Rossi A. G. 

A poco más de dos meses de la presentación del libro La Trama Audi, componendas de un gobierno autoritario en las ciudades de Puebla, México y Monterrey, Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI) reavivó, en la agenda pública, la discusión sobre el uso discrecional que hacen los gobiernos estatales del dinero público, en combinación con la opacidad de los procesos relacionados con obras públicas e inversiones, y el sometimiento de los poderes e instituciones a los designios del gobernador en turno.

La acción de PCCI no sólo quedó en la presentación de La Trama Audi, ya que se ha entregado un ejemplar del libro, a manera de denuncia, al gobernador a través de la Directora de Comunicación Social y a todos los titulares de las dependencias involucradas en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA): la Secretaría de la Función Pública; la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción; la Auditoría Superior del Estado; el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIP); el Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Consejo de Participación Ciudadana que preside el SEA.

Asimismo, se dio vista también en la Ciudad de México a la Procuraduría Agraria y al Congreso del Estado de Puebla acerca de las anomalías documentadas de manera profusa en el libro. Cabe señalar que el área de auditoría interna del Registro Agrario Nacional confirmó, el pasado 21 de octubre, que inició una investigación a los funcionarios de esa dependencia involucrados en las anomalías para la adquisición de la tierra para edificar la plataforma de Audi y adquirir los terrenos donde se asienta la Ciudad Modelo.

De igual forma, celebramos que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción haya abierto una carpeta de investigación respecto al caso. Estamos pendientes de las pesquisas.

Exigimos que la Secretaría de la Función Pública del estado indague los hechos delictuosos en los que participaron funcionarios de la Dirección de la Tenencia de la Tierra, así como sus superiores jerárquicos.

INACCIÓN DE GPP Y MBH

Sin embargo, las condiciones para el abuso del poder en Puebla siguen iguales. Ni la administración de Antonio Gali, ni la interina de Guillermo Pacheco Pulido, ni su actual sucesor, Miguel Barbosa Huerta, han hecho nada para desmontar los mecanismos que implican el uso discrecional del dinero público, la opacidad de los procesos relacionados con obras públicas e inversiones, y el sometimiento de los poderes e instituciones. Estamos frente al riesgo de que nuevos abusos ocurran, tales como el aumento de la deuda pública, el sometimiento del Poder

Legislativo y de instituciones que deberían ser autónomas, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado y el Instituto de Acceso a la Información Pública.

CONTINÚAN LAS RESERVAS DE INFORMACIÓN

En el caso de la opacidad que prevaleció en lo relativo a la construcción de la Plataforma Audi y de la Ciudad Modelo, las reservas de información hasta el momento continúan vigentes, pese a la promesa hecha por el gobernador Barbosa el 9 de septiembre de 2019, cuando anunció que “pronto” por medio de un decreto eliminaría las más de tres mil reservas de información que datan de los últimos ocho años. Esto no ha ocurrido hasta la fecha.

A eso se suma que en 100 días, la administración estatal en funciones reservó las bitácoras de vuelo de los helicópteros al servicio del gobernador, además del padrón de anuncios espectaculares.

A través de las plataformas de transparencia y de datos abiertos, constatamos que todas las reservas siguen intactas, y lo peor es que ni el órgano garante -ITAIP-, ni los titulares de las dependencias con información clasificada o sus comités de transparencia, han dado visos de desclasificar la información, misma que carece de pruebas de daño debidamente fundadas y motivadas, hecho que viola los artículos 103 y 104 de la Ley General de Transparencia, así como el 125 y 126 de la norma estatal en la materia, además del numeral trigésimo tercero de los lineamientos generales en materia de clasificación de información del Sistema Nacional de Transparencia.

Es el caso del contrato que se hizo entre la empresa Audi y el gobierno del estado, que desde 2016 fue reservado hasta 2021 por la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade). Al consultar la fundamentación de la reserva en las plataformas de datos abiertos y de transparencia, se constató que se carece del documento de fundamentación de la reserva que incluya la prueba de daño, la cual sirve para justificar que la difusión de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.

El argumento de la reserva de información sigue siendo: “de divulgarse la información, otros estados de la Republica podrían inferir en el ánimo de futuros inversionistas nacionales y extranjeros, valiéndose de los antecedentes probados y aplicados en esta entidad federativa, por consiguiente el interés social se vería afectado; asimismo, puede ocasionar el desequilibrio en el desarrollo y ejecución del proyecto. Además existe el riesgo latente de que los estados vecinos a Puebla puedan ofrecer mejores condiciones a los inversionistas y proveedores de la empresa Audi, dañando así la derrama económica que se prevé para el municipio en el que actualmente se encuentra la planta automotriz Audi”. Cabe recordar que, como se documenta en La Trama Audi, mucha de la inversión de por sí ya se fue a Tlaxcala.

En el caso del listado de ubicación de los predios que compró el organismo público descentralizado Ciudad Modelo en 2017, el uso que se les va a dar y el municipio en que se encuentran, en la información pública disponible, ni siquiera se informa de la existencia de una prueba de daño en la

documentación publicada por la Secretaría de Economía, lo que también viola las normas citadas en el caso de la reserva del contrato con Audi.

El argumento para reservar la información de los predios es que contiene “opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva”. Esa causal ya no existe, porque la Ciudad Modelo ya se edificó.

También en la reserva se indica que “el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación del dictamen de la zona económica especial de Puebla supera el interés público general de que se difunda”, pero no se fundamenta esto tampoco en una prueba de daño.

Por otra parte, se constató que desapareció del portal de datos abiertos el apartado con la información de los expedientes reservados por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).

DEUDA Y MANEJO DISCRECIÓN DEL ERARIO

Respecto a la deuda pública, otra de las grandes afectaciones hechas por los gobernadores Moreno Valle y Gali Fayad, la Ley de Deuda Pública del estado sigue intacta desde 2017. El peligro está en el artículo 6º, que ha sido cambiado en dos ocasiones entre 2012 y 2017, y permite que no se considere deuda pública “los contratos de asociaciones público-privadas, entre los que se encuentran de manera enunciativa más no limitativa, los proyectos para prestación de servicios, proyectos de inversión, obra pública financiada, ni los compromisos derivados de los mismos”.

Otro ejemplo más lo tenemos en el Museo Internacional Barroco, el cual representa un gasto aproximado de al menos 16 millones de pesos al mes al erario -tres veces más que el costo de mantenimiento del Museo Nacional de Antropología-, gracias a los compromisos establecidos durante el morenovallismo con empresas como Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad de Grupo Higa, La Peninsular, Promotora de Cultura Yaxché y Operadora y Administración Técnica. Dicho esquema sigue intacto en la administración de Barbosa.

En el caso del fideicomiso F 0144 que se le dio a Evercore para su administración y en el que se encuentra la deuda oculta, en marzo pasado el gobierno interino anunció que se cambiaría de fiduciario, pero hasta la fecha no se ha dado más información; la opacidad prevalece al respecto, no sabemos si los gobiernos de Gali, Pacheco Pulido o Barbosa ya nos hayan endeudado más. No lo sabemos, ni tampoco cómo se están manejando nuestros impuestos.

En resumen, pese a las promesas y discursos de cambio, en los hechos la actual administración estatal se está conduciendo de la misma forma que se ha hecho en los últimos ocho años, sin rendir cuentas, con autoritarismo y sin contrapesos. Las instancias del Estado, como el Congreso estatal, la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto de Acceso a la Información Pública siguen supeditadas, cooptadas por el gobernador del estado. Ello mantiene el amplio margen que tenía Moreno Valle para realizar actos de corrupción. De seguir así ni la corrupción ni la impunidad podrán ser erradicadas en la entidad.