobre el cuidado especializado y profesional de los menores, sino en el derecho de las mujeres al trabajo productivo, ha afirmado Limón en una serie de entrevistas a los medios de comunicación.
Se podría afirmar que dados los nexos de Limón con el expresidente Calderón sus protestas podrían tener un sesgo político, buscando atacar y demeritar las políticas del actual mandatario. Sin embargo, la suya no es la única voz que se ha levantado en contra de lo que se considera una medida equivocada.
Destaca el hecho de que Clara Torres Armendáriz, quien se desempeñaba a partir de esta administración como responsable del Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría del Bienestar, mismo que cuenta con 9 mil 500 estancias, en donde se atendía a 330 mil niños de 1 a 3 años, 11 meses durante ocho horas con dos comidas y una colación, renunciara el sábado 16 de febrero a su cargo, como una forma de manifestar su desacuerdo con el recorte de casi el 50% al subsidio (alrededor de 2 mil millones de pesos) y con la idea de entregar directamente los millones restantes.
En este mismo sentido, la Asamblea Consultiva, órgano ciudadano y asesor del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), hizo un llamado a las instituciones responsables de la operación y financiamiento del programa de Estancias Infantiles para que “analicen la decisión de eliminarlas sin un diagnóstico previo basado en evidencia, pues ello puede contribuir a mantener las barreras que enfrentan las mujeres para ejercer derechos fundamentales como el trabajo y la seguridad social”, como se reportó en La Jornada el 14 de febrero.
Asimismo, y de manera muy importante, las directamente afectadas, madres de familia, empleadas, maestras y cuidadoras de las instancias infantiles han dejado escuchar sus protestas en diversos lugares del país, en algunas ocasiones en las giras de fin de semana del primer mandatario, frente a oficinas públicas o en el Senado de la República. Vayan algunos ejemplos.
El 5 de febrero, afuera de Palacio Nacional protestaron madres de familia por el recorte al presupuesto dedicado a las estancias infantiles. El 12 de febrero trabajadoras de las estancias se manifestaron en el Zócalo. El 13 de febrero, en Monterrey, se apersonan maestras afuera del Congreso estatal por cancelación de apoyos a estancias infantiles. El 13 y 14 de febrero, los reclamos tuvieron lugar en Zacatecas, frente a las oficinas de la Secretaría del Bienestar. El 14 de febrero, en el mitin de López Obrador en la Plaza de las Tres Culturas, madres de familia con sus hijos e hijas y encargadas de estancias de las alcaldías de Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztapalapa e Iztacalco acudieron a manifestarse. El mismo día hubo protestas en el Senado de la República. El 18 de febrero una mujer le reclama a López Obrador por cierre de estancias, en su visita a Sinaloa. El 19 de febrero en el estado de Morelos y en el de Veracruz mujeres reclaman por el cierre de estancias y, nuevamente, el mismo día, alrededor de 300 mujeres de distintos estados piden la intervención de los senadores de la República para que el presidente regrese los recursos a las estancias infantiles.
En general, se puede afirmar que las protestas de las madres y trabajadoras de las estancias infantiles ponen de manifiesto que, en este caso, no se está hilando fino, que no se toman en cuenta todos los factores que involucra de manera directa una política pública de esta naturaleza. En primer lugar, el bienestar de niños y niñas que por la razón que sea no pueden ser atendidos en casa.
En segundo lugar, el derecho de las mujeres a desarrollarse en un trabajo remunerado y la necesidad que tienen de generar ingresos para mantener a sus familias. La medida, se afirma, dejaría no sólo a algunas de estas madres sin la posibilidad de seguir trabajando al tener que quedarse en casa a cuidar de sus bebés, sino que privaría de ingresos a aquellas mujeres que en regiones marginadas se organizaron para el cuidado de los menores abriendo estancias infantiles donde no las había.
En tercer lugar, la precariedad económica que en muchos de los casos se ve desahogada con el apoyo de las estancias infantiles. En este punto, no se ha considerado seriamente que ‘dar dinero a la gente’ no resuelve en automático aquellas necesidades que requieren de otros apoyos institucionales (como instalaciones adecuadas donde dejar a sus hijos e hijas, así como personal especializado a cargo), y que escasos 800 pesos mensuales difícilmente alcanzarían para pagar una estancia en forma, además de que en una familia con serias carencias económicas acabarán cubriendo necesidades inmediatas como comida, calzado o pasajes.
En cuarto lugar, que no todas las madres o padres que llevan a sus bebés a dichas estancias cuentan con personas que puedan dedicarse al cuidado de los menores mientras ellas y ellos trabajan. Y que quienes sí cuentan con esa posibilidad entienden que sus pequeños, pequeñas, no recibirían la misma atención que les brindan profesionales de la educación y la estimulación temprana. Además de que, en caso de contar con ‘abuelitos’ en casa, como afirmara ‘a bote pronto’, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, no siempre están en condiciones para ocuparse del cuidado de los menores.
En quinto lugar, que estas estancias han significado opciones de vida digna para aquellas personas que en comunidades marginadas no han encontrado trabajo, de manera tal que al brindar a las madres y padres que trabajan la oportunidad de dejar a sus pequeñas y pequeños al cuidado de una institución tutelada por el Estado, se brindan a sí mismas la ocasión de recibir ingresos que vuelven a la misma comunidad a través del consumo y que no podrían seguir operando sin la ayuda gubernamental.
Lo dicho con anterioridad supone la necesidad de que, desde la Presidencia de la República y la Secretaría del Bienestar, se revisé una medida regresiva que viola derechos infantiles y de las mujeres. En este punto, es necesario anotar que el presidente de la República es la cabeza de un proyecto, que no sólo es suyo, como no lo es tampoco la utopía que lo alimenta.
Es una utopía compartida por millones de personas que tenemos la obligación de velar porque no se pierda el rumbo, porque se corrijan los errores, por recordarle a Andrés Manuel López Obrador que gobernar es un proceso de ensayo y error que requiere de la sensibilidad y la humildad suficientes para reconocer errores y enmendar el camino.
No se votó por un iluminado ni por un hombre infalible, se votó por la cabeza de un proyecto compartido, se votó por un jefe de Estado con visión de estadista, por alguien capaz de entender el funcionamiento del sistema en su conjunto y con la capacidad y la voluntad para transformar todo aquello que ha llevado al país al punto crítico en que se encuentra.
Se eligió a un ser humano que tiene la obligación de escuchar al pueblo al que dice servir y dar marcha atrás cuando ha equivocado el rumbo. Sólo así, el actual presidente podrá cumplir su promesa de no ‘fallarle al pueblo’, cuando entienda que no todo lo que propone o hace es lo más adecuado.
Para concluir, se sostiene que, más que no tener derecho a fallar, el presidente de la República no tiene derecho a fallar sin rectificar.